ELIMINACION DEL LATEX EN HOSPITALES

Randall Arias S.
Director Ejecutivo ANFE

La semana anterior los medios de comunicación informaron acerca de una resolución de la Sala Constitucional con respecto al uso del látex en los hospitales, en virtud de un recurso de amparo presentado por una profesional en salud afectada físicamente por ese producto. La Sala Constitucional resolvió a favor de la accionante y ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social, de acuerdo a la información publicada, a eliminar dicho material de los hospitales del país, o sea eliminar los guantes, las prótesis, las sondas y todo aquél producto que contenga ese material.

Esta resolución ha causado una gran preocupación por el impacto económico que representa no sólo para la Caja sino para el Estado en su conjunto, especialmente en cuanto a la estabilidad fiscal que tanto nos preocupa. No valoramos las razones de justicia y legalidad que sustentan la protección constitucional a la persona que presentó el recurso de amparo. Reconocemos que su derecho a la salud es fundamental y debe ser efectivamente protegido por la Caja, para lo cual legítimamente utiliza el mecanismo constitucional del recurso de amparo. Nos parece justo para ella y cualquier otra persona trabajadora la protección de su salud.

Sin embargo, lo que sí preocupa fuertemente, es la falta de dimensionamiento por parte de la Sala Constitucional de esa resolución, en los términos en que se ha planteado. Esto por cuanto este tribunal concedió un año a la Caja para dejar de usar látex en los hospitales. Cuánto podrá costarnos a todos nosotros eliminar el uso de guantes, sondas, prótesis y aparatos que contengan ese material? Y cuánto cuesta adquirir nuevos productos sustitutos?

Además, deberá aplicarse esa decisión también a los hospitales privados? Y qué pasará con otros funcionarios o usuarios de instituciones públicas que utilicen ese u otros materiales que afecten su salud? Y por qué no se valoraron otras opciones con consecuencias menos graves que ésta, siempre protegiendo la salud de las personas?

Ciertamente las consecuencias financieras y prácticas de esta resolución, cuya fundamentación aún no ha sido redactada, son muy preocupantes para la sanidad fiscal del país. Esperamos que la Sala Constitucional dimensione los graves efectos prácticos que esta decisión puede tener, tanto para las finanzas públicas como la actividad de la empresa privada.