EL CONSENTIMIENTO DE LOS GOBERNADOS

Luis Di Mare - ANFE

En la forma en que nos hemos organizado los costarricenses, el gasto público es indispensable para la preservación de la vida civilizada. Pero eso no implica que debamos poner recursos ilimitados a disposición del Estado. El productor privado que produce un artículo cuyo elevado costo de producción lo obliga a cobrar un precio que los consumidores no están dispuestos a pagar, se ve obligado a bajar el precio y a enfrentar pérdidas o la quiebra. El productor privado que tiene costos de producción mucho mayores que la competencia porque despilfarra su plata en gastos e inversiones inútiles, se ve obligado por esta misma competencia a cobrar lo mismo que los demás productores, y a incurrir en pérdidas y hasta en la quiebra. Los precios de mercado obligan al productor privado a producir únicamente al precio que los consumidores están dispuestos a pagar, y la competencia de los otros productores obliga al productor privado a ser prudente y moderado en sus gastos, Pero, ¿qué obliga al sector público a producir únicamente lo que los ciudadanos están dispuestos a pagar y a ser prudente y moderado en sus gastos?: Pues el consentimiento de los gobernados.

El Estado existe porque servicios indispensables como el sistema judicial o la salud pública son muy difíciles de cobrar, o porque se considera que no es conveniente encargarlos a manos privadas. El Poder Ejecutivo y el Legislativo deciden en qué y cómo se gastan los recursos. El problema es que los funcionarios de estos dos poderes, aunque guiados por el deseo de beneficiar a los gobernados, no son quienes pagan, y pueden decidir emprender proyectos o hacer gastos cuyo precio la ciudadanía no está dispuesta a pagar. ¿Y cuál es la reacción de una ciudadanía que considera que su dinero está mejor en sus bolsillos que en los del Estado? La respuesta usualmente es la evasión fiscal.

Cuando en un país existe una evasión fiscal tan alta y un rechazo tan mayoritario a nuevos impuestos como tenemos los costarricenses, lo que debemos plantearnos seriamente es si el Estado costarricense nos está dando bienes y servicios a un precio que estamos dispuestos a pagar. Las encuestas muestran claramente que en estos momentos el Estado costarricense no cuenta con el consentimiento de los gobernados en aumentar la carga tributaria. Un aumento de ésta probablemente lleve a más evasión, a más sobrecarga del sistema judicial, a más corrupción, o sea a hacer más difícil el trabajo de los funcionarios encargados de las tareas esenciales de cobrar impuestos e impartir justicia.

Me llama poderosamente la atención lo que ocurrió cuando, hace unos años, se incrementaron fuertemente los impuestos a los combustibles: Desafortunadamente carezco de encuestas, y me tengo que agarrar de mi impresión subjetiva y carente de validez científica, pero esta impresión subjetiva me dice que los costarricenses consentimos ese importante aumento de impuestos, porque a cambio nos dieron carreteras decentes, por fin.

Por eso creo que debemos seguir el ejemplo de los suizos y de los ciudadanos de estados de los EUA como California: Debemos someter los impuestos, por medio del referendo, a la aprobación de los gobernados. Este procedimiento obligará, con el paso de los años, a que el gobierno gaste en bienes y servicios cuyo precio los gobernados estén dispuestos a pagar, lo que disminuirá la evasión fiscal y hará más sencilla la vida de los funcionarios encargados del cobro de los impuestos, de impartir justicia y hará mejor la vida de todos los que usamos los servicios que provee el Estado costarricense.