REFORMAS PENDIENTES

Randall Arias S.
Director Ejecutivo ANFE

El jueves anterior, con motivo de un merecido homenaje a Don Claudio González por su destacada trayectoria en el campo económico, Don Eduardo Lizano hacía un repaso de las reformas intentadas en Costa Rica en las últimas dos décadas, demostrando que hemos perdido el ritmo necesario para marchar con firmeza por el camino del bienestar.

Ciertamente desde el año 1983, nuestro país inició una serie de reformas de carácter estructural encaminadas principalmente a superar el modelo estatista de desarrollo basado en el fortalecimiento de la industria nacional a partir de la sustitución de importaciones. El fracaso de este modelo en nuestro continente y en el mundo es evidente. No hay mayor discusión al respecto. El dirigismo estatal que se gestó en nuestro país desde los años cuarenta del siglo anterior, y que tuvo su momento cumbre en la década del setenta, fueron los principales causantes de la crisis de inicios de los años ochenta. Esta crisis solo pudo ser superada por la sabia decisión de emprender las reformas necesarias para adoptar un nuevo modelo de desarrollo que no se basara en el permanente endeudamiento estatal por el sobredimensionamiento de su tamaño, ni en la protección y concesión de privilegios a la industria nacional.

Sin embargo, las reformas que con gran éxito se tomaron desde mediados de los ochenta y hasta inicios de los noventas, si bien incompletas, se desaceleraron a tal punto durante la década anterior, que hoy más bien parece que retrocedemos en el camino andado. El populismo, el desencanto político, la izquierda radical, los grupos públicos y privados beneficiarios de los privilegios otorgados por el Estado, son, entre otros factores, los responsables de que las reformas necesarias no se lleven a cabo.

Si bien es cierto hay muchas medidas concretas que tomar, como por ejemplo la ruptura de monopolios en materia de licores y de seguros, o aumentar la productividad del sector público, entre otras, es importante destacar, por ahora, solamente dos. La primera de ellas es en materia de telecomunicaciones.

Las telecomunicaciones son un aspecto vital en el desarrollo de las sociedades modernas, y las más exitosas, son las que han permitido la apertura en este mercado para mejorar la oferta de servicios a los consumidores. Información reciente nos demuestra el rezago que seguimos acumulando en esta materia a nivel mundial. Sin embargo, y al contrario de las corrientes exitosas internacionales, en nuestro país más bien retrocedemos, y se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que, lejos de modernizar el sector telecomunicaciones, más bien fortalece aún más el monopolio a favor del ICE.

Más allá de las protestas en las calles de parte de los gremios del ICE encabezados por los usufructuarios del monopolio, y acuerpados por otros dirigentes sindicales que anhelan el estatismo superado herencia del socialismo soviético, los opositores a la modernización en telecomunicaciones se encuentran mayoritariamente en la Asamblea Legislativa. Su actual conformación, especialmente el PAC y bastantes Diputados del PLN y del PUSC, hacen presagiar que el único fin de la reforma que conocen es fortalecer al ICE y ganar adeptos políticos, olvidando a los consumidores que como nosotros sufrimos por la mala calidad de la telefonía celular, los largos tiempos de espera en telefonía fija, o el mal servicio de provisión de internet.

Algo similar sucede con la reforma a las pensiones del magisterio, en la cual muchos legisladores parecen olvidar que a nivel mundial el principal reto en materia de seguridad social lo constituyen los sistemas de pensiones, debido al creciente envejecimiento de la población. Si estos sistemas no son financieramente sostenibles colapsarán en pocos años. Sin embargo, esto tampoco parece importar, y se legisla para favorecer a unos pocos, pasando por alto el costo fiscal que ello conlleva y su impacto negativo en la calidad de vida del conjunto de la población, y, peor aún, violando precisamente los principios de igualdad y de justicia social que deben regir en una sociedad democrática como la nuestra. O al menos a la que aspiramos.