AL PODER POR MEDIO DE LA DEFRAUDACIÓN 

Por César A. Jaramillo Gallego*

Con la amargura que causa ver el deterioro permanente del futuro con base en las noticias y reportes que desbordan los medios de comunicación, cuando, en contraste, la mayoría de la gente se sigue esforzando día a día por progresar y ser mejores, no queda otro remedio que opinar y transmitir un vaticinio que se antoja lógico y racional, aunque de él se derive un dolor como el que sintió Casandra, aquella de una versión del mito griego que, al volver de la muerte, conocía como un hecho su triste futuro y el de los demás: La historia moderna la están escribiendo los ladrones, los defraudadores de la confianza, los criminales y los delincuentes.

Efectivamente, no hay que ser adivino ni genio para darse cuenta que las capturas de Madoff y de Stanford no guardan proporción con los daños al sistema financiero, que despedir a los ejecutivos de Fannie May y Freddie Mac no basta para corregir el problema inmobiliario norteamericano y que la pérdida de bonificaciones de algunos ejecutivos en Wall Street no es castigo suficiente para la magnitud del perjuicio causado. 

La situación fiscal y financiera internacional que vivimos tiene responsables y tiene ganadores. En el mundo, y especialmente en los Estados Unidos de América, hace falta individualizar y penar, con cárcel y confiscación de bienes mal habidos, a aquellos que han empobrecido a miles de millones de personas, no sólo en el presente, sino en el futuro, cuando las consecuencias de los excesos tengan que pagarse con impuestos. Muchos de tales ganadores están escondidos, junto con sus millones, quizá algo devaluados, en medio del promedio y no sólo son norteamericanos, sino europeos, asiáticos y latinoamericanos, no se salvan árabes y judíos; ¡Esta vorágine de aprovechados es de lo más democrática y pluralista, como los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol!

Lo que vive hoy la Humanidad entera, desde China hasta África, pasando por cada rincón del orbe, al perder mercados y empleos, al retrasar el crecimiento y acrecentar la pobreza, entre otros males, es el producto de una gran estafa. Es importante buscar los mecanismos e instituciones para evitar su recurrencia, pero además hay una factura pendiente que debe pagarse. No se percibe que las autoridades hayan hecho, hasta ahora, un verdadero esfuerzo por encontrar y procesar a los culpables y por lo tanto, tampoco hay resultados concretos, con unas pocas excepciones.

Efectivamente, hay recursos financieros, bienes inmuebles y todo tipo de valiosos activos en manos de los criminales que hace años lanzaron al mundo en una espiral de negocios fraudulentos, dentro de los cuales la burbuja del mercado inmobiliario norteamericano, sus fallas regulatorias y su contaminación a nivel de bancos y otras entidades financieras es sólo una parte. Es moral y perfectamente lógico recuperar esos bienes robados y utilizarlos para, al menos en parte, resarcir a las víctimas de los daños causados. Esto no es doctrina, sino simple lógica humana. Las autoridades alemanas levantaron un polvorín sobre los dineros ubicados en pequeños países europeos evadiendo responsabilidades fiscales, pero este movimiento no se generalizó.

Hoy en día siguen en pie mecanismos que capturan las rentas ajenas sin creación de valor en los denominados “mercados de derivados” que son tanto de tipo financiero como relacionados con metales preciosos y materias primas básicas. Ellos reciben nombres elegantes como “hedge funds” o mercados de opciones,  y otros más pedestres como “time sharing”, o tarjetas de crédito, entre otros. También hay extracciones de rentas no competitivas, cuasi compulsivas, en productos farmacéuticos, y en las compras gubernamentales de equipo bélico, entre otros muchos ejemplos de enriquecimiento inmoral en mercados mal regulados. Esta inapropiada e ineficiente asignación de los escasos recursos ha relegado a un segundo plano los “fundamentales” de la microeconomía, que son la fuerza y elasticidad recíproca de la oferta y la demanda, dándole el protagonismo en la determinación de los precios a las fuerzas denominadas “modificantes” o al propio marco institucional, flaco favor al sistema de precios, porque en vez de aumentar la competencia, la reducen, lo mismo que enturbian o sesgan la información, en vez de hacerla accesible y veraz.

Así las cosas, en muchos casos se han definido reglas en los mercados que generan dinámicas contrarias al bienestar general. Los principios y supuestos de la economía hacia el bienestar, la que propende al bienestar, no se siguen, se les considera despectivamente “economicistas”, enarbolando otro juego de valores y de reglas, por medio de los cuales se pretende consumir sin producir, invertir sin ahorrar y en definitiva disfrutar de bienes sin pagar por ellos.

Algunas señales claras de esta estafa son evidentes: La cotización del dólar respecto del euro y el yuan, entre otras monedas, no ha caído en proporción con el deterioro de los flujos de bienes y la productividad disminuida de los factores de la producción, mucho menos descontando los efectos de mediano y largo plazo sobre el ingreso disponible y el consumo permanente que tendrá la actual crisis. De forma similar, muchos de los líderes mundiales en cuyas economías se ha producido esta estafa mundial siguen propiciando un ajuste a medias, sin entrar a buscar dentro de su propio país los recursos que salvaguarden un orden económico y financiero prudente y estable; más bien, intentan transferir a otras economías y a otras generaciones el impacto de la crisis, comprando tiempo mientras pasan el temporal con paliativos, como los programas de socialización de las pérdidas, que “salvan” a los gigantes bancarios, bursátiles, industriales y comerciales, dejando a los hogares y a las pequeñas empresas derivar y naufragar a su suerte.

En nuestra pequeña Costa Rica tenemos ejemplos dentro de la historia económica del siglo pasado que ilustran con precisión lo que vive y vivirá el mundo en el futuro. Cuando en los años setentas, como forma de acelerar el desarrollo, se suplantó a la iniciativa privada por la pública en la creación de empresas en muchos mercados bajo la ignominiosa Corporación Costarricense de Desarrollo, S. A. (CODESA), se nos dejó una herencia de deudas y subdesarrollo que aún hoy, cuarenta años después, no hemos terminado de pagar y es la causa principal de la debilidad estructural de nuestro Banco Central, uno de los pocos del mundo que trabaja con pérdidas. Esto tiene grandes efectos sobre la gente, porque redunda en que el país tiene una tasa de inflación relativamente alta y persistente, y una pérdida del poder de compra de la moneda nacional en términos de bienes extranjeros continua y constante, que reduce la riqueza nacional al devaluar el flujo productivo doméstico.

Por otro lado, muchos de los expresidentes, diputados, ministros y gerentes de aquellas empresas públicas creadas y manejadas en los años setentas del siglo pasado todavía hoy gozan de posiciones de privilegio dentro de nuestra sociedad, disfrutan y hasta parcelan y heredan a sus hijos los frutos de aquellos negocios espurios. Son hoy en día líderes políticos, desarrolladores inmobiliarios, industriales y banqueros de prestigio, mientras el común de la gente sigue mansamente pagando la factura de los desmanes y las secuelas del endeudamiento exagerado de aquella época. ¿Qué le contarán a sus hijos y nietos cuando les explican de dónde salió la finca tal o la empresa cual? Dirán quizá que es el fruto de su esfuerzo, que las historias del Grupo PROIN son un invento, lo mismo que los millones mal habidos de Vesco, por medio de los cuales se compraron conciencias y grandes propiedades.

Nuestra “adelantada” Costa Rica vivió plenamente los efectos de la “ruleta rusa” que jugaron, con recursos públicos, ciertos hermanos chilenos con recursos públicos nacionales. Las pérdidas del Banco Anglo, como las del descalabro de las financieras, en la anterior administración del actual Presidente de la República, siguen allí, mientras las causas penales y civiles por los créditos no pagados con los que se amasaron fortunas ya han prescrito, mas no sus efectos, que siguen presentes en la contabilidad del sistema bancario, generando menor crédito a tasas de interés más altas, privilegiando la fuga del ahorro nacional de largo plazo hacia otros países. Aquellos mal llamados empresarios, entre tanto, poseen los bienes que obtuvieron con el tráfico de influencias sin pagar, mientras que otros miles de pequeños ahorrantes que perdieron el fruto de su esfuerzo siguen con su sed de justicia insatisfecha, quizá resignados, pero dolientes.

Tres de nuestros últimos cuatro presidentes han sido denunciados por actos de corrupción, dos de ellos ventilan en sede judicial causas penales. El más reciente expresidente vivió y sorteó, con elegancia histriónica notable, los sonados casos sobre contribuciones extranjeras a su campaña y a su gobierno y el actual Presidente de la República lleva a cuestas escándalos de sus subalternos que rayan en el delirio: Cenas imperiales, robo de la plata de la emergencias por desastres naturales, desvío de fondos destinados originalmente a los pobres para pagar consultorías millonarias, y el robo en sede pública de cocaína recién incautada, entre otros terribles episodios de corrupción.

En todo esto hay una constante: Tanto en esta Costa Rica de los últimos treinta o cuarenta años, como en el génesis de la crisis económica y social mundial actual impera la impunidad y ello no solo mantiene sino acelera la descomposición social. Por mucho que se afanen los tribunales y los abogados en negarlo, el proceso defrauda a la víctima y da ventajas al infractor; ya ni siquiera se celebran juicios, en el sentido real de la palabra, sino que debe probarse hasta la saciedad lo fáctico, dejando nula capacidad de discernimiento al así llamado juez, que no es tal sino un ensamblador de la prueba. Los culpables y sentenciados lo son entonces por brutos y no por malvados.

Honoré de Balzac, célebre abogado y escritor francés del siglo XIX escribió: "Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas." Tal parece que habla de nuestro país y nuestro tiempo. En los planos económico y social mucho bien haría a la sociedad que se persiguiera y condenara a quienes, con su conducta disoluta, sus empresas y gobiernos sin fundamento y sus esquemas piramidales, arruinaron a miles y a millones, tanto en nuestro adorado terruño como a nivel planetario. Sólo por medio de sentencias y castigos será posible enseñar a nuestros hijos que no sólo es moralmente condenable el crimen, sino que además no paga… sólo así podremos callar la dura sentencia del francés antes mencionado que se atrevió también a proclamar: "Detrás de cada gran fortuna hay un delito."

Si esta tendencia no se corrige, el sistema basado en la confianza y en la ley colapsará y todo lo que hoy nos parece malo y punible será la norma. ¿Cuánto más habrá que esperar para que los policías honrados no tengan que humillarse por el crimen de sus compañeros deshonestos, para que los delincuentes recurrentes no sean liberados por jueces ineptos o corruptos y se confunda e intimide a las víctimas y a los testigos con el agravio de vivir con el temor de las represalias?

Costa Rica, que ha ido adelante en tantas cosas buenas a lo largo de su historia, que también ha sufrido antes y más que muchos el flagelo de la corrupción, tiene un deber de dar el ejemplo y devolverse a sí misma la tranquilidad y la paz por el imperio de la ley y el orden, castigando a los transgresores de nuestros valores y a quienes atentan contra nuestra vida y bienes.

La consecuencia de no hacer esto bien y pronto es que se aplique a nuestra nación aquella triste sentencia que la madre del rey árabe le espetó a la vista de su perdida ciudad de Granada: “No llores como mujer lo que no supiste defender como hombre", frase que hoy puede resentir el moderno sentido de igualdad de los sexos, pero que expresa con claridad lo que otra sociedad preclara, la andaluza de los nazaríes, perdió por su debilidad para defender su supervivencia. Hoy la fortaleza del hombre y la mujer se mide por su carácter y sus acciones. Un medio razonable y civilizado para hacer valer nuestra posición sobre este asunto vital es la elección de nuestros próximos gobernantes. Afortunadamente ya no tendremos como posible candidato a quien cree fervientemente que tan graves problemas se resuelven con la descentralización y con policías municipales, pero habrá que escrutar severamente a los restantes, para que en sus propuestas a la ciudadanía esté contenido el capítulo del rescate de los valores nacionales con suficiente contenido y grado de coherencia con su actuar pasado como para que sea creíble; más aún, habrá que pedirles algún tipo de garantías sobre la veracidad de su discurso, asunto en el que, hasta el momento, nuestro sistema democrático ha sido poco eficaz. 

La institución de la quiebra, lo mismo que la censura al gobierno y el castigo pronto y cumplido a los criminales son todos parte de un mismo paquete de ideas consustanciales al éxito empresarial, a la probidad de los gobernantes y la tendencia de una sociedad hacia el bien. Habrá que decidirse y actuar pronto… o en su defecto enseñarle a nuestros hijos a salvarse como puedan.

* César Jaramillo Gallego posee una maestría en Economía y es asociado de ANFE.

EL ORIGEN DE LA BANCA CENTRAL Y LAS BANDAS CAMBIARIAS

Por José Joaquín Fernández *

En estos tiempos de crisis económicas y donde el presidente de los EE.UU. anuncia la mayor reforma al sistema financiero de la historia desde la década de los 30’s, es importante cuestionarse sobre el origen y papel de la institución financiera más influyente en dichos mercados: La banca central.  

Un sinónimo de banco central es instituto emisor porque esta es la función propia de un banco central. Si usted toma un billete en colones cualquiera, se dará cuenta que tiene la firma impresa de la institución que lo emitió: Banco Central de Costa Rica (BCCR). Si toma un billete denominado en dólares de los EE.UU. se dará cuenta que dice “Federal Reserve Note”.

 La creación de la banca central tiene origen muy reciente. Por ejemplo, la Reserva Federal de los EE.UU. (el Banco Central de los EE.UU. conocida comúnmente como la FED) fue creada apenas en 1913, esto es, hace menos de cien años. En el caso de Costa Rica, el BCCR nace en 1950. Una característica del dinero emitido por el gobierno, o la banca central, es que es dinero fiduciario; es decir, es dinero emitido SIN respaldo alguno y cuyo valor es a pura “fe”.

 Antes de la creación de la banca central, la emisión de billetes o dinero era privada. Este dinero, en general, era oro y por tanto, los bancos privados solo emitían billetes según la cantidad de oro (o respaldo) que tuvieran depositados en sus bóvedas. No existía tal cosa como dinero fiduciario en la banca privada. La cantidad de oro era la restricción a la emisión. Cuando bancos privados emiten dinero de esta manera, sin más autoridad reguladora que ser sometidos a la más dura competencia, es lo que se conoce como Free Banking. En siglos pasados este sistema resultó ser mucho más estable que aquellos en donde hubo regulación e inicios de banca central, según las conclusiones de los estudios realizados por el profesor Lawrence White (1).  En Costa Rica, incluso, la Ley de Bancos de 1900 permitía la libre emisión de dinero por parte de cualquier banco privado. La única condición fue que la emisión privada de dinero tuviera respaldo en oro.

Existe una corriente en economía llamada “Public Choice”, (cuyo máximo exponente es James Buchanan quien fue galardonado con el premio Nobel en economía en 1986) que sostiene que los gobiernos siempre actúan en interés propio de quienes gobiernan y que es de inocentes aspirar a un gobierno que busque el bien común. Siguiendo este principio, los gobiernos vieron que podían incrementar el gasto público si prohibían la emisión privada, monopolizaban la emisión de dinero y rompían el ligamen del mismo con el oro. Esto es así porque el ingreso que se obtiene por imprimir dinero se llama señoreaje y, en el caso de la impresión de dinero fiduciario, es decir sin respaldo en oro, consiste en la diferencia del valor que expresa un billete y el costo de su impresión. Por ejemplo, si un billete de ¢10,000 costó imprimirlo ¢100, la institución emisora se gana ¢9,900. La emisión de dinero privado sin respaldo siempre fue ilegal y considerada un delito de falsificación. Por tanto, querámoslo o no, la creación de la banca central no es más que el gobierno mismo autorizándose a falsificar dinero sin ir a prisión. En otras palabras, el origen de la banca central es perverso cuyo origen no tiene más que razones fiscales (2).

No obstante, la emisión excesiva de dinero es la ÚNICA causa de la inflación en Costa Rica y en cualquier parte del mundo. En Costa Rica, por ejemplo, mientras que la inflación promedio anual ha sido del 18% desde 1980 hasta el 2008, el crecimiento del dinero ha sido del 20% anual para el mismo periodo. Ante este ejercicio totalmente irresponsable por parte del BCCR en el control del crecimiento de la cantidad de dinero en circulación, los costarricenses se han ido refugiando de la inflación cada vez más en el dólar de los EE.UU. Es por esto que actualmente más del 50% de la riqueza financiera de Costa Rica se encuentra en dólares estadounidenses.

El gobierno de Costa Rica pierde cada vez más señoreaje con la dolarización y por lo tanto no le conviene. Es decir, entre más sustituya el agente privado al colón por el dólar, la misma emisión monetaria por parte del BCCR en colones, genera más y más inflación.

El gobierno quería recuperar el señoreaje perdido y tuvo la ocurrencia de introducir las bandas cambiarias en sustitución del sistema de minidevaluaciones. Es sabido que uno de los objetivos del BCCR al introducir las bandas cambiarias era precisamente generar incertidumbre cambiaria. Con ello, se retrasa el proceso de dolarización natural de la economía costarricense y el gobierno puede seguir explotando el señoreaje en colones por más tiempo. Es un mito creer que estamos en un proceso de liberalización por cuanto el BCCR sigue interviniendo el tipo de cambio y es probable que haya intervenido más en este proceso de bandas cambiarias que lo intervenido bajo el sistema de minidevaluaciones. También es absurdo hablar de liberalización del tipo de cambio mientras no exista libertad absoluta para comprar y vender divisas al punto que cualquier puesto de ventas callejera pueda ser a la vez una casa de cambio.

Tampoco es cierto que las bandas cambiarias sean un paso necesario para acabar con la inflación por cuanto el BCCR siempre ha tenido la soberanía absoluta de la emisión de dinero. Si el BCCR hubiese mantenido, desde la década de los 70’s, una emisión monetaria consistente con el crecimiento de la producción nacional, no habríamos tenido inflación, el tipo de cambio podría ser en este momento de C8,60 y podríamos conseguir, todavía, “tres confites por un cinco”.

La introducción de las bandas cambiarias es otro ejemplo del gobierno actuando en beneficio propio. Mientras que el pueblo costarricense se refugiaba cada vez más de la inflación del colón en una moneda fuerte como el US$, el gobierno solo veía que perdía señoreaje con el colón y decide introducir incertidumbre cambiaria como una estrategia para revertir los procesos naturales de dolarización. En otras palabras, la creación de la banca central nace para apropiarse del señoreaje y la introducción de las bandas cambiarias tuvo el intento de recuperar dicho señoreaje.

En estos momentos que se anuncian cambios profundos en los sistemas financieros, la discusión no debe ser en torno a los distintos regímenes cambiarios o a metas de inflación sino a la existencia misma de la banca central. La discusión debe sobre cómo cerrar el BCCR y emular el sistema monetario panameño que ha sido ejemplo de estabilidad monetaria y solidez financiera no solo para América Latina sino para el mundo entero.

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(1) White, Lawrence (1989): COMPETITION AND CURRENCY: Essays on Free Banking and Money. New York University Press.

(2) Smith, Vera C. (1936): THE RATIONALE OF CENTRAL BANKING and the free banking alternative. Liberty Fund. Indianapolis, EE.UU.  

LA REGULACION Y EL COSTO DE LA VIDA

   Por Mario Brenes Rímolo*

La periodista Patricia Leitón de La Nación, establece en un artículo publicado en la edición del pasado 15 de junio, (http://www.nacion.com/ln_ee/2009/junio/15/economia1995123.html) una relación entre el alto costo de la vida y la fijación por ley de precios o tarifas de algunos servicios públicos como la electricidad, el transporte colectivo de personas y otros. Ella demuestra que, los servicios regulados por ley no han contribuido a reducir el costo de la vida de las personas de medianos y bajos ingresos principalmente, si no, al contrario, lo han incrementado, como el caso de la electricidad en un 30%. Este análisis debe invitarnos a revisar políticamente si la regulación beneficia o perjudica la economía de las personas. Debemos preguntarnos si el Estado es capaz, por ley, de conciliar costos de producción (eficiencia) con rentabilidad y bajas tarifas de los servicios, sobre todo cuando el servicio es ofrecido por un monopolio. Este caso explica claramente que la economía de mercado basada en la competencia y dominada por la libertad de escoger de las personas es más social que los mercados monopólicos con precios y tarifas fijados por ley. Esto es así porque la competencia exige eficiencia, alta calidad y precios o tarifas atractivas para el consumidor o el usuario. Quién determina la calidad de la gestión de los servicios públicos, un ente regulador público? Quién  garantiza la veracidad de las tarifas, es decir, son estas realmente el reflejo de una estructura de costos proporcional a la calidad o eficiencia de los servicios o reflejan más bien el costo adicional de la deficiencia, el derroche y la voracidad fiscal del Estado. (Impuestos encubiertos).

Más libertad y mejor calidad. Los liberales tenemos razón cuando decimos que la competencia es social porque beneficia al usuario y al consumidor con mejores precios o tarifas y mejor calidad en los bienes y servicios. No solo la libertad de escoger sino la posibilidad de obtener un beneficio tangible en la reducción de las tarifas son dos consecuencias directas, entre otras, del libre mercado. Los servicios monopolizados son fines en sí mismos divorciados del interés y los derechos de las personas. Imponen a la fuerza un tipo de calidad y las tarifas que quienes administran el Gobierno piensan que son las adecuadas, generalmente para los intereses del monopolio o del sector prestatario del servicio como es el caso de las empresas de transporte público.

En conclusión, debemos seguir impulsando políticas orientadas a desmonopolizar los servicios públicos y a desregular la mayoría de ellos o en última instancia a sugerir una regulación apegada a la realidad del mercado pensando en mantener la rentabilidad del servicio fundamentada en criterios de eficiencia y calidad y en el beneficio del usuario. No podemos seguir pagando el costo de la burocracia improductiva y de las distorsiones económicas de la gestión pública.

HIPOCRESIA Y DOBLES ESTANDARES

                                                                                                     Por Humberto Belli Pereira*

 Los presidentes de la “izquierda” latinoamericana, están indignados por el rompimiento del orden legal en Honduras. En sus discursos y encendidas declaraciones deploran  el uso de la fuerza bruta para dirimir controversias, condenan el irrespeto a la ley, y abogan por restablecer de inmediato la democracia y el estado de derecho en dicho país.

 Es bueno que los presidentes latinoamericanos expresen en forma ardorosa su defensa del principio legalidad y alcen banderas a favor de la democracia. Si cada vez que esta fuese amenazada, miles de voces y voluntades levantaran la voz y el puño para defenderla, el sol de la libertad brillaría en América Latina.  

Lo malo son las credenciales de quienes hoy rasgan sus vestiduras ante la acción de los militares hondureños. Raúl Castro, junto con su hermano Fidel, es coautor de la tiranía más antidemocrática de América.  Los hermanos Castro han asesinado más de mil cubanos en el paredón y condenado a 27 años de cárcel a disidentes que no han hecho mayor crimen que criticarlos. En Cuba se han violado todos y cada uno de los derechos consignados en la Carta de la OEA y la declaración de los derechos humanos de las Naciones Unidas. En cierto sentido, Cuba vive un golpe de estado permanente que lleva cincuenta años, y cuya duración se explica no por el consenso de sus ciudadanos, amordazados, sino por la fuerza bruta de un estado policial ilegítimo. 

 Daniel Ortega, el anfitrión de este evento, robó en Noviembre las elecciones municipales nicaragüenses, perpetrando también una especie de golpe de estado a nivel local, al usar la fuerza del estado para arrebatar el poder a alcaldes electos por el voto popular y dárselo a usurpadores. Hugo Chávez, el dictador venezolano que aspira a perpetuarse en el poder,  cierra cada día más espacios a la libertad de expresión, persigue a sus opositores y ha sido el principal destructor de la institucionalidad democrática de su país.

 Son muchas las cosas chocantes de los dirigentes de la izquierda autoritaria latinoamericana; su desprecio por la ley, su intolerancia, su falta de escrúpulos, su ignorancia económica, la manipulación de los pobres, etc. Pero ninguna es tan repugnante como su hipocresía. Es curioso que en el Nuevo Testamento Jesús reservara sus términos más enérgicos contra los hipócritas; esos “sepulcros blanqueaos” que dicen una cosa y hacen lo opuesto, que fingen falsas indignaciones, que cubren con un manto de bondad y rectitud sus podredumbres. La hipocresía es nefasta porque subvierte la verdad y la razón.

 La indignación de los ALBA-presidentes es selectiva y llena de ironías. Chávez llama salvajes y gorilas a los generales golpistas hondureños por intentar desplazar con la fuerza de las bayonetas a un presidente constitucional, obviando que el mismo, en 1992, intentó deponer con un golpe de estado al entonces presidente constitucional de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. En la visión y semántica de estos dirigentes, gorilas son los militares que actúan contra presidentes de izquierda; quienes lo hacen a favor de la izquierda son libertadores o revolucionarios. Chávez, Ortega, Castro y compañía, no se indignan por la ruptura de un orden constitucional, sino porque la víctima del mismo es uno de ellos; un Mel Zelaya igualmente despectivo de las leyes e instituciones democráticas de su país.

 Es irónico también que los ardientes defensores del socorrido principio de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, con lujo de prepotencia quieran dictarles a los hondureños quién es su presidente, en lugar de permitir que lo hagan las legítimas instituciones de dicha república. Para los ALBA-presidentes, intervencionista es el extranjero que osa criticarles a ellos sus políticas. Cuando son ellos los que condenan, amenazan, o intervienen en los asuntos internos de otros estados, no hay injerencismo, sino “solidaridad latinoamericana.”  

El problema es que lo maestros en el arte de la doblez tienen a su favor la capacidad de aturdir a sus audiencias y manipular los sentimientos de personas más nobles. En su reciente teatro  han tenido la fortuna de hacer coro con demócratas de mejores credenciales que, como el presidente Arias de Costa Rica, se han sumado a la condena del golpe militar. Pero al menos Arias, Lula o Bachelet, tienen en su haber el ser gobernantes respetuosos de la institucionalidad y la democracia representativa. Como tales tienen derecho a reclamarles a los generales hondureños las violaciones al proceso legal. Lástima que al unir sus voces con quienes no comparten sus convicciones, otorguen a estos un manto de legitimidad que no merecen y erosionen el ideario democrático. Ojala despierten los verdaderos demócratas de América para que un día, los hipócritas que hoy esgrimen el dedo acusador, como fiscales, ocupen el banquillo de los acusados.

 *El autor es miembro del Concejo Editorial del Diario La Prensa de Nicaragua