COLUMNA LIBRE

PANORAMA TRIBUTARIO POST-ELECTORAL

                                                                               Por Carlos Federico Smith

Dicen que no hay que mencionar sonar soga en casa de ahorcado, pero parece casi seguro que el aumento de los impuestos estará presente en este año.  No esperen que les diga cuándo, pues no soy un brujo, pero puedo indicar que la situación de las finanzas públicas no es la mejor: a pesar de que ya se observa un ligero crecimiento en los ingresos tributarios, el gasto público se ha disparado, si bien en mucho por el pago extraordinario del aguinaldo escolar en enero, de forma que el déficit sigue creciendo como porcentaje de nuestra producción.

Un indicador del problema en ciernes es la apetencia por repetir el permiso legal obtenido para la aprobación del más reciente presupuesto del Estado, para que pueda de nuevo endeudarse para cubrir gastos corrientes -indicador de un camino al despeñadero, que pocos han advertido- además de las señales que ya se están mandando al mercado de que el Estado incurrirá en fuerte demanda de recursos financieros.

Esto no es lo único. Si bien en campaña sólo el PAC anunció que promovería la aprobación de nuevos impuestos, el PLN en ese momento indicó, como para salir de apuros, que, a menos que la situación económica mejorara, apoyaría tal incremento.  Ello abre un espacio político interesante: los posibles afectados enfatizarán que la situación económica es tal que no deben de aprobarse nuevos gravámenes, pero la realidad objetiva del déficit es tan grande que ya se están comentando varias posibilidades.  Por una parte, se habla de un impuesto a los casinos, sobre el cual falsamente se dijo que el Movimiento Libertario se oponía, pues más bien el gremio de los casinos ha buscado un régimen tributario similar al de Panamá. Ello les daría una mayor respetabilidad legal en el país. Pero más atrayente es la propuesta de los llamados centros de apuestas, que hoy día operan casi en la ilegalidad, con problemas esenciales para funcionar, y que estarían dispuestos a pagar los impuestos que se han venido proponiendo a cambio de gozar de todos los derechos (y deberes) de empresas legalmente constituidas en el país. El problema será con la aceptación (¿veto?) previa de esa idea por parte del gobierno de los Estados Unidos, que parece aborrecer la competencia en materia de bases tributarias.

Un impuesto a los casinos y a los centros de apuestas se ha mencionado que brindaría los recursos necesarios para poder cumplir con las promesas de campaña en cuanto luchar contra la delincuencia.  Aparentemente es algo que se va a llevar a cabo seriamente, a fin de cumplir con un clamor popular que solo quien no quiere oír puede no haberlo escuchado. El problema está en la consecución de recursos frescos.  Pero si la fuente para lograrlos son tales impuestos, sería para financiar un nuevo gasto, con lo cual no redundaría en una reducción del déficit.

Otro impuesto que podría entrar en juego es el cobro efectivo de ese barroco gravamen a las viviendas de lujo, pero es muy posible que enfrente serios problemas legales que retrasen su plena entrada en vigencia: como que el Estado ni siquiera es eficiente en diseñar impuestos que se pueden cobrar efectivamente. Me imagino que constituye el mejor mentís de quienes –con la moda- ahora nos hablan de lo bueno que es ampliar el tamaño del Estado.

Creo que fue a un excelente ex Ministro de Comercio Exterior, don Roberto Rojas, lamentablemente algo alejado de la política necesaria, a quien le escuché que para desarrollarnos en serio lo mejor sería que Costa Rica fuera una gran zona franca.  En discusiones recientes acerca del impacto de tales zonas en la ligera recuperación de la actividad económica de nuestro país, algunas personas ligadas (y muy interesadas en dicha actividad) casi que hasta cabilderos de ese sector, han enfatizado la generación de empleo que en él ha tenido lugar, incluso en lo más profundo de la crisis. Como de soslayo se refieren al régimen tributario preferencial de que disponen las empresas allí instaladas como lo que hacen atractivo invertir en el país y con ello generar fuentes de trabajo.

Aleluya: esos cabilderos descubrieron el agua tibia.  Se dieron cuenta de que los menores tributos que pagan (si bien se vieron aumentados en recientes negociaciones como resultado de las reglas que la Organización Mundial de Comercio OMC impuso a las zonas francas) son un importante aliciente para atraer inversión extranjera en el país.

La triste paradoja radica en que, al menos para los actuales gobernantes y algunos adláteres ubicados en sectores claves de organizaciones del sector privado, con esa reforma acordada ya no se va a poder aumentar los impuestos a las empresas de las zonas francas. Esto impasse me parece tributariamente realista y evitaría que con un nuevo aumento de impuestos, no tanto que se fuera mucha inversión extranjera del país, sino que esas firmas no reinvirtieran sus utilidades en el país o que dejaran de llegar recursos privados externos a ese sector, lo cual sería muy malo para los costarricenses.

Pero el Estado hace aguas en sus finanzas y tendrá que ver de dónde saca plata para financiar su gasto en exceso. Lo que posiblemente sucederá es que el gobierno, si la economía no revierte su ligero crecimiento observado en los últimos meses, acudirá a nuevos gravámenes.  Se oirá de nuevo la expresión hipócrita de “que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres” para tratar de justificar nuevas o mayores tasas impositivas

Este nuevo proceso impositivo seguirá el mismo ritual de siempre: ampliemos las bases, pongamos mayores tasas a los ricos, pero las cosas se moverán como siempre para que esos gravámenes sean trasladados a los de menores y medianas posibilidades económicas, pues surgirá algún plan nuevo de excepciones o deducciones que hagan que los de mayores ingresos terminen pagando tasas efectivas menores. O hará que disminuya la inversión privada y así se reduzca la generación de empleo. O se propondrá de nuevo la vieja idea de poner un impuesto de $200 a las sociedades anónimas (algo “fácil” de cobrar”), que es un monto muy elevado a las pequeñas empresas, pero cualquier cochinada para las grandotas y grandotes, quienes con gusto aceptarían el sacrificio

Todo igual que siempre.  Mi esperanza es que ahora más bien se hable de reducir las elevadas tasas marginales y más bien busquemos impuestos bajos y uniformes, en donde no haya excepciones y privilegios, para así estimular la inversión, el empleo y la generación de riqueza.  Es muy difícil, dado el acuerdo reciente que logrado con las empresas de zonas francas, llegar a un tasa única y baja, pero debemos dirigirnos hacia a lo que en mis palabras don Roberto Rojas propuso que el país tuviera desde hace muchos años: una tasa baja general, en todo el país y no sólo para firmas establecidas en zonas francas, evitando una discriminación indebida en el trato al capital (mayoritariamente) extranjero de las zonas francas y el que se invierte en el resto del país.

En su momento ANFE presentará ideas en torno a la propuesta de un impuesto bajo y uniforme, no como dogma liberal con que alguno la ha acusado, sino para promover razonadamente un reforma tributaria que estimule el crecimiento de nuestra economía, sin crear privilegios para algunos y en sentido contrario, mayores impuestos para otros.

¿Defender la ley o a los habitantes?

                          Por Luis E. Loría

 Strategic Advantage Consulting Group

A la generación que creció convencida de las bondades de un Estado benefactor —convencida de la necesidad de utilizar los poderes del Gobierno para asegurar una “mejor” o “más justa” distribución de la riqueza (de acuerdo con la definición del planificador central de turno)— se le olvida que el utilizar los poderes coercitivos del Gobierno para asegurar privilegios a un grupo particular (trabajadores empleados) requiere un tipo de discriminación para otras personas (desempleados), el cual es irreconciliable con una sociedad libre.

Métodos arbitrarios. Como nos recuerda Hayek, es este tipo de Estado benefactor que apunta a la “justicia social” y se convierte “principalmente en redistribuidor de riqueza”, el que se encuentra alineado con una senda de regreso al socialismo y sus métodos coercitivos y, esencialmente, arbitrarios.

Paul A. Samuelson, premio Nobel de Economía, y William D. Nordhaus, profesor de Economía de la Universidad de Yale, en su libro Economics , explican claramente que “los Gobiernos algunas veces legislan un nivel de salario mínimo que define un piso para la mayor parte de los trabajos”.

A pesar de que casi todos estarían de acuerdo con la importancia de los salarios elevados para combatir la pobreza, estudios demuestran que salarios mínimos elevados muchas veces perjudican a quienes estaban diseñados a ayudar…

En el mismo sentido, N. Gregory Mankiw, profesor de Economía en la Universidad de Harvard, en su libro Macroeconomics , sentencia que “el Gobierno causa rigidez en los salarios cuando impide que los salarios caigan a sus niveles de equilibrio. Leyes de salario mínimo definen un mínimo legal para los salarios que las empresas les pagan a sus empleados… Para la mayor parte de los trabajadores, ese salario mínimo no es vinculante porque ellos ganan bastante más que el mínimo. Paro para algunos trabajadores, especialmente para los poco calificados o sin experiencia, el salario mínimo eleva sus salarios sobre el nivel de equilibrio. Este, por lo tanto, reduce la cantidad de esos trabajadores que las firmas demandan”.

Ley pervertida. En Costa Rica, la ley de salarios mínimos es un ejemplo de cómo la ley —en palabras de Bastiat— ha sido pervertida, apartada de su finalidad y aplicada para contrariar su objetivo lógico: defender a los habitantes.

Así, no comparto la “defensa de la ley” propuesta por Miguel Gutiérrez-Saxe ( La Nación 20/01/10), ya que es una ley discriminatoria que ayuda a incrementar el desempleo y perjudica, especialmente, a trabajadores poco capacitados, minorías y jóvenes sin empleo.

Dolarización y oportunismo político

                                                                                     Por Luis E. Loría*

El liderazgo intelectual independiente -ajeno al oportunismo político- es necesario para la propagación de nuevas ideas para la organización política y el diseño de políticas públicas. Es la manera legítima para que un punto de vista compartido por una minoría pueda llegar a convertirse en una visión conjunta de la mayoría. De manera más concreta, el camino que se debe seguir para que una nueva propuesta -como la dolarización de la economía- logre implementarse con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos debe incluir un proceso de discusión acerca de cuáles son los pros y los contras de su implementación y, particularmente, cuál será su impacto para diferentes grupos en la sociedad.

En contraposición con un liderazgo intelectual independiente, que busca promover ideas innovadoras en materia de política económica, se encuentra el oportunismo político. Un ejemplo reciente de esto es el lamentable artículo de mi amigo Juan Manuel Villasuso con el título Dolarizar es un disparate (La República y Diario Extra 19/01/10).

Ortega y Gasset, en Mirabeau o el Político (1927), explicó que el hombre de acción, y el político de manera especial, es poco escrupuloso con la verdad, no se preocupa mayormente por la precisión y veracidad intelectuales. En ese sentido, don Juan Manuel peca de político en su artículo en dos puntos centrales:

No es cierto que un grupo de burócratas o planificadores centrales -ej. Presidente del Banco Central y su Junta Directiva- cuenten con capacidad para definir con precisión cuándo hace sentido intervenir en los mercados para corregir sus fallas.

La evidencia, de más de 50 años de historia del Banco Central de Costa Rica (BCCR), muestra que las intervenciones de esa institución han contribuido a crear distorsiones e ineficiencias y que, en varios casos, han beneficiado a grupos particulares en perjuicio de la mayoría. Más recientemente, el papel que jugó el BCCR durante la crisis económica actual solamente contribuyó a profundizarla.

No es cierto que el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos se tomará la tarea de tomar las decisiones de política monetaria para Costa Rica. Aquí se hace necesario un baño de realidad. A Ben Bernanke y a la Junta Directiva de la Reserva Federal de los Estados Unidos poco les puede importar si Costa Rica adopta el dólar como moneda oficial. Es ridículo sugerir que ellos van a definir su política monetaria considerando cuál puede ser el impacto para Costa Rica. En la misma línea, Eduardo Lizano, en su artículo La dolarización, una vez más (Actualidad Económica 17/05/08), aclara que “la autonomía o control actual del Banco Central, en cuanto al manejo de su política monetaria, es muy relativa.” Al respecto, explica que ya hoy, “sin dolarización”, las decisiones de la Reserva Federal deben tomarse en cuenta en Costa Rica -ej., fijación de tasas de interés- y que el grado de “dolarización” actual de la economía nacional impide al BCCR utilizar libremente sus instrumentos de política monetaria.

*Luis Loría es miembro de la Junta Directiva de ANFE y este artículo fue originalmente publicado en el diario La Extra del 2 de febrero del 2010.

SINTRAJAP, COERCIÓN Y VIOLENCIA

                                                                                     Por Luis E. Loría *

AMÉRICA LATINA DESGARRADA

                                                                                                    Por Marcos Aguinis*

Unas semanas antes de las elecciones en los Estados Unidos ya se percibía el triunfo de los demócratas sobre los republicanos. Fue entonces –recuerdo-- cuando me trasmitieron una dramática confidencia. El vicepresidente Dick Cheney había decidido asesinar a George W. Bush para tomar el gobierno, clausurar ambas cámaras del Congreso, suprimir las elecciones y dar un impulso feroz al programa destinado a imponer en el resto el mundo el modelo norteamericano. Quedé boquiabierto y pedí detalles sobre un proyecto tan horrible. Me explicaron entonces que fue comentado en voz baja, como hacen los conspiradores, en una reunión compuesta por dos argentinos, un peruano, tres guamaltecos, un mexicano y un nicaragüense.

En menos de un segundo solté mi carcajada, pese a que no era un chiste. Semejante complot solo podía surgir de la calenturienta inspiración latinoamericana, donde ese cuento a menudo se hace realidad. Pero en los Estados Unidos no. Allí se asesinó a varios presidentes, sin que a nadie se le hubiese ocurrido cerrar el Congreso o perturbar el funcionamiento de las instituciones. Las instituciones son más vigorosas que el más encumbrado y popular de los caudillos.

En nuestros países, por el contrario, la única institución fuerte que conocemos, predomina y perdura, es el caudillo. Y a nuestros políticos, a menudo fascina.

Los tres siglos de la etapa colonial nos fijaron en el alma que el único que manda es el rey (y sus sucesivos descendientes, incluidos los que se autointitularon benefactores, libertadores, supremos, dictadores, presidentes vitalicios, conductores). A principios del siglo XIX habíamos sido bendecidos por la transitoria lluvia de una primavera ilustrada que se tradujo en las revoluciones de la Independencia e impulsó el crecimiento de la cultura más progresista de la época. Pero las arraigadas tradiciones de sometimiento colectivo –incluidas la nostalgia por el imperio incaico y azteca, más la implacable castración inquisitorial-- bloquearon su avance.

Un hombre admirable como Simón Bolívar se auto-designó dictador vitalicio. Como si fuera poco, propuso que el dictador eligiera al remoto sucesor y, por lo tanto, no se gastase dinero ni energías en nuevas elecciones. Exigió también que los cargos legislativos fueran de por vida y, además, hereditarios. Para completar ese oscuro panorama instituyó la censura. Por último, estableció como ejemplo del futuro latinoamericano a Haití. ¡Haití! el ahora país más pobre, sufrido y caótico del continente.

Simón Bolívar no era ser común y debemos esforzarnos por comprender algunas de sus iniciativas totalitarias como el recurso entonces necesario para impedir la reducción a escombros de toda la epopeya emancipadora. Pero me pregunto si aquellas iniciativas terribles son imprescindibles ahora, o si la cacareada “revolución bolivariana” o “el socialismo del siglo XXI” de veras traerá prosperidad a nuestro continente.

Bolívar fue un hijo de la Ilustración, como casi todos los próceres de la Independencia. Sus ideales eran la libertad y el progreso. Pero cayó en las pegajosas tradiciones del absolutismo (caudillescas, anti-institucionales) que una y otra vez levantan sus cabezas. ¿Cómo luchar por la libertad conculcando libertades? ¿Cómo estimular el progreso asociándose al arcaísmo colectivista? ¿Cómo alimentar la solidez de instituciones republicanas cuando la única institución que se palpa y se ve –como los paganos a los ídolos-- es el hombre fuerte?

Estas contradicciones desgarran gran parte de nuestro continente. Producen el efecto acuñado por el mismo Bolívar de “arar en el mar”. Muchas democracias no son más que procesos electorales a los que se pueden invalidar con golpes de Estado, movilizaciones callejeras o actos circenses.

Sabemos ahora que no alcanzan las elecciones para que haya democracia. Es necesario que después de las elecciones se respeten a rajatabla las instituciones de la república.

M. Naím es editor en jefe de la revista Foreign Policy. Nació en Venezuela y ama a nuestro continente con pasión. Pero es realista. Es tan realista que a veces da miedo. Le escuché pintar a nuestra América Latina con pinceladas que recuerdan al último Goya. Lo intituló en uno de sus trabajos de investigación The lost continent. No usó la expresión “continente perdido” porque sea difícil encontrarlo en el mapa, sino porque hasta ha perdido el nivel de “patio trasero”. Más bien se parece a la Atlántida de la leyenda, ese espacio idílico que por razones tan variadas como incontenibles desapareció de la superficie terrestre. Semejante afirmación requería explicaciones. Y las dio.

América Latina dejó de ser competitiva en todo, explica. Ni siquiera es competitiva como tragedia, porque las más conmovedoras se centran en África o el Medio Oriente. Tampoco es competitiva como amenaza militar y mucho menos económica: las bravuconadas del eje chavista provocan sonrisas, no miedo. Las donaciones solidarias de ayuda internacional tienen otros destinos. La clase media desciende.

El populismo –una palabra que antes generaba escozor y ahora parece vibrar como un clarín– es la expresión de la pobreza y falta de estrategia política. Las Constituciones no son defendidas por las Cortes Supremas con el debido coraje ni la necesaria convicción.

El Estado de derecho sigue siendo una abstracción que pocos entienden. Falta una conciencia inversora genuina, despegada de los favoritismos. El monopolio y la concentración de la riqueza van de la mano con el poco estímulo a la competencia transparente.

Pese al hueco palabrerío contra la pobreza, no se realizan las reformas laborales que permitirían incorporar millones de excluidos al mercado del trabajo.

Ese temor a efectuar una progresista y revolucionaria reforma impide el nacimiento de muchas fuentes nuevas de trabajo o la expansión de las existentes, así como la posibilidad de generar productos de alta calidad que puedan competir en el mercado mundial.

En nuestro lastimado continente se han realizado muchos experimentos políticos y económicos. Pero aún no se ha tomado conciencia de que ningún país progresa de manera sostenida con fórmulas caudillescas y populistas, porque el populismo necesita eternizar la miseria, mantener la limosna, el asistencialismo, la ignorancia y el fanatismo. Sin pobres ni ignorantes se acaban los caudillos y se acaba la limosna y se acaba el populismo.

Para que no haya pobres, en cambio, los políticos deben asumir que hacen falta cataratas de inversión nacional e internacional, como reciben ahora Irlanda, Estonia, China, Corea del Sur, Taiwán, Botswana, India.

El economista Milton Friedman, cuya figura crece como la del verdadero revolucionario de la libertad, dijo que para el crecimiento de un país hacían falta tres cosas: “inversión, inversión e inversión”.

Como era un científico que no se perdonaba ni sus propios errores –rasgo común de todo verdadero científico– dijo que tampoco la sola inversión alcanzaba, porque era proclive a ser distorsionada y terminar en sitios opuestos a los ansiados. Entonces se corrigió. Dijo que para el acelerado progreso de un país hacen faltan tres cosas: “Estado de derecho, Estado de derecho y Estado de derecho”.

América Latina, desgarrada entre sus opuestas tradiciones colectivistas e ilustradas, autoritarias y democráticas, debería echar una mirada a su interminable marcha de borracho.

Así como el argentino Alberdi aprendió de la Constitución de California (predijo que esa Constitución producirá más oro que todo el oro de sus minas, y no se equivocó), ¿no deberíamos aprender de los países que hasta hace poco fueron muy atrasados y ahora se elevan como cohetes espaciales? Tarea inexcusable para cualquier político honesto y ambicioso.

*Marcos Aguinis, escritor argentino, autor de numerosas novelas, cuentos y ensayos, ha sido galardonado con el Premio Planeta (España) y el Premio Fernando Jeno (México). Sus últimas obras son La Pasión según Carmela (Novela, 2008) y ¡Pobre Patria mía! (Ensayo, 2009). Este artículo fue originalmente publicado en La Nación del 7 de febrero del 2010.

UN COMENTARIO SOBRE LA DOLARIZACIÓN EN COSTA RICA

                                                                                                     Por Steven Hanke*

Mi “regla del 95 por ciento”—de que el 95 por ciento de lo que se dice o escribe sobre economía y finanzas es incorrecto o irrelevante— está viva y coleando en Costa Rica. El 28 de enero del 2010, el economista y candidato presidencial, Ottón Solís, afirmó que la dolarización de Costa Rica no contribuiría al desarrollo económico del país. Solís también dijo que, para dolarizarse, Costa Rica tendría que pedir prestados los dólares estadounidenses y pagar un interés del 8 por ciento sobre el préstamo.

Estas declaraciones de Solís son claramente falsas. Primero, consideremos el tema del desarrollo y el crecimiento económico. De acuerdo a las estadísticas oficiales, las tasas de interés en colones en diciembre del 2009 eran del 20,43%. Las tasas comparables en dólares eran de 10,57%. De tal forma, la dolarización disminuiría las tasas de interés en Costa Rica por la mitad. No hay que ser un físico nuclear para saber que la caída tan dramática en las tasas de interés y el costo del dinero que acompañaría a la dolarización impulsaría significativamente la economía costarricense.

Segundo, consideremos la viabilidad de la dolarización. De acuerdo a las estadísticas del Banco Central de diciembre del 2009, Costa Rica cuenta con activos netos externos que eran aproximadamente el doble de su base monetaria restringida en colones. Por lo tanto, Costa Rica cuenta con más que suficientes reservas extranjeras para dolarizar. La dolarización se puede llevar a cabo sin pedir prestado un solo dólar estadounidense. Mi experiencia de primera mano como Consejero Estatal y asesor del Presidente de Montenegro y como asesor del Ministro de Economía y Finanzas en Ecuador —dos países que dolarizaron sus economías exitosamente en 1999 y 2000, respectivamente— me permite afirmar con seguridad que Costa Rica podría dolarizarse 30 a 60 días después de que una ley de dolarización sea aprobada.

*Steve H. Hanke es profesor de economía aplicada en la Johns Hopkins University en Baltimore y académico titular en el Cato Institute en Washington, D.C. En este comentario del 4 de febrero del 2010 desmiente lo que dijo Ottón Solís sobre la dolarización en el debate de Canal 6 entre los candidatos a la presidencia de la República el día  28 de enero del 2010.

LA DECLARACION DE MOUNT VERNON

 EL LIBERALISMO CLASICO CONSTITUCIONAL:

UNA DECLARACION PARA EL SIGLO XXI

  Confiamos de nuevo en las ideas de los Padres Fundadores de los Estados Unidos. Por medio de la Constitución, los Fundadores crearon un marco duradero de un gobierno limitado basado en la regla de la ley. Buscaron asegurar la independencia nacional, brindar oportunidades económicas, establecer la verdadera libertad religiosa y mantener una sociedad floreciente bajo un autogobierno republicano.

Estos principios nos definen como un país y nos inspiran como un pueblo. Son responsables de que haya una nación justa y próspera como ninguna otra en el mundo. Son nuestros logros máximos, sirviendo no sólo como poderosos faros para todos quienes luchan por la libertad y buscan un gobierno propio, sino también como advertencias a los tiranos y a los déspotas en todo ámbito.

Cada una de estas ideas fundacionales en la actualidad se encuentra bajo un ataque sostenido.  En décadas recientes los principios de los Estados Unidos han sido minados y redefinidos en nuestra cultura, nuestras universidades y nuestra política. Las verdades evidentes en sí mismas de 1776 han sido suplantadas por la noción de que tales verdades no existen. El gobierno federal de hoy día ignora los límites que le impone la Constitución, la cual es crecientemente despreciada como obsoleta e irrelevante.

Algunos insisten en que los Estados Unidos deben cambiar, tirando lo viejo e imponiendo lo nuevo. Pero, ¿adónde conducirá esto –hacia adelante o hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo? ¿No es la idea de cambio una promesa vacía sino hasta un engaño peligroso?

El cambio que necesitamos urgentemente, un cambio consistente con el ideal de los Estados Unidos, no es un movimiento que nos aleje sino que nos acerque a nuestros principios fundacionales. En este momento tan importante necesitamos una reafirmación del liberalismo clásico constitucional, basado en el principio invaluable de un orden de libertad articulado en la Declaración de la Independencia y en la Constitución.

El liberalismo clásico de la Declaración afirma verdades evidentes en sí mismas con base en las leyes de la naturaleza y en el Dios natural. Defiende la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Determina el origen de la autoridad en el consentimiento de los gobernados.  Reconoce el interés propio del hombre pero también su capacidad por la virtud.

El liberalismo clásico de la Constitución limita los poderes del gobierno a la vez que se asegura que el gobierno lleve a cabo efectivamente su función propia. Refina la voluntad popular a través del filtro de la representación. Provee frenos y contrapesos por medio de las diversas ramas del gobierno y de la república federal.

Un liberalismo clásico basado en la Constitución une a todos los liberales clásicos por medio de una fusión natural brindada por los principios de los Estados Unidos.  Recuerda a los interesados en asuntos económicos que la moral es esencial para un gobierno limitado, a los interesados en los asuntos sociales que un gobierno ilimitado es una amenaza para un autogobierno moral y a los interesados en la defensa de la nación que un gobierno responsable pero energético es la clave para la seguridad de los Estados Unidos y su papel de liderazgo en el mundo.

Un liberalismo clásico constitucional basado en los primero principios brinda el marco para un agenda política consistente y significativa

·        Aplica el principio de un gobierno limitado basado en la regla de la ley a cualquier propuesta.

·        Honra el papel central que tiene la libertad individual en la política y la vida en los Estados Unidos.

·        Estimula la libre empresa, el empresario individual y las reformas económicas basadas en soluciones que brinda el mercado.

·        Apoya el interés nacional de los Estados Unidos en impulsar la libertad y en oponerse a la tiranía en el mundo y prudentemente considera lo que podemos y debemos hacer para tal propósito.

·        Instruye la firma defensa del liberalismo clásico a la familia, la vecindad, la comunidad y la fe.

Para que tengamos éxito en las críticas batallas políticas y sobre la formulación de políticas que yacen adelante nuestro, debemos estar seguros de nuestro propósito.

Debemos empezar retomando y defendiendo resueltamente el punto cimero de los principios fundacionales de los Estados Unidos

Febrero 17 del 2010

Firmantes:

Edwin Meese, Ex Ministro de Justicia de la Administración Reagan

Wendy Wright, Presidente de Mujeres Interesadas en los Estados Unidos

Edwin Feulner, Jr., Presidente de la Fundación Heritage

Lee Edwards, Miembro Distinguido en el Pensamiento Liberal Clásico en al Fundación Heritage

Tony Perkins, Presidente del Consejo para la Investigación sobre la Familia

Becky Norton Dunlop, Presidente del Consejo sobre Política Nacional

Brent Bozell, Presidente del Centro para la Investigación sobre Medios

Alfred Regnery, Editor del American Spectator

David Keene, Presidente de la Unión Estadounidense de Liberales Clásicos

David McIntosh, Cofundador de la Sociedad Federalista

T. Kenneth Cribb, Antiguo asesor sobre política doméstica del Presidente Reagan

Grover Norquist, Presidente de Estadounidenses Pro Reforma Tributaria

William Wilson, Presidente de Estadounidenses por un Gobierno Limtiado

Elaine Donnelly, Centro para la Alerta Militar

Richard Viguerie, Presidente de ConservativeHQ.com

Kenneth Blackwell, Coalición para una Mayoría Liberal Clásica

Colin Hanna, Presidente de “Dejad que la Libertad se escuche”

Kathryn J. López, National Review