Columna Libertad


HUELGA ILEGAL E INJUSTA

Randall Arias S.
Director Ejecutivo ANFE

La huelga de unos pocos empleados de RECOPE y JAPDEVA, liderados por el pintoresco grupo sindical de FETRAL y con el simbólico apoyo de varios colegas gremiales, desnuda de cuerpo entero parte de los males que agobian a la provincia de Limón. Es claro que esta provincia, rica por sus recursos naturales y por su gente, ha sido la cenicienta del país, y es solamente recordada durante las campañas políticas, cuando los políticos salen a la caza desenfranada de votos.

Sin embargo, una parte importante de los males que hoy padece, se encuentra en la irresponsabilidad, desprecio por el Estado de Derecho y por sus conciudadanos, así como la lucha incontenible por defender sus privilegios por parte de sus sindicatos más beligerantes.

Afortunadamente la mayoría de la población ha entendido correctamente que detrás de las solicitudes de bienestar para Limón se esconde la lucha por mantener y aumentar los privilegios de algunos funcionarios de instituciones públicas. En el fondo lo que quieren es amedrentar a quienes promovieron una acción de inconstitucionalidad en contra de los mayores privilegios de la convención colectiva de JAPDEVA, como por ejemplo que sólo ellos tienen el derecho a un tercer aumento salarial al año. Obviamente, esto supone una amenaza a las convenciones colectivas de RECOPE, así como la del INS y otras instituciones públicas. De ahí su extraña solidaridad.

Debe reconocerse que, esta vez, a diferencia del trato privilegiado y desigual que se les dio a los huelguistas del ICE y del Magisterio, el Gobierno sí ha actuado con la firmeza que le ordena su mandato constitucional. Ha logrado la declaratoria de ilegalidad de esta huelga y asegura que no pagará el sueldo a quienes no hayan laborado, como corresponde. Lástima que no actuó de igual manera cuando se declaró también ilegal la última huelga del Magisterio, que provocó mucho más daño que esta, pero a quienes sí les pagó el salario por no haber trabajado durante casi un mes.

Esperamos que esta huelga sea el final de una triste lección para todos. Para el Gobierno en cuanto a que si cumple fielmente su mandato popular de gobernar para todos, haciendo respetar la ley y los derechos de los que no gritamos tan fuerte en las calles, ni agredimos o amenazamos, su credibilidad democrática se fortalece. Envía además una señal al resto de grupos sindicales de que en democracia se negocia por medio del diálogo y no por la fuerza en las calles. Para el pueblo costarricense, es una muestra de los desvaríos de algunos grupos sindicales, en cuyas reivindicaciones se esconde su lucha frontal por defender sus odiosos privilegios. Si esta huelga finaliza por medio del diálogo y sin violar el Estado de Derecho, saldrá ganancioso el país, y en especial la provincia de Limón. Esperemos que sea útil, si se aprenden las lecciones, para que se fortalezca la acción gubernamental en esa provincia, en actividades de fomento económico, pero no para el mantenimiento de gollerías.