PENSAMIENTOS DE LIBERALES

A propósito de las nuevas propuestas de aumentos en los impuestos….

“La socialización de la economía hace ineluctable el aumento de volumen y de peso del poder político, del número y del poderío de los que lo ejercen, lo sirven, lo sostienen o gravitan alrededor de él. La razón de este crecimiento es inherente al socialismo en sí. ¿Cómo podría el Estado asumir en una cantidad casi ilimitada nuevas tareas sin ampliar al mismo tiempo su campo de acción y multiplicar sus agentes en la misma proporción? No es éste un resultado contingente que depende de la buena o de la mala voluntad de los gobernantes o de sus inclinaciones subjetivas, es el producto de un determinismo instalado en el corazón de todo socialismo y que engendra una politización generalizada de la sociedad civil.

…Cuestionado cada vez más, en proporción de la amplitud de papel que se le confió -o más bien de los papeles, porque representa todos los personajes de la pieza- el Estado se hace cada vez más sombrío. Las malas críticas lo alcanzan en tanto que autor, intérprete y aun público, porque también es él el que adoctrina, aguijonea y subvenciona a los espectadores.  Toda resistencia de las cosas, sobre todo el fracaso económico, que sigue siendo el punto vulnerable de ellos, ante sus ojos se transforma en fruto de una maquinación diabólica. Ya que todo lo decide el poder político, las dificultades económicas se interpretan como golpes infligidos por los adversarios malévolos de ese poder con el refuerzo de los comentaristas hostiles extendidos por los medios de comunicación que ‘no explican suficientemente la acción del gobierno’. Para decirlo con mayor claridad: el Estado hipertrofiado se vuelve megalómano y la megalomanía es la antecámara de la paranoia.”

COLUMNA LIBRE

COMENTARIOS PRIMEROS EN TORNO AL PANORAMA FISCAL

                                                                         Por Carlos Federico Smith

Es posible que este comentario sea tan sólo el primero de varios que tratarán acerca de la política impositiva que el actual gobierno pretende imponer. El tema apenas empieza a deshojarse en la palestra económico-política y es posible que requiera de una amplia discusión que tome varios meses.  Es por ello que en esta oportunidad sólo formularé algunas pinceladas en torno al panorama fiscal de nuestro país, que las autoridades gubernamentales consideran como la base para proponer un aumento sustancial en los impuestos: como dice la ciudadanía, de un nuevo paquetazo.

Es pertinente señalar que en la campaña política recién pasada, la candidata ganadora y hoy Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla, siempre fue bastante esquiva en cuanto a que, de llegar a tal posición, enviaría un nuevo paquete tributario a la Asamblea Legislativa y sólo dio visos de que presentaría un nuevo impuesto a los llamados casinos, que al momento no tienen gravamen alguno sobre sus actividades, a diferencia de como suele suceder en muchos países en donde operan legalmente.   Es más, doña Laura enfatizó que el Movimiento Libertario se oponía a dicho gravamen, pero más bien parece que estaban de acuerdo con que, si se guardaran proporciones similares a las aplicadas en Panamá, no se opondrían radicalmente a dicha propuesta (al menos algo así expresó su candidato de entonces en una oportunidad). Por su parte, en apariencia los casinos aceptaban un gravamen similar, pues ello les daría cierto grado de “legalidad” de la cual carecen a la fecha y lo cual les imposibilita, por ejemplo, para abrir cuentas corrientes en los bancos comerciales.

Es decir, parece que siempre ha habido un “buen ambiente” para que los casinos sean objeto de un nuevo impuesto. Más discutible en cuanto a su viabilidad política es si tal gravamen se aplicaría también a los llamados casinos virtuales (conocidos como “sportbooks”) que operan en nuestro país por medio de la Internet y que, como es conocido, son ampliamente rechazados por las autoridades tributarias de los Estados Unidos, quienes consideran que deberían de ser objeto de regulación y gravámenes en ese país y, posiblemente, no en Costa Rica. Este último no parece ser un tema tan resuelto en cuanto a una posible aprobación legislativa, pues, si bien el gobierno de Costa Rica podría obtener algo de gravámenes, el control del flujo de fondos en dichas empresas es difícil, además de que posiblemente tal medida irritaría al IRS (Internal Revenue Service) de los Estados Unidos, que vería reducirse la base tributaria que siempre ha aspirado a gravar para sí.

He empezado por referirme a este gravamen, porque es el más difundido como posible parte de un paquete tributario que aún se desconoce, pero hay otros componentes que tienen más elementos que deberán ser objeto de una discusión más amplia.  Pero antes que todo debo empezar por analizar cuál es el problema con los ingresos tributarios de nuestro país, de forma que sea fácilmente comprendida por el lector.

Si vamos un par de años atrás, en Costa Rica nos encontrábamos relativamente satisfechos con el comportamiento tributario. Es cierto que había algunos grupos y personas que continuaban impulsando un aumento en la carga tributaria -de aproximadamente un 13.5% del PIB- en dos puntos porcentuales adicionales.  Sus propuestas, entre otras, eran las de aumentar las tasas marginales más elevadas del impuesto sobre la renta de empresas y personas, ampliar la base del impuesto a las ventas, que se transformaría en un impuesto al valor agregado, aplicando además este gravamen a una serie de servicios hoy exentos (principalmente brindados por profesionales), la eliminación del impuesto de renta actual a ciertos ingresos. tales como los intereses de certificados bancarios, pero que se incorporarían como parte de los ingresos sobre los cuales se aplica el impuesto sobre la renta -creo que lo llaman universalización de la renta-, así como incorporar como renta imponible en el país a los ingresos de los costarricenses obtenidos en el extranjero y que no pagan impuestos en los países de origen -creo que a esto le llaman “renta mundial”- y, finalmente, un impuesto de $200 a las sociedades anónimas.  Afortunadamente, en su momento, la Asamblea Legislativa no aprobó esta cascada de impuestos.

La presión de grupos por una aprobación de esos nuevos gravámenes fue disminuyendo conforme la economía costarricense mostraba un crecimiento económico favorable, pues el déficit programado, en vez de aumentar, como era el temor de algunos, más bien disminuyó notoriamente en el penúltimo año de la administración Arias.  La buena economía nacional fue la mejor medicina contra el paquete tributario que se proponía, sin dejar de lado que las autoridades del Ministerio de Hacienda tomaron algunas medidas apropiadas de tipo administrativo para evitar la evasión. Esto último también impulsó los ingresos tributarios, a pesar del relativo fracaso en cuanto a su recaudación de un impuesto nuevo que se llamó “sobre las viviendas de lujo”, el cual presentó serios problemas de viabilidad para lograr los recursos que inicialmente te estimaron.  Fueron algunas medidas para ”evitar la evasión”, que adicionadas al enorme crecimiento tributario ocasionado por el crecimiento económico de esos años lo que produjo recursos suficientes para que, por mucho tiempo, casi no se volviera a hablar de nuevos y mayores impuestos para evitar el “enorme” déficit que se preveía.

En eso nos alcanzó la recesión y la economía dejó de crecer a las tasas relativamente altas a que venía haciéndolo. La recesión tuvo dos efectos importantes sobre las finanzas gubernamentales: por una parte, los ingresos tributarios crecieron a tasas mucho menores a las previas y, por otra parte, con desempolvado espíritu Keynesiano, el gobierno propuso un plan llamado Escudo, mediante el cual, como medida presuntamente anti-recesiva, se aumentó fuertemente la inversión pública, pero notoriamente el empleo en el sector público (se argumentó que era para compensar la caída del empleo en el sector privado). Estos dos elementos ocasionaron que, lo que se consideraba como un déficit “manejable” de aproximadamente un 3.5% del PIB, en estos momentos ya se estime que se elevará hasta un 5% del PIB, e incluso puede que supere esta última cifra.

En apoyo a estas cifras, indico las que expresamente expuso la Presidenta Chinchilla: “Yo creí que el déficit iba a ser para este año del 3% y quizá 4% para el próximo, pero ya hablamos de que cerraremos este año en 5% y el próximo, si no hacemos nada, podríamos estar cerrando en un 6%.” (Laura Chinchilla, Chinchilla y diputado Zúñiga dfieren sobre el déficit fiscal,” en La Nación, p 8).  Obviamente es un comercial a favor de más impuestos y nunca señala reducciones en el gasto público, en un gobierno en el cual más bien lo que se observa es un crecimiento de nuevos proyectos de gasto estatal: ¿logrará romper ese 6%? A como van las cosas, si logran más recursos de los costarricenses, dados sus propósitos de gasto, lo único que nos señala es que necesitan fondos para gastar más. Por ende, el déficit nunca se va a reducir y más bien los nuevos recursos podrían impulsarlos a seguir gastando más y más… pero, luego, se trataría de proponer otro nuevo paquete tributario. y así sin fin.

Fue en medio de ese aumento en el gasto público y de la caída en la recaudación de impuestos, cuando la candidata Chinchilla indicó que no aumentaría los impuestos, dada la difícil situación en que se encontraba la economía, principalmente por el efecto negativo que más gravámenes tendrían sobre el sector productivo. Me parece que esta fue una muy buena razón, pero ahora observemos cómo es que ya intenta dejar de lado tan inteligente propuesta. (El cínico en muchos de nosotros señalaría que hubo muchos despistados que no se dieron cuenta de que se trataba de un oportunista juego electoral).

La actual situación económica del país no parece mostrar un repunte tal como para que se considere que se ha recuperado de la recesión sufrida en los años 2009-2010. El mayor crecimiento comparativo reciente es inducido por la mejora relativa de la economía estadounidense, que ha permitido que el sector exportador doméstico ubicado en zonas francas haya tenido una ligera pero importante mejoría. El resto de la economía nacional no parece estar creciendo a tasas que se podrían considerar siquiera como satisfactorias y menos aún como evidencia de una reversión importante de la tendencia de los últimos dos años. 

Por ejemplo, es claro el retroceso que aún experimenta el sector de construcción y el sector exportador nacional no ubicado en zonas francas tampoco se ha recuperado significativamente, en parte por la vigencia de una política cambiaria poco estimulante, hecho al cual espero tener la oportunidad de referirme en un comentario futuro. La actividad del turismo, si bien ha salido de la marisma en que se encontraba, tampoco muestra una recuperación importante, pues tanto el turismo nacional como el extranjero han crecido lentamente e incluso recientemente te ha anunciado el cierre posible de diversas instalaciones hoteleras. La industria dedicada a la producción para el mercado interno (y el regional) muestra índices de una ligera recuperación, pero nada que pueda semejarse a haber “salido de la crisis”. Nuestra economía, si bien ya da muestras de haber frenado el declive sufrido en los dos años anteriores, no se ha recuperado y menos aún salido de la mala situación comparativa de los años previos. La mesura con que doña Laura indicó que no pondría más impuestos ante el pobre crecimiento de nuestra economía en el 2009-2010, sigue siendo tan pertinente ahora como antes.  No hay un crecimiento dinámico en nuestro país que nos permita apechugar con nuevas cargas tributarias sin que ello afecte la recuperación. Poner nuevos impuestos pone en peligro cualquier viso de recuperación económica del país.

Si alguien considera que esta apreciación general que de la economía hace este economista, es producto tan sólo de su imaginación y de un deseo de que las cosas no vayan bien, me permito transcribir lo que dijo muy recientemente el Dr. Rodrigo Bolaños, Presidente Ejecutivo del Banco Central: “ La economía no se está recuperando tan rápido como para que por el lado de los ingresos  (tributarios) haya más entradas y, por  otro, el ajuste que hizo el Gobierno para tratar de usar la política fiscal en la crisis fue aumentar el gasto y aumentó un gasto que no es reducible fácilmente.” (Rodrigo Bolaños, “Banco Central espera baja paulatina en tasas de interés,“ La Nación, jueves 26 de agosto del 2010, p. 20A. El paréntesis es mío). A confesión de parte… relevo de pruebas.

En un comentario próximo me referiré con mayor detalle a uno de los gravámenes que ciertos círculos han impulsado, principalmente para allegarse recursos presuntamente indispensables para enfrentar el serio problema con la seguridad en el país.  Me refiero a la propuesta de poner un impuesto de $200 (y ya algunos han propuesto que sea de $300) anuales a las sociedades anónimas.

LA TARJETA DE CREDITO DEL ESTADO

Alejandro Barrantes Requeno*

En el año 2009, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico del año 2010, que luego de la aprobación legislativa, alcanzó los ¢4.01 billones, financiado de la siguiente manera: 59.6% con Ingresos Corrientes, 39.2% con colocación de Títulos de Deuda y 1.2% con otras fuentes. 

Al final de la ejecución, cuando en la Asamblea Legislativa se analizó la liquidación presupuestaria, se encontró que el Gobierno Central financió ¢414.864 millones, esto es un 15% del total de los gastos corrientes, con ingresos de capital, es decir, vía endeudamiento. Lo anterior a contrapelo del artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República, que dispone lo siguiente: “para efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital”. Al respecto, señala la Memoria Anual 2009 de la Contraloría General de la República que:  

“Esta disposición legal pretende garantizar el cumplimiento de un sano principio de la administración de la Hacienda Pública, en virtud del cual los gastos que implica la actividad ordinaria de las instituciones del Estado y no comportan un aumento en el acervo de bienes duraderos que permiten acrecentar la capacidad productiva de ejercicios venideros, sean financiados comprometiendo los ingresos fiscales futuros o el esfuerzo de acumulación realizado en años pasados. El financiamiento de gastos corrientes con endeudamiento incide en el crecimiento de la deuda pública, restringiendo el margen de acción del Estado para la atención de las necesidades públicas, y si excede de ciertos niveles convierte en insostenible la situación fiscal en el largo plazo.  

El principio ha sido reconocido e impulsado por estudiosos de la ciencia hacendaria desde etapas tempranas del desarrollo de esta disciplina y su incorporación al marco jurídico costarricense no fue una novedad con la promulgación de la LAFRPP en el año 2001, pues ya desde 1984 la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, N° 6955 de 24 de febrero de ese año –todavía vigente– establecía que “…los gastos corrientes del Presupuesto Nacional solo podrán financiarse con ingresos corrientes.” (Artículo 4 inciso c)"

A pesar de la sensatez del principio de equilibrio financiero y de su vigencia dentro del ordenamiento jurídico costarricense, el Presupuesto del año 2009 se aprobó con ese vicio de legalidad. Pero esto no le ha importado a nuestros gobernantes ni parece importarles; por el contrario, el actual Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, avisó que el Gobierno prevé financiar un 18.7% de los gastos corrientes con préstamos y para evitar el ”inconveniente” se ha presentado ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley Nº 17.337, que procura suspender temporalmente la aplicación del artículo 6 supracitado.  

El irrespeto a esa disposición tiene dos grandes consecuencias dignas de valorar. Una económica, por cuanto como ya ha mencionado el órgano Contralor, se pone en peligro la estabilidad financiera del país al aumentar la deuda pública, pero también se genera una enorme presión para incrementar la tasa tributaria y así poder sostener el nivel de gasto y pagar el servicio de la deuda. Esto se traduce en que los individuos y las empresas tendrán menos recursos disponibles para ahorrar, invertir y consumir.  

Ocurre con el individuo que, cuando tiene una tarjeta de crédito y no la sabe manejar, termina endeudado y pagando gran cantidad de intereses. Pide extrafinanciamiento o plazos más prolongados para poder enfrentar la deuda pero si no se ordena, tampoco podrá cubrir sus obligaciones. Pues bien, con el Estado sucede lo mismo que con el individuo del ejemplo: pide prestado para pagar salarios, pensiones y programas, pero no ordena el gasto. Al contrario, lo mantiene tan desordenado y caótico como puede.  

Quizá el ejemplo más claro es el de la política social: de acuerdo con los últimos Informes del Estado de la Nación, existe una serie de programas permanentes y selectivos, de los cuales los más importantes son los comedores escolares, los CEN-CINAI, las pensiones no contributivas y el bono familiar de la vivienda,^[4] cuyo análisis confirma la filtración de beneficiarios, pues si bien las poblaciones meta de esos programas están circunscritas al 20% de las familias de menores ingresos, en realidad, los comedores escolares tienen un diseño universal en el acceso, el bono de la vivienda puede llegar hasta las familias ubicadas en el cuarto quintil de la población total y los CEN-CINAI introducen criterios de riesgo infantil para definir los que tienen acceso. Debido a la confusión en la población objetivo, las Pensiones No Contributivas y el Bono de la Vivienda apenas atienden al 45% y 41% aproximadamente de la población meta; los CEN-CINAI apenas atienden a un 15% de los que debería. En el caso del programa Avancemos, más de la mitad de los beneficiarios (57%) no pertenecía al 20% más pobre de los hogares.  

Si, al igual que en el ejemplo, el Gobierno no ordena su gasto, jamás podrá enfrentar sensatamente el endeudamiento. ¿De dónde sacara dinero para pagar si no tener fue precisamente lo que lo motivó a endeudarse? La respuesta es sencilla: no podrá sacarlo sin recurrir a más impuestos. Y conforme aumente la deuda, aumentará la carga tributaria, así hasta llegar a puntos realmente insostenibles. Por eso, cuando el Gobierno se endeuda en los niveles de hoy, lo que está pidiéndole a los individuos es que le firmen un cheque en blanco que luego de torpezas y despilfarros, cobrará a los individuos en términos para nada amistosos.  

Por eso, un Gobierno que no es capaz de organizar adecuadamente las prioridades del gasto y que comprometer la estabilidad futura para cumplir con los compromisos de campaña electoral no es un buen administrador. Un Gobierno que despilfarra los fondos públicos y expolia constantemente a los ciudadanos para corregir sus desaguisados no es un buen Gobierno.

 La otra consecuencia es de orden legal-político. La misma Contraloría confiesa que “en la práctica, el Gobierno se ha visto en serias dificultades para cumplir el principio, y no llegó a materializarlo hasta el ejercicio económico del 2008”.^[5] Esto quiere decir que, desde tiempo atrás, se ha venido violentando la ley sin que se aplique el régimen sancionatorio, lo que revela también una pasividad de la Asamblea Legislativa y de la Contraloría General de la República en la denuncia pública y manifiesta de esta situación o en la implementación de mecanismos que la impidan, incumpliendo con sus respectivos mandatos de ejercer control político y vigilar la Hacienda Pública.

 Se supone que en un Estado de Derecho, la ley impera sobre todas las personas –físicas y jurídicas–; el propósito fundamental de dicho imperio ha sido, históricamente, erigirse como la piedra angular del régimen de sujeciones y limitaciones que tiene el Estado frente a los individuos, como medida de protección para evitar la arbitrariedad y la tiranía. Este elemento es de capital importancia para hablar de la legitimidad. Coicaud ofrecía una explicación del carácter dual que tiene este concepto: la legitimidad de origen y la legitimidad en ejercicio. La primera tiene que ver con la aceptación y reconocimiento ciudadano de la validez del mandato, mientras que la segunda está relacionada con la actuación de las autoridades en un marco que los individuos consideren aceptable, eficaz y eficiente. De esta segunda consideración es que se desprende, para la Teoría y la Ciencia Política, el concepto de gobernabilidad, entendido como la capacidad de acción del Gobierno en espacios que legítimamente validen los gobernados.

Estas dos consecuencias son realmente importantes. No se trata de pecata minuta, como ha señalado en alguna ocasión el Ministro Herrero. Por el contrario, es un tema que requiere un análisis profundo por sus implicaciones. Los liberales hemos denunciado, casi cotidianamente, que el sistema tributario se basa en un principio nefasto: la expoliación, el robo institucionalizado. Locke advertía que no puede permitírsele al Estado, aquello que no se le tolera al individuo. Lamentablemente, esa sabia frase no se respeta en nuestros tiempos: mientras se persigue y castiga al delincuente que violenta la propiedad privada, se tolera que la persona jurídica mayor, el Estado, la irrespete, sustrayendo la riqueza que los individuos han creado. Pero también ocurre que al ciudadano se le persigue y sanciona cuando incumple la ley, especialmente la normativa tributaria. Pero como vemos en el caso de nuestro país, lo mismo no ocurre cuando es el Estado el infractor.

*Politólogo.  Miembro de la Junta Directiva de ANFE.

EL ESPIRITU E INFLUENCIA DE MANUEL AYAU (1925-2010)

                                                                                                      por Ian Vásquez*

Ayer murió Manuel Ayau, una de las personas que más he respetado y admirado. Muso, como lo llamaban sus amigos, fue una figura importante dentro del movimiento internacional por la libertad. Fue presidente de la Mont Pelerin Society, miembro de la junta directiva de Liberty Fund y fideicomisario de la Foundation for Economic Education. Sin embargo, será recordado principalmente por ser el fundador y presidente eméritus de la influyente Universidad Francisco Marroquín en su país natal, Guatemala. Deja un enorme legado porque combinó exitosamente la claridad de pensamiento, el emprendimiento, la curiosidad intelectual y la creencia en el potencial de los individuos libres de para crear lo que se ha convertido en el epicentro del pensamiento liberal clásico en América Latina.  

Mucho antes de que fundara la Universidad Francisco Marroquín en 1971, Muso Ayau lanzó un centro de investigaciones (Centro de Estudios Económicos-Sociales) con un pequeño grupo de amigos guatemaltecos en 1959. Así empezó un proyecto —que duraría toda una vida— tendiente a descubrir y difundir las ideas que explican de mejor manera el subdesarrollo y proveen las mejores soluciones para superarlo. En este proceso descubrió las obras de los grandes liberales —algunos de los cuales invitó a Guatemala para que dieran charlas o con los que terminó estableciendo amistad como Ludwig von Mises y Milton Friedman— y concluyó con la fundación de la UFM. Muso no fue un académico (contaba con un título de ingeniería), pero comprendía cómo el poder de las ideas podía influenciar a la sociedad, por lo que se dio a la tarea de largo plazo de liderar una institución que enseñaría a generaciones de guatemaltecos sobre “los principios éticos, legales y económicos de una sociedad libre y de personas responsables”, sin importar qué carrera estuviesen cursando los estudiantes.

En su discurso inaugural en 1972, Muso dijo:

“Creemos firmemente en la capacidad del hombre, precisamente reconociendo la imperfección de todo lo humano, para encontrar mejor su destino en libertad pacífica y no compelido por la colectividad personificada en el Estado”. 

Fundar la universidad requería de valentía. Cuando comenzó, el clima intelectual y político no solo era hostil a las ideas liberales, sino que estaba violentamente opuesto a las mismas. Guatemala se encontraba en el medio de una guerra civil y ninguno de los dos bandos —con el establishment del ejército y el empresariado por un lado y la guerrilla izquierdista en el otro— eran receptivos al mensaje de un Estado limitado, mercados libres y derechos de propiedad privada. En un inicio, Muso daba los discursos de graduación con un chaleco antibalas debajo de su toga. En la década de los ochenta, en ocasiones se disfrazaba cuando viajaba en público y tomaba medidas extra de seguridad en su casa. 

Luego de la caída de la Unión Soviética y el fin de la guerra civil de Guatemala en los noventa, la opinión pública estaba mucho más abierta a las ideas liberales, pero aún así la sociedad mercantilista de Guatemala se ocupó de que la batalla a favor de intereses establecidos —grupos empresariales, sindicatos, burocracias estatales— continuara siendo difícil. Para ese entonces, sin embargo, el prestigio del Muso Ayau, del profesorado de la universidad y de sus graduados bien preparados había crecido al igual que la presencia de sus ideas. Cualquiera que haya visitado Guatemala durante los últimos 20 años, como yo lo he hecho, puede atestiguar que las ideas liberales se encuentran todos los días en las páginas de opinión de los principales periódicos del país, así como también en los principales medios electrónicos. En algunos casos, esto ha desembocado en un cambio radical en las políticas públicas —como es el caso de la exitosa reforma de las telecomunicaciones de Guatemala o la ley que legalizó la competencia de monedas.  

Muso estaba orgulloso del progreso que habían logrado las ideas liberales a pesar de que el estatismo aún prevalece en Guatemala. Era un optimista con una visión ambiciosa y, a la vez, un realista con una percepción modesta de sí mismo. No se sorprendía de que gran parte de la izquierda y la derecha no estuvieran de acuerdo con sus llamados a terminar con todos los privilegios establecidos por el Estado. Aunque Muso pudo haber sido fabulosamente exitoso conformándose con el marco establecido de la sociedad guatemalteca, él eligió no hacerlo. En esto, él demostró ser un raro espécimen latinoamericano, un campeón de las ideas verdaderamente progresistas que desafiaba pacíficamente a fuerzas políticas formidables.  

Aún así, no todos lo entendieron. En una ocasión, Lawrence Harrison famosa e inexplicablemente describió a Muso como un “oligarca latinoamericano arquetípico de la extrema derecha” que también es un libertario. La descripción incoherente de Harrison tuvo lugar en el verano del 2001 cuando se descubrió que la embajada estadounidense en Guatemala estaba distribuyendo secretamente un documento a otras embajadas describiendo al Muso y a la universidad como enemigos de la democracia y del progreso.  

Todo este lamentable episodio, descrito por Mary O’Grady en el Wall Street Journal, difícilmente sorprendió al Muso y a sus colegas, quienes desde hace mucho habían estado denunciando la prepotencia de Washington en Guatemala y la región (Muso después se mandó hacer tarjetas de presentación con su nombre seguido de “Oligarca latinoamericano libertario arquetípico de la extrema derecha”. Incluso enfrentándose a ser ridiculizado, Muso mantenía su famoso buen sentido del humor). 

Las ideas que Muso Ayau empezó a promover en español en Guatemala en la década de los cincuenta, pronto atrajeron a pensadores brillantes de otras partes de América Latina e influenciaron el movimiento liberal alrededor de la región. La UFM continúa atrayendo a los principales pensadores del mundo en distintas disciplinas —incluyendo negocios, filosofía, leyes, economía y literatura— a su elegante y moderno campus y ha servido de modelo para otras universidades similares en países tan diversos como Chile, Montenegro y Georgia. Que tantos estudiantes y profesionales en México, Centroamérica, Sudamérica y otras partes del mundo comprendan y respalden hoy en día los principios de la sociedad libre no es en menor grado debido a sus esfuerzos, ya sea que lo sepan o no. 

Muso siempre admiró al Cato Institute y se complació, al igual que nosotros, de que Cato y la UFM iniciaran un seminario anual de una semana de duración en Guatemala para introducir a estudiantes latinoamericanos al pensamiento liberal. Nunca olvidaré como, durante el primero de estos eventos en el 2009, Muso realizó un corto viaje desde Houston —donde estaba recibiendo tratamiento para el cáncer que finalmente no pudo vencer— solo para dar la charla inaugural que había prometido a los estudiantes. Su entusiasmo, viveza y cálida personalidad llenaron ese auditorio.  

Muso era la personificación del espíritu liberal clásico. También era un amigo. Será extrañado, pero su espíritu continuará inspirando el trabajo de la Universidad Francisco Marroquín y de muchos, muchos partidarios de la libertad alrededor del mundo que lo conocieron o de alguna manera fueron influenciados por él. 

*Ian Vásquez es Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute y fue publicado el 5 de agosto de 2010 en el sitio de electrónico www.elcato.org/node/5352 .