CONFLICTOS DE INTERESES EN LA REFORMA DE PENSIONES DEL MAGISTERIO

Randall Arias S.
Director Ejecutivo ANFE

Llama profundamente la atención que funcionarios de la Junta de Pensiones del Magisterio sean a la vez asesores de varios Diputados que estudian la reforma al régimen de pensiones de los educadores. Es llamativo por cuanto según el artículo 106 del tercer capítulo de la Ley del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, la Junta recibirá una comisión por gastos administrativos por cada pensión. O sea, que entre más alta sea la pensión del magisterio que administren, más comisión ganarán.

Pareciera lógico pensar que si la reforma de ley que se conoce en la Asamblea Legislativa pretende aumentar los beneficios por pensiones a un grupo aún indeterminado de educadores, la Junta tenga interés en que esas pensiones aumenten. Por ello, a simple vista, y con un poco de "malicia indígena", puede uno concluir que tendrán interés en que se apruebe el proyecto de ley.

Si bien estos asesores no deciden, sino que son los Diputados a quienes dan consejo, y dada la enorme confianza que éstos les tienen según se desprende de la defensa que han hecho de su participación, su influencia parece amplia. Esto sin mencionar que los Diputados que se asesoran por la Junta de Pensiones del Magisterio, también son educadores.

Pero la historia no termina ahí. La Junta de Pensiones del Magisterio también ha facilitado auxiliares al Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, órgano judicial que ha continuado aplicando el criterio, ahora corregido, que anteriormente siguió la Sala Constitucional, el cual interpretaba erróneamente el Convenio 102 de la OIT. Es precisamente el Tribunal que, por medio del recurso de apelación, ha concedido en el 90% de los casos la estimación más favorable que ha hecho anteriormente la misma Junta de Pensiones.

Adicionalmente, esta misma Junta de Pensiones ha publicado sendas páginas enteras en varios periódicos de circulación nacional, denominado "Basta de mentiras", en el cual pretende aclarar lo que considera desinformación. Entre otras cosas manifiesta que "No es cierto que con el proyecto se abren "portillos" para que muchos beneficiarios de otros regímenes puedan beneficiarse…" Sin embargo, el jueves de la semana anterior, tres Diputados presentaron mociones ante esa comisión precisamente para cerrar "portillos" para que esta reforma no favorezca hasta 30.000 educadores, sino solamente a los ocho mil originalmente previstos. Si no los hay, como afirma la Junta de Pensiones del Magisterio, por qué se presentaron estas mociones?

Ha sido también el Magisterio el que ha insistido en que el Gobierno ha "inflado" las estimaciones del impacto que para el fisco, y en consecuencia para todos los costarricenses, tiene esta reforma. La Junta del Magisterio lo estima en alrededor de la mitad de lo que prevé el Ministerio de Hacienda y la SUPEN. En este caso, por qué la Comisión Legislativa no solicita un estudio a una organización especializada y verdaderamente imparcial, que con criterios técnicos establezca cuánto es el impacto real en las finanzas públicas de esta reforma?