Asociación Nacional de Fomento Económico ANFE 

Boletín Febrero del 2009

 

Mensaje de la Presidencia de ANFE 

Pensamientos de liberales

Columna Libre La crisis actual y el libre comercio - Carlos Federico Smith

Plan B frente a la crisis - Luis E. Loría

No le creo al Banco Central - Luis E. Loría

Enmiendas al Plan Escudo - Luis E. Loría

¿Orando por qué? - Andrés I. Pozuelo A.

El credo liberal - Carlos Alberto Montaner

 Moving Beyond the Fake Stimulus: Reviewing Policies that Produce Real Growth - Daniel J. Mitchell

Novedades en el sitio web de ANFE

¡NUEVO! Columnas de ANFE del mes de febrero del 2009

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DE ANFE

 

Hemos empezado bien nuestras actividades de este año: el seminario “Lecciones de Tres Grandes Crisis Económicos”, que se realizó el pasado 26 de de febrero, contó con una asistencia de más de 70 personas, lo cual nos complació mucho y, creo, estimuló a los expositores, quienes brindaron charlas que el público consideró como muy útiles para entender cuáles podrían ser las políticas apropiadas para un momento de crisis. El siguiente paso en este esfuerzo de ANFE por introducir una discusión racional sobre el tema es la confección de un folleto que contenga las exposiciones de este seminario, el cual una vez listo estará a disposición de los asistentes a tal reunión, así como para el público en general.  Pero, claro, elaborar dicho trabajo tomará algún tiempo, por lo cual solicitamos algo de paciencia para quienes, para nuestra satisfacción, ya han solicitado una copia de las charlas.

Para el jueves 26 de marzo ANFE realiza el primer foro de este año, el cual se titula “¿Debe reducirse el encaje bancario?, con el expositor Lic. Gerardo Corrales, gerente del BAC San José y persona profundamente conocedora de estos asuntos.  Estos foros son abiertos al público y dado el cupo limitado de que disponemos, se ruega confirmar su asistencia a los teléfonos de ANFE 2253 4460, 2224 7350 y 8376 1947 o al fax 22534497 o bien a nuestro correo electrónico anfe@anfe.or.cr  La entrada es gratuita. Les tendremos debidamente informados respecto a esta actividad.

Parte de la función de ANFE es brindar cursos educativos. Nuestro ex Director y asociado de ANFE, el Lic. Adrián Brenes brindará el Curso “Cuarto Privatseminar sobre la Escuela Austriaca de Economía”. Este se celebrará todos los martes desde el 14 de abril al 30 de junio del 2009 en un aula de la Universidad de Costa Rica (la cual se comunicará oportunamente), de seis a nueve de la noche (con un refrigerio a media sesión). Requisito indispensable s la lectura en inglés y el costo es gratis para los participantes.  Se pueden inscribir con Olga Sánchez en los teléfonos de ANFE mencionados en el párrafo inmediato anterior.

Asimismo, este servidor impartirá el curso “La Inflación: la presunta inocencia del Banco Central,” tema de enorme importancia en la economía costarricense durante los últimos años y sobre el cual siempre hay un gran debate.  Las lecciones se impartirán los martes 24 y  31 de marzo en martes 14 de abril de 6 a 7 y media de la noche, en la sede de ANFE ubicado al costado Norte de la Iglesia Sagrado Corazón en el Barrio Francisco Peralta. El cupo es restringido y el costo es de ¢10.000, que incluye refrigerio y el material didáctico. Para inscribirse, favor llamar a los teléfonos arriba mencionados.

En esta ocasión, además de nuestras columnas usuales, Pensamientos de Liberales y Columna Libre de don Carlos Federico Smith, incluimos una reproducción de publicaciones de nuestro frecuente colaborador, don Luis Loría: “Plan B frente a la Crisis,” “No le Creo al Banco Central,” y “Enmiendas al Plan Escudo,” que no dudamos serán de su interés.   También de nuestro director, Andrés Pozuelo, incluimos en esta edición su artículo “¿Orando Por Qué? Asimismo incluimos del reconocido columnista liberal Carlos Alberto Montaner “El Credo Liberal,” que recomendamos entusiastamente.

 

Jorge Corrales Quesada         Presidente de ANFE

PENSAMIENTOS DE LIBERALES

 

“Uno puede creer que hay momentos en los cuales medidas vigorosas para aumentar la oferta de dinero prevendrán el desastre; pero no es con impunidad como una figura científica destacada como Keynes concede la protección de su autoridad sobre la propensión de todos los gobiernos para inflar las economías.  Uno puede creer que bajo ciertas circunstancias un incremento de la deuda pública es el mal menor, pero no es con impunidad como tal medida temporal es transformada en una máxima.  Puede suceder –como en la Gran depresión de 1931-32- que todos los esfuerzos para poner un fin rápido al desempleo probaron ser inútiles, de manera que se debió recurrir a un incremento de la ‘demanda efectiva’ mediante la expansión de la oferta monetaria; pero no es con impunidad como uno puede tratar, con un menosprecio difícilmente ocultado, a las reglas establecidas y a las instituciones sobre las cuales, en el largo plazo, depende la conducción ordenada de la vida económica si es que no se quiere que ella sufra de un presión inflacionaria constante.  Uno puede descubrir en el mecanismo de los ahorros diversos problemas que requieren de atención especial, que no fueron vistos por generaciones previas y más afortunadas; pero no es con impunidad que uno puede quitarle a los hombres el sentimiento de que ahorrar es algo correcto, poner a un lado unas reservas para sí y para sus familias, en vez de gastarlo todo y luego en tiempo de necesidad llamar al gobierno –el mayor gastón de todos- para que acuda en su ayuda. Tal como en una tormenta en altamar puede requerirse que los mástiles sean recortados y la carga lanzada por la borda, así también en la vida económica habrá huracanes que requerirán que nosotros, temporalmente, suspendamos los principios del libre comercio internacional: pero uno no puede declarar con impunidad que estos principios están ‘fuera de época’ tan pronto como se ponen en el camino de una política de ‘pleno empleo’, una doctrina que, siguiendo al choque de la Gran Depresión, se ha convertido en algo tan inflexible como algunos de los puntos de vista sostenidos por la despreciada ‘vieja economía.’ Para que estemos en lo seguro, la competencia, la libertad de los mercados, la flexibilidad de los salarios y una política fiscal prudente no necesariamente garantizan la prosperidad y la estabilidad; en efecto, hay situaciones extraordinarias en las cuales excepciones a estos excelentes principios deben ser efectuadas; pero no es con impunidad que uno puede anunciar a una muchedumbre que de ahora en adelante, con la conciencia limpia,  pueden ser pisoteados.” Whilhelm Röpke, Economics of the Free Society, Chicago: Henry Regnery Co., 1963, p. p. 222-3.

COLUMNA LIBRE

 LA CRISIS ACTUAL Y EL LIBRE COMERCIO

                                                                                              Carlos Federico Smith

 

Por supuesto que no podían faltar algunos agoreros, principalmente domésticos, que nos dijeran que, ante la actual crisis económica mundial, estaban contados los días del libre comercio.

 Sin embargo, al menos la evidencia, hasta el momento, es que los gobernantes de la mayoría de las naciones no parecen promover un regreso a la autarquía que aún anhelan los proteccionistas de toda índole.  Pero sí se han dado algunos intentos por introducir políticas comerciales que limiten al actual régimen comercial básicamente sustentado en la libertad de intercambio.

 Un caso interesante de esto fue la propuesta que inicialmente consideró el Congreso de los Estados Unidos, en el marco del plan especial de ampliación de gasto gubernamental por $800 billones que la nueva administración Obama impulsó para salir de la recesión actual.  Inicialmente se introdujo una cláusula llamada de “contenido nacional”, mediante la cual los recursos contenidos en dicho proyecto de ley para obras de infraestructura (una suma récord en la economía estadounidense) sólo podrían emplearse en proyectos que emplearan hierro, acero y otros bienes manufacturados en los Estados Unidos. 

 Afortunadamente aún existe el acuerdo comercial llamado NAFTA (por sus siglas en inglés, North American Free Trade Agreement), de una zona de amplio libre comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México, que excluye este tipo de políticas proteccionistas.  En consonancia con la medida propuesta por el Congreso estadounidense, tanto Canadá como México advirtieron de que dicha medida presupuestaria era violatoria del NAFTA y que más bien podría estimular a que esos dos países impulsaran medidas compensatorias. En dos palabras, hablaron de la posibilidad de represalias comerciales.  Al mismo tiempo, uno de los principales socios comerciales de los Estados Unidos, China, país crucial en el esfuerzo multinacional de coordinación de políticas económicas para enfrentar la recesión actual, de inmediato señaló que esas medidas ponían en serio peligro el futuro del comercio mundial, que, en un lenguaje que todos entendemos, significa que, de aprobarse, no dudarían en tomar represalias restrictivas del comercio entre ambas naciones. Similar fue la reacción de la Comunidad Económica Europea, siempre advirtiendo de los riesgos que involucraba esa práctica contraria al sistema de libre intercambio conformado gradualmente a partir de la Segunda Guerra Mundial.

 Para que haya una ley en el Congreso de los Estados Unidos se requiere de la aprobación, en primer lugar, de su Asamblea Legislativa o Casa de Representantes y, luego, del Senado. Y, en caso de que ambos proyectos difieran, se debe formular un proyecto de ley nuevo que ponga de acuerdo a ambas versiones.  Esta versión conjunta es luego votada y así el proyecto se puede convertir en una ley.  Fue en este proceso y en medio de la amenazadora reacción posible de los otros participantes en el comercio mundial, que se diluyó la norma de “contenido nacional” y el mundo se salvó de una tragedia económica mayor que la que actualmente vive.

 Algo similar ha sucedido en Europa, en donde algunos países han tratado de introducir legislación que le permita a algunas de sus industrias recibir apoyo gubernamental directo, que no es sino una nueva versión del proteccionismo. El abanderado de esta pretensión, por variar, ha sido Francia, con algún respaldo alemán y de algunas de las antiguas economías comunistas del centro de Europa. Sin embargo, hasta la fecha, ha primado la posición librecambista que se opone a cualquier nueva imposición proteccionista, introducida bajo el prurito de asegurar el empleo doméstico de cada uno de los países.

 He enfatizado que esta ha sido la posición “hasta hoy”, pero es de esperar que, en tanto la recesión se mantenga, habrá nuevos y diversos intentos por tratar, a través de prácticas proteccionistas, de que el desempleo de los países proteccionistas disminuya a cambio de su aumento en los países con los cuales intercambian (lo que se llama en inglés políticas de “beggar-thy-neighbor”, que me atrevo a traducir como “pasarles los muertos a los otros”; esto es, políticas diseñadas para mejorar la riqueza propia a costas de aquélla de otros).  El punto clave que ha frenado este intento de introducir el proteccionismo es la posibilidad de que los países afectados en sus exportaciones restringidas por dicha práctica, impongan medidas compensatorias que a su vez restrinjan las importaciones que ellos efectúan de los países que originalmente introdujeron esas medidas proteccionistas.  Es la amenaza de represalias lo que se ha convertido en un freno a la estulticia.

 Digo estupidez (estulticia) con todo el énfasis, porque ya la humanidad experimentó la introducción de restricciones al libre comercio como política dirigida a revertir la recesión económica durante la llamada Gran Depresión de los años treintas, cuyo nefasto efecto sobre las economías del mundo ha sido ampliamente documentado. Si algo bueno puede darse en estos momentos es hacer ver estos resultados a algunos proteccionistas criollos, quienes ya han rodado la especie de que es conveniente, en el marco de la recesión, reintroducir aranceles que estimulen la producción doméstica a costas de la importada.

 Fue el presidente Hoover quien en 1929 propuso una ley que aumentaría la protección a los sectores agrícolas, como forma de “ayudar” a los agricultores.  Sin embargo, conforme avanzaba el debate en el Congreso de los Estados Unidos (allá, tal como aquí, también funciona aquello de que en la Asamblea Legislativa las cosas se saben cómo comienzan, pero no cómo terminan), se fue ampliando la protección a toda la economía estadounidense e incluso hasta menos de la que inicialmente se propuso para el sector agrícola.  La tarifa arancelaria general aumentó de un 40.1% a un 53.2%, aunque hubo bienes, tales como el trigo duro importado de Canadá, que aumentó en un 40% o los instrumentos científicos de vidrio, que pasaron de un 65% a un 85%.  En general esta ley, firmada el 17 de junio de 1930 en medio de la profunda recesión, aplicó tarifas a niveles récord a más de 20.000 bienes importados.

 Es interesante reseñar que, entre los muchos llamados al presidente Hoover para que vetara la ley, 1.028 economistas de los más diversos Departamentos de Economía de las Universidades de Estados Unidos publicaron un llamado oponiéndose a la promulgación de esta ley de aumento de aranceles y de restricciones al libre comercio conocida como Smoot-Hawley.  Años después uno de los organizadores del escrito, el connotado economista Frank Fetter, escribió que “Las Escuelas de Economía, que varios años después se encontrarían inmersas en una fuerte división acerca de la política monetaria, el financiamiento del déficit y el problema ocasionado por las grandes empresas, prácticamente eran una sola en su creencia de que la Ley Smoot-Hawley era una pieza de legislación perversa.” [Citado en The Economist, 18 de diciembre del 2008].

 Como resultado de la vigencia de dicha Ley, más de 60 países ejercieron represalias restringiendo sus importaciones desde Estados Unidos. El impacto sobre el comercio mundial fue devastador: en 1933 las exportaciones totales fueron sólo una tercera parte de las de 1929. Aunada a la recesión en el crecimiento de la producción estadounidense, en ese período la restricción en el comercio no sólo se originó por barreras arancelarias proteccionistas, sino también por prácticas de adquisiciones preferenciales desde ciertos países o regiones, cuotas de importación, monopolios estatales para el comercio internacional, etcétera, además de la sustitución de acuerdos comerciales bilaterales en vez del antiguo sistema multilateral basado en la “cláusula de la nación más favorecida”.  La lección es clara: ceder a las presiones proteccionistas condujo a una disminución notable de la actividad exportadora y comercial en general, agravando significativamente la crisis que ya se vivía.

 Por el contrario, ha sido una grata sorpresa ver cómo se ha elevado la voz en el país en favor de reducir los aranceles en los momentos actuales, como medio para aumentar el ingreso real de los grupos de menores ingresos, en el marco del llamado Plan Escudo impulsado por el gobierno de Costa Rica. Así, el economista Bernal Jiménez Monge, quien en el pasado más bien había abogado en favor del proteccionismo, propuso en un reciente programa de radio que se bajaran los altos aranceles que se tenían para ciertos productos alimenticios, tales como pollo, cerdo, granos básicos (arroz, maíz y frijoles) y, aunque no lo mencionó, pero también entraría en esa misma categoría, el azúcar. En esta ocasión, tomo partido por la sugerencia de don Bernal.

 

PLAN B FRENTE A LA CRISIS

     Luis E. Loría*

 

 

Luego de analizar la propuesta del Gobierno, presentada por don Óscar Arias Sánchez el pasado 29 de enero de 2009, parecería que no existe claridad en términos de una necesaria visión de largo plazo. El Plan Escudo  se puede considerar como un listado de buenas intenciones, como las que se hacen al inicio de cada año, la mayoría de las cuales no se cumplen.

 

El plan incorpora algunas medidas necesarias y deseables, como apoyos puntuales a grupos necesitados en materia social. Sin embargo, claramente, su filosofía subyacente es más cercana a la de regalar pescado en lugar de enseñar a pescar. En otras palabras, el fuerte énfasis en la coyuntura actual parece que impidió a quienes estuvieron a cargo de su elaboración el elevar la mirada para ver más allá del muy corto plazo.

 

Concretamente, varias de las propuestas que ahora parecen buenas—en caso de que se implementen—podrían tener impactos negativos en el mediano y largo plazo. Incluso, aunque solamente se analice el corto plazo—hablemos de 2009 y 2010—no es claro que las medidas propuestas lograrían cumplir con el ambicioso objetivo planteado de blindar nuestra economía frente a la crisis internacional.

 

Entonces la pregunta sigue siendo: ¿Cómo enfrentar la crisis?

 

Lo principal es contar con una visión clara de hacia dónde queremos ir. Al enfrentar situaciones extremas—por supuesto, la crisis califica como una de ellas—es importante no perder la calma, aunque sintamos que atravesamos un valle de tinieblas y que lo peor todavía no ha llegado.

 

Si existe esa claridad de visión, proceder a trazar la hoja de ruta que se debe seguir para llegar allá es una tarea sencilla. En contraste, en los casos que no existe claridad, no hay manera de diferenciar las medidas que nos ayudan a avanzar de las que representarán un retroceso. Como escribió Lewis Carroll, en Alicia en el país de las maravillas, “Si no sabes hacia dónde te diriges, cualquier camino te conducirá hacia allá.”

 

No es posible, en materia de políticas públicas, apostar por dos cosas distintas al mismo tiempo. La realidad es una sola y las decisiones que tomemos hoy marcarán definitivamente nuestras opciones y posibilidades de desarrollo con miras al futuro. Por eso, la decisión más importante que la crisis nos obliga a tomar es determinar qué queremos ser. Esa realidad fundamental, la capturó perfectamente Ortega y Gasset, en su libro Historia como sistema, cuando indicó: “En cada momento de mi vida se abren ante mí diversas posibilidades: puedo hacer esto o lo otro. Si hago esto, seré A en el instante próximo; si hago lo otro, seré B.”

 

La decisión que debemos tomar ahora no es sencilla y se puede resumir, de manera simple, en dos alternativas. La alternativa A, revivir y alimentar a un gran estado paternalista para que extienda, nuevamente, sus tentáculos para introducir distorsiones en diversos ámbitos de la actividad económica y otorgar superpoderes a quienes desde una posición cómoda de planificador central (Banco Central y Ministerio de Hacienda) están convencidos de que ellos conocen qué es lo que más le conviene a cada uno de nosotros.

 

Esa es la alternativa por la cual, de manera implícita se inclina el Gobierno para enfrentar la crisis. Por ejemplo, el Plan escudo menciona cómo el Estado, en calidad de superhéroe, intervendrá para, entre otras cosas:

 

1.      Reducir por razones políticas las tasas de interés.

2.      Aumentar en un 15% las pensiones del régimen no contributivo de la Caja (en otras palabras, compensar por la inflación del 2008).

3.      Intentar garantizar el empleo (aunque signifique que los trabajadores ganen la mitad mientras sus costos se mantienen iguales).

4.      Incrementar la deuda pública para invertir en infraestructura (la cual sería pagada por todos los costarricenses y solamente beneficiaría a un sector particular).

5.      Canalizar recursos de la Banca de Desarrollo hacia actividades básicas de subsistencia (en contraste con apostar por la creación de nuevas empresas de rápido crecimiento en actividades intensivas en el uso de nuevas tecnologías, el conocimiento y la innovación) y

6.      Fortalecer con un préstamo del BID al Banco Central, principal responsable por los empobrecedores resultados económicos en el país.

 

La alternativa B, es la de romper decididamente con el status quo en materia de política fiscal y política monetaria para buscar una mayor libertad económica. El conjunto de medidas que se requiere para avanzar en esa dirección es radicalmente distinto al de la propuesta gubernamental.

 

En términos generales, lo que se buscaría es aumentar las libertades individuales para tomar las decisiones que afectarán, de manera directa, su futuro. Más concretamente, en el tema fiscal, se propondría una reducción muy importante en la carga impositiva a través de la reducción permanente del impuesto sobre la renta para que su tasa máxima no supere el 15%, eliminación de impuestos menores y la reducción unilateral de aranceles. Todas estas medidas se traducirían en que cada individuo, hogar y empresa contaría con más recursos para consumirlos o invertirlos en la manera que mejor satisfaga sus necesidades; apoyo directo y decido a la formación de nuevas empresas y a mejorar el entorno de negocios.

 

Algunas medidas en esa dirección serían incentivos para empresas dinámicas e innovadoras—compatibles con las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio más allá del 2015—programas especiales de apoyo a nuevos empresarios, incubadoras de empresas, aceleradoras de negocios, etc.

 

Finalmente, no existe libertad económica cuando el poder de compra de mi salario, de la riqueza fruto de mi trabajo (ahorros y pensiones) y las utilidades que resultan de mi esfuerzo emprendedor me pueden ser arrebatados injustamente por una decisión arbitraria de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Para poner fin a la expoliación legal que ejecuta diariamente el BCCR, es necesario eliminar el colón costarricense y adoptar una moneda fuerte y de aceptación internacional como el dólar. Al hacerlo, mejoraría el atractivo del país para la inversión nacional y extranjera, las tasas de interés caerían de manera natural a la mitad, la inflación sería del orden del 2% al 5% y los salarios, ahorros y pensiones mantendrían mejor su valor en el tiempo.

 

Como no se pueden perseguir al mismo tiempo las dos visiones alternativas es el momento de determinar con claridad qué queremos ser: A o B.

 

*Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica. Reproducción autorizada por el autor y la Revista Poder febrero 2009.

 

NO LE CREO AL BANCO CENTRAL

      Luis E. Loría*

No le creo al Banco Central. El Programa Macroeconómico aprobado recientemente por su Junta Directiva, para 2009-10, no hizo mención a su principal logro del año 2008: la erosión total de su autoridad en materia monetaria. Lo anterior, en términos sencillos se traduce en una pérdida de credibilidad respecto a la capacidad del BCCR para manejar adecuadamente la política monetaria y cambiaria.

¿Cuáles son las consecuencias? Muy simple, aumenta la incertidumbre y las expectativas salen de control. En otras palabras, individuos, empresarios, analistas e inversionistas potenciales no creen en las promesas del BCCR. Lo anterior es muy grave. Ante la falta de señales claras, o bien ante señales erráticas, por parte del Central, cada quien tiene que perder su tiempo y hacer un esfuerzo importante para adivinar, entre otras cosas:

 ¿Cuál será el tipo de cambio y cómo se comportará durante el 2009 (manipulado por el BCCR)?¿Cuál será la inflación y cómo evolucionará durante el 2009 (supuestamente controlada por el BCCR)? y ¿Cuáles serán las tasas de interés para ahorros y préstamos y cómo variarán durante el 2009 (dirigidas por el BCCR)?

La respuesta simple para las tres interrogantes es que depende. En efecto, depende de cómo utilizará la Junta Directiva del BCCR el “cheque en blanco” que tiene para afectar —cuando así lo considere necesario— cada una de esas variables y, al hacerlo, la rentabilidad de todas las actividades productivas, el poder adquisitivo de la moneda (ahorros y pensiones) y reducir los salarios de los trabajadores en términos reales. Lo peor de todo es que, si se repite la historia del año 2008, podría ser que el Banco Central abuse de ese poder que le confiere la ley y se comporte, nuevamente, de manera irresponsable.

Por lo anterior, no le creo al Banco Central.

* Investigador del Instituto de Investigaciones Económica de la Universidad de Costa Rica. Publicado en el periódico La Prensa Libre del martes 3 de febrero del 2008.

 

ENMIENDAS AL PLAN ESCUDO

       Luis E. Loría*

El Gobierno debe enmendar su Plan Escudo para que este se transforme en herramienta eficaz para la “protección social y estímulo económico frente a la crisis”. Algo que aún no es. Analicemos algunas propuestas puntuales del plan, que harán evidentes incongruencias y omisiones:

Primero, las familias. a) Aumento del 15% en las pensiones del régimen no contributivo. Solo servirá para compensar por la inflación de 2008 y perderán valor en términos reales con una inflación esperada mayor al 15% para el 2009. Al final de 2009, una pensión en colones habrá perdido poder adquisitivo.

b) Perdonar deudas atrasadas a personas endeudadas con el Banhvi. Equivale a regalar dinero. Sirve para solucionar un problema inmediato, pero no soluciona el problema de fondo: la aspiración a un trabajo digno y bien remunerado que les permita honrar sus deudas.

c) Reducción temporal de 2 puntos porcentuales en las tasas de interés para personas con dificultades para pagar sus créditos. Se otorga un subsidio a un grupo particular, cuyo costo será pagado por todos los costarricenses. Se afecta de manera negativa las utilidades de los bancos. La solución sana y sostenible es que las tasas bajen de manera natural. El principal obstáculo para que eso ocurra es que el control de la inflación se le salió de las manos al Banco Central. Si se adopta la dolarización se logrará una inflación del orden del 2% al 5% y podrán disminuirse las tasas de interés a la mitad o menos.

Segundo, los trabajadores. a) Reducir el número de horas laboradas por los empleados, sin reducir el valor de la hora que se le cancela al trabajador, y con la condición de no realizar despidos. El beneficio no es claro, por tres razones. Primera, se reducirá el ingreso y capacidad de consumo de los hogares de los trabajadores. Segunda, la producción para el mercado local y de exportación caerá. Tercera, menos dinero circulará en la economía. Como resultado, se profundizará la crisis.

b) Destinar el 5% del PIB a inversión en infraestructura. Dos son los problemas: i) quién terminará pagando todo eso, y ii) quiénes se beneficiarán, a final de cuentas. Con respecto al primero la respuesta es simple: todos nosotros. El Gobierno no produce riqueza y la plata que proviene de préstamos internacionales se paga con impuestos o con el injusto “impuesto inflacionario”, por varias generaciones.

Con respecto al segundo, quiénes se beneficiarán del programa, existen claras dificultades, para que alguien que perdió su puesto de trabajo se convierta de un día para otro en constructor de carreteras y escuelas. En la práctica, esa medida inyectará algún dinamismo al sector de proyectos de construcción de obra pública, pero no beneficiaría, ni siquiera, a firmas constructoras de casas.

Tercero, las empresas. a) Préstamos a través de Banca para el Desarrollo. El destino de los recursos debe ser hacia actividades productivas, con capacidad real de crecer y generar puestos de trabajo. No debe primar un objetivo miope de crear pequeñas y medianas empresas de subsistencia, cuya mortalidad es muy alta en el corto plazo. Por el contrario, debe estructurarse un plan para apostar a la creación de nuevas empresas dinámicas e innovadoras, con capacidad de generar nuevos empleos bien remunerados, con orientación exportadora, que incorporen procesos de alto valor agregado y el uso intensivo del conocimiento para que puedan ser viables y competitivas en los mercados internacionales. De no ser así, la iniciativa se convertirá en otro ejemplo de cómo el sector público invirtió mal sus recursos y no mejoró, de manera sostenible, el bienestar del pueblo.

No es sano...

b) Reducir dos puntos porcentuales las tasas de interés para préstamos destinados a micro, pequeña y mediana empresa. Como se mencionó arriba, no es sano recurrir a la intervención estatal para subsidiar a un grupo particular y afectar de manera negativa las utilidades de los bancos. Lo deseable es que las tasas se reduzcan a la mitad cuando se ancle la inflación, gracias a la dolarización oficial de la economía.

c) Proyecto de reforma a la actual Ley de Zonas Francas. El Gobierno no debe esperar más para presentar ante la Asamblea el proyecto de reforma a la Ley de Zonas Francas.

Al mismo tiempo, debe impulsar el proyecto de reforma al impuesto sobre la renta para que su tasa máxima no supere el 10% y eliminar un número importante de impuestos menores. Mantener latente una incertidumbre respecto al contenido de proyectos impositivos afecta la inversión, y cambios abruptos en las reglas del juego capaces de afectar negativamente la rentabilidad de las empresas atentan contra la seguridad jurídica y el imperio de la ley.

Cuarto, sector financiero. a) Préstamo por $500 millones para fortalecer al Banco Central. Medida innecesaria e inconveniente. Implica un costo financiero importante. Alternativamente, se puede optar por la eliminación del encaje legal, una solución sana, de mercado. No es conveniente otorgar superpoderes ni mayor discrecionalidad al Banco Central, responsable, en una medida importante, de la crisis que enfrentamos en Costa Rica.

En síntesis, el Plan Escudo omitió incluir medidas fiscales, monetarias y cambiarias capaces de dar solución definitiva a problemas relacionados con el incremento en el costo de la vida, problemas de acceso a crédito y deterioro de carteras en los bancos y la incertidumbre y el riesgo que ahuyenta la inversión.

Para superar esas falencias, tres medidas permitirían al país ubicarse en mejor posición para enfrentar la crisis: i) reducción de tasas impositivas para la renta al 10%, ii) eliminación de los encajes y iii) dolarización oficial de la economía.

*Economista, Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR. Tomado de El Financiero de 1 de marzo del 2009, edición 707.

¿Orando por qué?

Por Andrés I. Pozuelo Arce

 

La vida es una caja de sorpresas; y hoy (21 de febrero), al abrir el periódico, no fue la excepción. La crisis económica está afectando el empleo de unos 600 rezadores contratados por el líder sandinista y actual presidente del hermano país de Nicaragua.

 Bueno, yo nunca había considerado al señor Ortega como un hombre religioso, especialmente siendo su nicho político un tanto socialista y alejado del conservadurismo clásico. Claro está que pedir a sus seguidores que recen por la gobernabilidad del país es un poco más proactivo que utilizar las armas a diestra y siniestra para forzar al pueblo a obedecer sus caprichos. De esta forma, la guerra por la gobernabilidad y control del poder parece estar enfocada en rezos de uno y otro lado, ganando el sandinismo (al menos por ahora) la partida celestial. Eso sí: a costa de la transparencia cívica, electoral y de la aplicación de la justicia, lo último en estrecha connivencia con Arnoldo Alemán, compañero de Ortega en triquiñuelas y andanzas maquiavélicas.

 Lo interesante es analizar de dónde puede provenir la ocurrencia de contratar adultos mayores para rezar a favor de una gobernabilidad que a él mismo no le conviene, dado que no posee un plan de gobierno viable para un país tan golpeado por la politiquería y los múltiples percances naturales a través de su corta historia democrática. Después de todo, la efectividad del rezo ajeno para conseguir acciones a distancia no ha tenido una eficacia comprobada en varios temas más mundanos; y mucho menos existe evidencia de que Dios esté muy interesado en los asuntos políticos de Nicaragua. Definitivamente, las raíces populistas de este hecho resaltan y dejan un sabor amargo frente a la clara manipulación de la gente devota por parte de los seguidores de Ortega.

 El tema de la utilidad de la oración para cambiar la libre voluntad de otros, o para manipular procesos naturales, ha sido y sigue siendo asunto de controversia en diferentes núcleos sociales y hasta ha concentrado la atención de importantes publicaciones científicas, al margen de escándalos por publicar estudios sensacionalistas sin el manejo adecuado del método científico. Por ejemplo, en una publicación en el prestigioso Journal de Medicina Reproductiva del año 2001, bajo el titulo "Afecta o no la oración las probabilidades de éxito de una fertilización in vitro", firmada por Kwang-Yul Cha del hospital Cha en Seúl y Rogelio A. Lobo de la Universidad de Columbia, Nueva York, los dos intrépidos investigadores reportaron un caso de 199 mujeres que requerían de fertilización in vitro, siendo separadas en dos grupos de control. Sin saberlo las interesadas, un número considerable de religiosos cristianos de los Estados Unidos, Canadá y Australia fueron contratados, al estilo Daniel Ortega, para que rezaran ante unas fotografías de uno de los grupos de mujeres, con el fin de obtener un procedimiento exitoso.

 Los resultados difundidos en el Journal impactaron a la opinión pública. De aquellas mujeres que, sin saberlo, recibieron las plegarias a distancia, 50% lograron el éxito; pero, en cambio, el grupo femenino dejado al libre albedrío, solo alcanzó un logro del 26% (más o menos lo esperado científicamente). Por supuesto, el hecho causó una gran euforia en la tribu evangelista que no escondió su júbilo por la presunta intervención divina en lo que es un proceso de evidente naturaleza científica y humana. Más tarde, después de un extenso análisis por parte de otros investigadores y científicos, se descubrieron graves problemas metodológicos, teóricos y éticos, que acabaron desprestigiando al Journal y a sus colaboradores.

 Yo no creo que Daniel Ortega sea sensible al desprestigio de participar en este tipo de teatro, debido que en más de una ocasión ha demostrado tener más barro que cara al atender los asuntos de nuestro vecino pueblo. Pero sí creo que la noticia nos debe hacer reflexionar sobre el inminente peligro del populismo religioso y de sus nefastas consecuencias sociales.

 

EL CREDO LIBERAL

        Carlos Alberto Montaner*


El liberalismo parte de una hipótesis filosófica, casi religiosa, que postula la existencia de derechos naturales que no se pueden conculcar porque no se deben al Estado ni a la magnanimidad de los gobiernos sino a la condición especial de los seres humanos.

Esa es la piedra angular sobre la que descansa todo el edificio teórico, y se le atribuye a los estoicos y al fundador de esa escuela, Zenón de Citia, quien defendió que los derechos no provenían de la fratría a la que se pertenecía o de la ciudad en la que se había nacido, sino del carácter racional y diferente a las demás criaturas que poseen las personas.

Antes de definir qué es el liberalismo, qué es ser liberal, y cuáles son los fundamentos básicos en los que coinciden los liberales, es conveniente advertir que no estamos ante un dogma sagrado, sino frente a varias creencias básicas deducidas de la experiencia y no de hipótesis abstractas, como ocurría, por ejemplo, con el marxismo.

Esto es importante establecerlo ab initio, porque se debe rechazar la errada suposición de que el liberalismo es una ideología. Una ideología es siempre una concepción del acontecer humano −de su historia, de su forma de realizar las transacciones, de la manera en que deberían hacerse−, concepción que parte del rígido criterio de que el ideólogo conoce de dónde viene la humanidad, por qué se desplaza en esa dirección y hacia dónde debe ir. De ahí que toda ideología, por definición, sea un tratado de «ingeniería social», y cada ideólogo sea, a su vez, un «ingeniero social».

Alguien consagrado a la siempre peligrosa tarea de crear «hombres nuevos», personas no contaminadas por las huellas del antiguo régimen. Alguien dedicado a guiar a la tribu hacia una tierra prometida cuya ubicación le ha sido revelada por los escritos sagrados de ciertos «pensadores de lámpara», como les llamara José Martí a esos filósofos de laboratorio en permanente desencuentro con la vida. Sólo que esa actitud, a la que no sería descaminado calificar como moisenismo, lamentablemente suele dar lugar a grandes catástrofes, y en ella está, como señalara Popper, el origen del totalitarismo. Cuando alguien disiente, o cuando alguien trata de escapar del luminoso y fantástico proyecto diseñado por el «ingeniero social», es el momento de apelar a los paredones, a los calabozos, y al ocultamiento sistemático de la verdad. Lo importante es que los libros sagrados, como sucedía dentro del método escolástico, nunca resulten desmentidos.

Un liberal, en cambio, lejos de partir de libros sagrados para reformar a la especie humana y conducirla al paraíso terrenal, se limita a extraer consecuencias de lo que observa en la sociedad, y luego propone instituciones que probablemente contribuyan a alentar la ocurrencia de ciertos comportamientos benéficos para la mayoría. Un liberal tiene que someter su conducta a la tolerancia de los demás criterios y debe estar siempre dispuesto a convivir con lo que no le gusta. Un liberal no sabe hacia dónde marcha la humanidad y no se propone, por lo tanto, guiarla a sitio alguno. Ese destino tendrá que forjarlo libremente cada generación de acuerdo con lo que en cada momento le parezca conveniente hacer.

Al margen de las advertencias y actitudes anteriormente consignadas, una definición de los rasgos que perfilan la cosmovisión liberal debe comenzar por una referencia al constitucionalismo. En efecto, John Locke, a quien pudiéramos calificar como «padre del liberalismo político», tras contemplar los desastres de Inglaterra a fines del siglo XVII, cuando la autoridad real británica absoluta entró en su crisis definitiva, dedujo que, para evitar las guerras civiles, la dictadura de los tiranos, o los excesos de la soberanía popular, era conveniente fragmentar la autoridad en diversos «poderes», además de depositar la legitimidad de gobernantes y gobernados en un texto constitucional que salvaguardara los derechos inalienables de las personas, dando lugar a lo que luego se llamaría un Estado de Derecho. Es decir, una sociedad racionalmente organizada, que dirime pacíficamente sus conflictos mediante leyes imparciales que en ningún caso pueden conculcar los derechos fundamentales de los individuos.

Y no andaba descaminado el padre Locke: la experiencia ha demostrado que las veinticinco sociedades más prósperas y felices del planeta son, precisamente, aquellas que han conseguido congregarse en torno a constituciones que presiden todos los actos de la comunidad y garantizan la transmisión organizada y legítima de la autoridad mediante consultas democráticas.

Otro liberal inglés, Adam Smith, un siglo más tarde, siguió el mismo camino deductivo para inferir su predilección por el mercado. ¿Cómo era posible, sin que nadie lo coordinara, que las panaderías de Londres −entonces el 80% del gasto familiar se dedicaba a pan− supiesen cuánto pan producir, de manera que no se horneara ni más ni menos harina de trigo que la necesaria para no perder ventas o para no llenar los anaqueles de inservible pan viejo? ¿Cómo se establecían precios más o menos uniformes para tan necesario alimento sin la mediación de la autoridad? ¿Por qué los panaderos, en defensa de sus intereses egoístas, no subían el precio del pan ilimitadamente y se aprovechaban de la perentoria necesidad de alimentarse que tenía la clientela?

Todo eso lo explicaba el mercado. El mercado era un sistema autónomo de producir bienes y servicios, no controlado por nadie, que generaba un orden económico espontáneo, impulsado por la búsqueda del beneficio personal, pero autorregulado por un cierto equilibrio natural provocado por las relaciones de conveniencia surgidas de las transacciones entre la oferta y la demanda. Los precios, a su vez, constituían un modo de información. Los precios no eran «justos» o «injustos», simplemente, eran el lenguaje con que funcionaba ese delicado sistema, múltiple y mutante, con arreglo a los imponderables deseos, necesidades e informaciones que mutua e incesantemente se transmitían los consumidores y productores.

Ahí radicaba el secreto y la fuerza de la economía capitalista: en el mercado. Y mientras menos interfirieran en él los poderes públicos, mejor funcionaría, puesto que cada interferencia, cada manipulación de los precios, creaba una distorsión, por pequeña que fuera, que afectaba a todos los aspectos de la economía.

Otro de los principios básicos que aúnan a los liberales es el respeto por la propiedad privada. Actitud que no se deriva de una concepción dogmática contraria a la solidaridad −como suelen afirmar los adversarios del liberalismo−, sino de otra observación extraída de la realidad y de disquisiciones asentadas en la ética: al margen de la manifiesta superioridad para producir bienes y servicios que se da en el capitalismo cuando se le contrasta con el socialismo, donde no hay propiedad privada no existen las libertades individuales, pues todos estamos en manos de un Estado que nos dispensa y administra arbitrariamente los medios para que subsistamos (o perezcamos).

El derecho a la propiedad privada, por otra parte, como no se cansó de escribir Murray N. Rothbard −siguiendo de cerca el pensamiento de Locke−, se apoyaba en un fundamento moral incontestable: si todo hombre, por el hecho de serlo, nacía libre, y si era libre y dueño de su persona para hacer con su vida lo que deseara, la riqueza que creara con su trabajo le pertenecía a él y a ningún otro.

¿En qué más creen los liberales? Obviamente, en el valor básico que le da nombre y sentido al grupo: la libertad individual. Libertad que se puede definir como un modo de relación con los demás en el que la persona puede tomar la mayor parte de las decisiones que afectan su vida dentro de las limitaciones que dicta la realidad. Le toca a ella decidir las creencias que asume o rechaza, el lugar en el que quiere vivir, el trabajo o la profesión que desea ejercer, el círculo de sus amistades y afectos, los bienes que adquiere o que enajena, el «estilo» que desea darle a su vida y –por supuesto− la participación directa o indirecta en el manejo de eso a lo que se llama «la cosa pública».

Esa libertad individual está −claro− indisolublemente ligada a la responsabilidad individual. Un buen liberal sabe exigir sus derechos, pero no rehúye sus deberes, pues admite que se trata de las dos caras de la misma moneda. Los asume plenamente, pues entiende que sólo pueden ser libres las sociedades que saben ser responsables, convicción que debe ir mucho más allá de una hermosa petición de principios.

¿Qué otros elementos liberales, realmente fundamentales, habría que añadir a este breve inventario? Pocas cosas, pero acaso muy relevantes: un buen liberal tendrá perfectamente clara cuál debe ser su relación con el poder. Es él, como ciudadano, quien manda, y es el gobierno quien obedece. Es él quien vigila, y es el gobierno quien resulta vigilado. Los funcionarios, electos o designados −da exactamente igual−, se pagan con el erario público, lo que automáticamente los convierte –o los debiera convertir– en servidores públicos sujetos al implacable escrutinio de los medios de comunicación, y a la auditoría constante de las instituciones pertinentes.

Por último: la experiencia demuestra que es mejor fragmentar la autoridad, para que quienes tomen decisiones que afecten a la comunidad estén más cerca de los que se vean afectados por esas acciones. Esa proximidad suele traducirse en mejores formas de gobierno. De ahí la predilección liberal por el parlamentarismo, el federalismo o la representación proporcional, y de ahí el peso decisivo que el liberal defiende para las ciudades o municipios. De lo que se trata es de que los poderes públicos no sean más que los necesarios, y que la rendición de cuentas sea mucho más sencilla y transparente.

¿Qué creen, en suma, los liberales? Vale la pena concretarlo ahora de manera sintética. Los liberales sostenemos ocho creencias fundamentales extraídas, insisto, de la experiencia, y todas ellas pueden recitarse casi con la cadencia de una oración laica:

Creemos en la libertad y la responsabilidad individuales como valores supremos de la comunidad.

Creemos en la importancia de la tolerancia y en la aceptación de las diferencias y la pluralidad como virtudes esenciales para preservar la convivencia pacífica.   

Creemos en la existencia de la propiedad privada, y en una legislación que la ampare, para que ambas −libertad y responsabilidad− puedan ser realmente ejercidas

Creemos en la convivencia dentro de un Estado de Derecho regido por una Constitución que salvaguarde los derechos inalienables de la persona y en la que las leyes sean neutrales y universales para fomentar la meritocracia y que nadie tenga privilegios.

Creemos en que el mercado −un mercado abierto a la competencia y sin controles de precios− es la forma más eficaz de realizar las transacciones económicas y de asignar recursos. Al menos, mucho más eficaz y moralmente justa que la arbitraria designación de ganadores y perdedores que se da en las sociedades colectivistas diseñadas por “ingenieros sociales” y dirigidas por comisarios. 

Creemos en la supremacía de una sociedad civil formada por ciudadanos, no por súbditos, que voluntaria y libremente segrega cierto tipo de Estado para su disfrute y beneficio, y no al revés.

Creemos en la democracia representativa como método para la toma de decisiones colectivas, con garantías de que los derechos de la minorías no puedan ser atropellados.

Creemos en que el gobierno −mientras menos, mejor−, siempre compuesto por servidores públicos, totalmente obediente a las leyes, debe rendir cuentas con arreglo a la ley y estar sujeto a la inspección constante de los ciudadanos.

 Quien suscriba estos ocho criterios es un liberal. Se puede ser un convencido militante de la Escuela austriaca fundada por Carl Menger; se puede ser ilusionadamente monetarista, como Milton Friedman, o institucionalista, como Ronald Coase y Douglass North; se puede ser culturalista, como Gary Becker y Larry Harrison; se puede creer en la conveniencia de suprimir los «bancos de emisión», como Hayek, o predicar la vuelta al patrón oro, como prescribía Mises; se puede pensar, como los peruanos Enrique Ghersi o Álvaro Vargas Llosa, neorrusonianos sin advertirlo, en que cualquier forma de instrucción pública pudiera llegar a ser contraria a los intereses de los individuos; o se puede poner el acento en la labor fiscalizadora de la «acción pública», como han hecho James Buchanan y sus discípulos, pero esas escuelas y criterios sólo constituyen los matices y las opiniones de un permanente debate que existe en el seno del liberalismo, no la sustancia de un pensamiento liberal muy rico, complejo y variado, con varios siglos de existencia constantemente enriquecida, ideario que se fundamenta en la ética, la filosofía, el derecho y −naturalmente− en la economía. 

Lo básico, lo que define y unifica a los liberales, más allá de las enjundiosas polémicas que pueden contemplarse o escucharse en diversas escuelas, seminarios o ilustres cenáculos del prestigio de la Sociedad Mont Pélerin, son esas ocho creencias antes consignadas. Ahí está la clave.

* Universidad El Cato-Francisco Marroquín. Ciudad de Guatemala, Guatemala, 25 de enero, 2009

Moving Beyond the Fake Stimulus: Reviewing Policies that Produce Real Growth

Daniel J. Mitchell muestra cómo, por culpa de más regulaciones y gasto del gobierno, los Estados Unidos caen en las medidas de libertad económica y explica que los países con mayor libertad económica suelen gozar de mayor prosperidad http://www.youtube.com/watch?v=jCaUA5l_bYc

Hit Counter

Envíe un correo a anfe@anfe.or.cr  con preguntas o comentarios sobre este sitio.
Puesto al día: 11 de diciembre del 2007