Columna Libertad
|
GARANTIAS AMBIENTALES Randall Arias S. La semana anterior, en un acto de alta responsabilidad política, la Asamblea Legislativa pospuso la discusión del Proyecto de Garantías Ambientales, por medio del cual se pretende adicionar un conjunto de disposiciones constitucionales. Por la trascendencia que siempre conlleva una reforma a la Constitución Política, eje central de nuestro ordenamiento jurídico, es muy sano para el país que se posponga su discusión legislativa, hasta contar con un necesario consenso, primero, acerca de la verdadera necesidad de realizar una reforma como la propuesta, y luego de ello, crear, si fuera necesario, un proyecto de ley que esté acorde con la correcta técnica legislativa en materia constitucional. Distinguidos juristas especialistas en Derecho Constitucional y Administrativo, han manifestado un conjunto de fundadas críticas al proyecto que fue presentado ante la Asamblea Legislativa. En ANFE reconocemos la importancia de debatir con amplitud, seriedad y rigor técnico este tema, para evitar así una preocupante tendencia observada en los últimos años de "populismo legislativo". Recordemos que las democracias modernas se basan en un amplio debate cuidadano acerca de las decisiones a tomar. Y este debate, a diferencia de esa desafortunada práctica reciente, no puede restringirse a intereses gremiales o sectoriales, lo cual puede llevar a un peligroso corporatismo, sino que debe ser abierto y plural. Indudablemente el ambiente debe ser protegido, y el Estado tiene un papel que jugar al respecto. Sin embargo, las medidas que se tomen, deben caracterizarse por la reflexión profunda. Llama la atención que hasta un Diputado disidente del PAC, conocedor del tema ambiental, critica la creación de una nueva entidad estatal encargada de fijar las políticas públicas en materia ambiental. Como él mismo dijo: "Eso es crear más burocracia". Debe haber una racionalización legislativa, principalmente cuando son reformas a la Constitución Política. Ahora se ha convertido en algo menos que una moda plantear cualquier reforma legal a nivel constitucional, bajo el argumento de garantizar su cumplimiento. Eso, desnaturaliza una Constitución eficaz como norma suprema de un Estado. Para eso están las leyes ordinarias. Eso es particularmente preocupante cuando detrás de esas reformas se esconden privilegios a minorías. En un tema tan delicado se ocupa un amplio debate, por eso es bienvenida la decisión de la Asamblea Legislativa. Debe escucharse principalmente el criterio de los expertos en el tema. Debe evitarse hacer reformas que sean innecesarias o burocratizantes. Cabe señalar que en materia ambiental la Sala Constitucional de por sí ya ha tenido un criterio muy amplio aún antes de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política que incorpora el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Añadir más artículos a la Constitución Política, sin sustento técnico jurídico, podría ser una medida peligrosa. Peor aún si esas medidas pueden violentar derechos fundamentales como el de propiedad o la libertad de comercio. Lo actuado por la Asamblea Legislativa es un buen síntoma. |