PENSAMIENTOS DE LIBERALES

“…es necesario no pasar por alto el hecho de que detrás de la soberanía del rey filósofo se oculta el deseo de poder. El hermoso retrato del soberano no es sino un autorretrato. Una vez recobrados de la conmoción ocasionada por este descubrimiento, podremos contemplar ese imponente relato sin que –siempre que logremos fortificarnos con una pequeña dosis de ironía socrática-, nos vuelva a aparecer tan aterrador.  Así, comenzaremos a descubrir sus rasgos humanos  -en verdad, demasiado humanos-; podemos llegar, incluso, a sentirnos algo apiadados de Platón, que debió conformarse con establecer la primera academia, ya que no el primer reino, de la filosofía y que jamás pudo materializar su sueño, esto es la Idea soberana que se había formado de su propia imagen. Siempre fortificados por una buena dosis de ironía, podemos llegar a encontrar, incluso, en la historia platónica, una melancólica semejanza con aquella sátira inconsciente y sin intención de platonismo, esto es, el cuento del Ugly Dachshund, de Tono, el gran danés, quien se forma la Idea soberana del “Gran Perro” según su propia imagen (pero que al fin descubre, felizmente, que él es, realmente, el Gran Perro).

¡Qué monumento a la pequeñez humana es esta idea del filósofo rey! ¡Qué contraste entre ella y la simplicidad y humanidad de Sócrates, que se pasó advirtiendo al hombre de estado contra el peligro de dejarse deslumbrar por su propio poder, excelencia y sabiduría, y que tanto se preocupó por enseñar que lo que más importa es nuestra frágil calidad de seres humanos! ¡Qué decadencia, qué distancia desde este mundo de ironía, razón y sinceridad, al reino platónico del sabio cuyas facultades mágicas lo elevan por encima de los hombres corrientes, aunque no tan alto como para evitar el uso de las mentiras o para ahorrarse las tristezas del oficio médico: la venta o la fabricación de tabúes, a cambio del poder sobre sus ciudadanos.” Karl R. Popper, La Sociedad Abierta y sus Enemigos (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S. A., 1994), p. 156.

INFIERNO LLENO DE BUENAS INTENCIONES

                                                                                                   Por Carlos Federico Smith

Sé que escribir acerca del tema de los salarios mínimos no es tema fácil, en especial por ser un campo propicio para un análisis más propio del sentimiento que de la razón y porque, al menos los economistas, a veces somos aguafiestas para quienes emplean un análisis sensiblero como justificante de  opiniones que más que técnicas son políticas o ideológicas o bien para lograr un interés inmediato particular. Desnudar esta apariencia obviamente que no es bien vista por mercaderes de la sensibilidad social.

En esta ocasión me refiero a dos comentarios, uno el editorial del periódico La Nación del 6 de enero, que lleva por título “La Ley de Salarios Mínimos” y el otro un artículo de Miguel Gutiérrez, director del programa Estado de la Nación, aparecido en ese mismo diario el 20 de enero. Podría estar equivocado, pues en dicho medio los editoriales son anónimos, pero me parece que aquél puede haber sido escrito por el mismo señor Gutiérrez, de gran cercanía a ese medio, pues el editorial desde su inicio se deshace en alabanzas al informe del “Estado de la Nación”, por su “programa sorprendente” que, de seguirse, permitiría reducir la pobreza extrema del país a la mitad, pues para lograr  “semejante maravilla”, como dice el editorial, sólo basta con “exigir el cumplimiento universal de la Ley de Salarios Mínimos.”

Si no fue el señor Gutiérrez el autor del editorial de referencia, me imagino que tampoco lo fue alguno de dos destacados economistas quienes suelen escribir en ese medio, los señores Luis Mesalles y Jorge Guardia, pues su alta formación académica estoy seguro que los mantendría aislados de creencias deseadas o de ser movidas por el deseo (wishful thinking), y quienes más bien harían un buen análisis económico de los asuntos laborales. Si don Jorge o don Luis, alguno de ellos, fuera el autor de ese editorial, entonces sí acepto que a la propuesta se le otorgue el calificativo de “sorprendente” que le dio el editorial. Pero casi estoy seguro que no fue ninguno de ellos, por lo que me inclino por el señor Gutiérrez o bien por alguien quien no parece conocer mucho de análisis económico y sí de tentaciones demagógicas que suelen acompañar esas prédicas usual e irresponsablemente expresadas en términos de proteger a lo más pobres, cuando en verdad suelen terminar por afectarlos al máximo y muy directamente.

Vamos al meollo del asunto: lo que el editorial dice es que si la ley de salarios mínimos se pusiera en práctica –que según él “es un imperativo inmediato” el hacerlo- dado que en el país existen cerca de 600.000 costarricenses que el año pasado ganaron menos que ese mínimo, la pobreza del país, en vez de ser un 17.7%, habría sido de un 11.1% y que la pobreza extrema, en vez de un 3.5%, habría llegado a tan sólo un 1.5%. Por lo tanto, para resolver esa “inequidad” en la distribución del ingreso es necesario aplicar la ley de salarios mínimos.  Es más, como dice Gutiérrez en su artículo, “los salarios mínimos no es solamente un asunto económico es un asunto de derechos fundamentales”.

Ojalá fuera cierto que, con una política salarial de un salario mínimo por encima de su valor de mercado, fuera posible conservar el nivel de empleo que se tenía con un salario previo inferior, lo cual me imagino es lo deseable desde el punto de vista de los derechos fundamentales de los trabajadores: un nivel de empleo elevado con “salarios altos”. Así nirvana (el paraíso terrenal) sería posible: que no hubiera desocupación alguna y que los salarios fueran del nivel mayor que uno podría imaginar.  

Pero, maldición con esos “insensibles” economistas, a ellos se les ocurre decir que si el salario mínimo fijado es superior a los salarios vigentes en el mercado, lamentablemente el trabajador que desea encontrar trabajo a ese salario mínimo mayor no va a tener empleo. Esos economistas “deshumanizados” lo “deben” decir porque no les gusta que los pobres progresen y más les vale que ignoren lo que ha estado harto documentado en diversas experiencias en todo el mundo: si el salario mínimo se fija por encima del nivel de mercado, aumenta la desocupación.  Me imagino que, entre mayor sea esa disparidad, mayor será el efecto sobre el nivel de empleo.

Antes de hacer una explicación de lo que posiblemente ha sucedido en el mercado laboral costarricense ante la existencia de salarios mínimos, debo enfatizar el problema moral de quienes, empujados por su “gran sensibilidad social” proponen legislaciones de salarios mínimos por encima de los niveles de mercado en las economías.  Si bien quienes ahora con el salario mínimo más elevado encuentran un trabajo en donde ganan más (y supuestamente así es como bajarían los indicadores de pobreza de acuerdo con los editorialistas),  simplemente deben ser comparados con quienes ahora no ganan nada al quedar desempleados por esa medida de política laboral (habría trabajadores que quedan frustrados, pues no encontraron trabajo al salario más alto que fijó la ley, en tanto que, quienes al salario anterior, supuestamente más bajo, tenían trabajo, ahora quedaron desempleados). Eso lo ignoran olímpicamente el editorial y el artículo de referencia, al asumir simplemente que una legislación de salarios mínimos no provoca desocupación.

El comentarista Gutiérrez brinda una respuesta mágica: la evidencia empírica que dice tener, pero que no prueba. Escribe que “la política de salarios mínimos costarricense, en el muy largo plazo, es un caso que documenta el fortalecimiento de un mercado interno en la segunda mitad del siglo XX, que ha permitido combinar el bienestar de las personas con el crecimiento de la economía.”.

Esto suena muy bonito, pero lo que podría indicar es otra cosa muy distinta de lo que alega el analista: la política de salarios mínimos que Costa Rica ha puesto en práctica a lo largo de esta segunda mitad del siglo XIX se caracteriza porque la fijación de salarios mínimos no parece estar muy alejada de los niveles salariales que, de todas maneras, demanda el mercado. Es así como históricamente, excepto en períodos en que cayó violentamente la producción, como sucedió en 1979, al igual que en la actualidad, la tasa de desempleo en Costa Rica ha sido relativamente baja.

 Pensar que si aquí se fija el salario mínimo muy por encima del determinado en los mercados sin ocasionar desocupación, equivale a alegar algo así como que  la ley de la gravedad no funciona en nuestro país. Si en Costa Rica se fija un salario mínimo por encima de aquel determinado en el mercado, a lo que da lugar es al desempleo, aquí y en la Cochinchina. De otra manera, repito, aquí y en la Cochinchina, a lo que da lugar es a la desocupación, como lo vivimos en 1979 y en la actualidad. 

El comentarista Gutiérrez agrega “el crecimiento de la economía” como factor explicativo del crecimiento del mercado interno, en cuanto a su efecto sobre la demanda de mano de obra. Precisamente lo que esto implica es que aumente la demanda de trabajo (es una de las razones por las cuales algunos siempre tenemos en mente asegurar un crecimiento económico sostenido), lo que conduce a que haya salarios crecientes, lo cual permite acomodar una política de “salarios mínimos creciente” sin que haya dado lugar a altos niveles de desempleo.

En otras palabras: es el crecimiento de la economía lo que ha generado salarios crecientes y que la política de salarios mínimos propuesta por ciertos políticos ha sido irrelevante desde el punto de vista de los mercados, pues no han generado altos niveles de desocupación, aunque sí réditos electorales y tal vez algún grado de tranquilidad en las conciencias de los políticos. La mala decisión económica que se tomó no causó un gran daño pues aprobaron salarios mínimos que estaban muy cerca de los salarios crecientes que se demandaban en la economía.

Pensemos, por un momento, otro escenario alternativo. Supóngase que en efecto las políticas de salarios mínimos conducen a una disminución de la pobreza y que, tal como asevera Gutiérrez, es cierto que “existe evidencia histórica robusta para Costa Rica”, de que aquéllas no provocan un aumento en el desempleo.  Como no hay un monopolio (ni de La Nación ni del señor Gutiérrez) en el deseo de disminuir la pobreza en Costa Rica (en otras palabras, ni La Nación ni el director del programa del Estado de la Nación son los únicos que se sentirían muy felices si se redujera la pobreza general y la extrema en nuestro país), entonces, la solución al problema es muy, pero muy sencilla: simplemente lo que hay que hacer es aumentar los salarios mínimos en lo que fuere necesario (¡Usted escoja hasta cuánto!). Por ejemplo, sugiero pasar del salario mínimo mensual de los trabajadores de ¢156.625 en el 2009 al equivalente de los $10.000 mensuales que, supongo, podría ganar un director de periódico o de un programa internacional (aunque podría ser un monto aún mayor). Redondeemos ese nuevo salario mínimo mensual a ¢5.700.000 mensuales  (a mi me parece un monto muy “justo o digno”; pero no se si también a los directores de referencia).

Si la propuesta de salario mínimo que he sugerido no va a provocar un aumento en la desocupación, me imagino que así quedaría resuelto el problema de la pobreza que tanto aflige al editorialista y al  comentarista (y me imagino que también a todos los costarricenses que tengan corazón).  Al fin de cuentas, con llevar al absurdo el argumento del editorial y del comentarista, lo que me permite es exhibir la ignominia y demagogia de la proposición que hoy analizo.  Si no tuviera efectos negativos sobre los trabajadores empleados, la propuesta de reducir la pobreza mediante un aumento de los salarios mínimos no tendría problema alguno, pero en verdad resulta ser tan sólo la ilusión de un mal economista, de un economista metido a político o de un periódico que decidió tirar por la borda el conocimiento económico acumulado a través de muchas generaciones de estudiosos e investigadores.

Además de estas consideraciones generales a que me he referido, también es importante hacer algunas observaciones en torno a la situación actual de desempleo en nuestro país y con ello ubicar debidamente estas pretensiones del editorialista y del comentarista de referencia. 

De julio del 2008 a junio del 2009 la tasa de desempleo abierto pasó de un 4.9% a un 7.8% como resultado del menor crecimiento de la economía en ese lapso (y en general en todo el 2009). Este menor crecimiento económico se reflejó en una disminución de la demanda de mano de obra.  Conceptualmente, si se hubiera reducido el salario nominal (y en concreto el salario mínimo), posiblemente la tasa de desocupación no hubiera aumentado a esos niveles; sin embargo, es un hecho inimaginable desde el punto de vista político que el salario mínimo se puede reducir.

Lo que sí puedo afirmar es que, en muchas empresas, principalmente aquellas no ubicadas en zonas francas, aunque también en algunas que sí lo están, hubo despidos de trabajadores, mientras que en otras, por acuerdos internos e imbuidos en ideas de conservar la inversión en mano de obra incurrido por las personas y de las firmas, así como por solidaridad con compañeros de trabajo, muchos trabajadores aceptaron laborar menos horas e incluso ver reducidos temporalmente sus salarios a fin de conservar su empleo y el de algunos de sus compañeros.  Por ello es de esperar que, no por la “desvergüenza de quienes pagan salarios de miseria”, como dice el editorial de La Nación, se haya presentado una reducción en los ingresos de los trabajadores y que, en ese tanto, se diera un aumento de la pobreza, tanto general como extrema. 

De no haberse dado este episodio recesivo, tanto por razones externas como internas, el continuo crecimiento de la economía que se venía dando se habría mantenido y, por ende, no se habría presentado el aumento en la desocupación ya señalada, ni tampoco que se percibieran salarios inferiores a los mínimos.

Creo que el lector es consciente de que la solución a la pobreza no radica en “el fortalecimiento del equipo de inspectores” del Ministerio de Trabajo ni del “régimen de sanciones aplicables”, como argumenta el editorial del periódico de marras, sino que, por el contrario, está en incrementar los niveles de empleo y de salarios mediante una reactivación del crecimiento económico privado en el país, en mucho postrado por las malas políticas económicas que el gobierno ha proseguido en tal sentido. Hasta el momento el crecimiento del desempleo se ha logrado compensar en algo por la demanda de trabajo en las zonas francas, las cuales gozan de un sistema tributario que no desincentiva la recuperación, así como por un aumento en la demanda de empleo en el sector público, pero que, al no ser algo temporal adaptado a una crisis de idéntica naturaleza, sino de una contratación fija y atemporal, lo único que va a generar es un mayor déficit que tendrá que ser compensado en un futuro cercano con más impuestos. Estos causarán una mayor retracción del crecimiento de la economía y del empleo privados en el país.

El abuso del editorial de La Nación y del artículo del señor Gutiérrez, al ignorar fundamentos de economía que ni siquiera sería aceptable de un estudiante primerizo, tal vez podría ser refrenado si se tuviera muy presente aquella expresión popular de que de nada sirve una mente ardiente si se tiene un corazón frío y sustituirla por otra frase mejor: tener una mente fría con un corazón ardiente.  Lo que se ha expuesto señala la gran injusticia que se haría contra los más pobres y los que quedarían desocupados, si se siguieran las sugerencias represivas que proponen el editorial y el artículo bajo comentario.

Las buenas intenciones no pueden ser una justificación adecuada para hacer llamados a favor de adoptar políticas económicas que dañan en última instancia y de forma grave a quienes se pretende ayudar y proteger; en este caso, los trabajadores de ingresos relativamente menores.  Ello sucede con la legislación sobre salarios mínimos cuando de verdad se pone en práctica y no se usa tan sólo para cubrir las apariencias.

EN DEFENSA DE LOS DESEMPLEADOS

                                                                                                                Por Luis Loría*

El asumir como propia la lucha por defender las “conquistas de los trabajadores” y exigir la fiscalización rigurosa, por parte del Estado, del pago del salario mínimo—considerado por muchos como un precio justo por el trabajo—es algo muy popular (¿populista?). Esto convierte a los abanderados de esa cruzada en “amigos de los trabajadores”. El que cuestione la conveniencia de esto sería denunciado, por supuesto, como “enemigo de los trabajadores”.

Antes de aplaudir y apoyar la noble causa de la defensa de un salario justo, se hace necesario reflexionar acerca del impacto sobre el empleo y la pobreza que tendría la aplicación de las recomendaciones de lo que el editorial “Ley de Salarios Mínimos” (La Nación , 06/01/2010) presentó como “…un programa sorprendente para rebajar en más de la mitad el índice de pobreza extrema y en mucho más de un tercio los indicadores generales de pobreza.”

Aunque duela decirlo, y para muchos digerirlo, la pobreza no desaparecerá, como por arte de magia, gracias a la intervención del Estado. En los casos en que eso se ha intentado, la genialidad de la planificación central de la economía ha generalizado la pobreza, no la riqueza. Ejemplos cercanos y recientes sobran: Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Esto para no refrescar la memoria acerca del fracaso del experimento soviético antes de la caída del muro de Berlín.

De acuerdo con el editorial y el Estado de la Nación, “Semejante maravilla [la reducción del índice de pobreza] pudo haberse logrado, además, sin recurrir a las arcas del Estado para repartir dinero público. Bastaría, según el bien documentado informe, exigir el cumplimiento universal de la Ley de Salarios Mínimos.” Esa alegre conclusión—en defensa de las “conquistas de los trabajadores” y que permite denunciar una grave injusticia que prevalece en el mercado laboral—descansa sobre un supuesto crucial: es factible pagar a todos los empleados actuales el salario mínimo que establece la Ley y, al mismo tiempo, mantener a todos ellos trabajando (el mismo nivel de empleo). Ese supuesto crucial no se ajusta bien a la realidad y, por lo tanto, la conclusión se torna sospechosa.

La intervención del Estado para fijar y exigir la aplicación de un salario mínimo solamente contribuiría a incrementar el desempleo y, por ende, la pobreza. Es un caso claro de cómo una “conquista de los trabajadores” (privilegio para los empleados) se convierte en un obstáculo para reducir el desempleo (perjudica a los desempleados y a quienes perderían el empleo como consecuencia de la medida).

En lugar de proponer la adopción de medidas inviables para reducir la pobreza, se deberían eliminar las distorsiones que evitan la reactivación económica y la generación de empleos en Costa Rica. Es hora de defender a los desempleados.

*El Dr. Luis Loría es miembro de la Junta Directiva de ANFE. Este artículo fue publicado en La Nación del 12 de enero el 2010.