Asociación Nacional de Fomento Económico ANFE

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DE ANFE

En esta ocasión empezamos nuestra edición de este mes con el pronunciamiento que por distintos medios formuló recientemente la Junta Directiva de ANFE en torno al sistema cambiario que actualmente nos rige, en esencia para solicitar una discusión pública razonable acerca de las posibilidades de que nuestra economía se dolarice como medio para reducir las fuertes presiones inflacionarias actuales en nuestra economía, así como la incertidumbre que en estos momentos se percibe en torno al comportamiento esperado del tipo de cambio bajo el actual sistema de bandas.

Nuestro cuarto foro del año se realizó el pasado 16 de marzo y versó sobre “Microcrédito y Propiedad: El Caso de FINCA (Fundación Integral Campesina)”. La actividad la dirigió nuestro Director Ing. Andrés Pozuelo y los expositores fueron la Directora Ejecutiva de FINCA, Lic. María Martha Padilla y el Lic. Luis Jiménez de EDESA. Para la audiencia de aproximadamente 35 personas resultó realmente impresionante conocer cómo los programas de microcrédito de FINCA, sin subsidio alguno, en contraste con lo que uno suele observar en los programas estatales de “apoyo” al agricultor, y bajo reglas de empresas constituidas como sociedad anónimas, han logrado que muchas personas tengan éxito con sus proyectos empresariales.

Lo más sorprendente del caso es que los índices de morosidad de los préstamos son de cero –SÏ una tasa de morosidad del cero por ciento- lo cual muestra no sólo como la selección de proyectos que hacen los individuos independientemente, sin mano estatal que los induzca en la elección, es lo conveniente, sino que, también, los deudores cuidan de su crédito y su prestigio, además de que son ellos los dueños de la empresa que efectúa los préstamos y, por ende, no pueden darse el lujo de “prestar mal”. FINCA constituye la mejor lección de eficiencia y equidad para los programas estatales de “apoyo” a pequeños y medianos productores, principalmente agricultores.

En esa misma ocasión se realizó la graduación de los participantes del curso sobre Economía Austriaca que imparte nuestro Director, Lic. Adrián Brenes. Además, el Lic. Mario Brenes, representante de la Fundación Naumann y patrocinador de muchas de nuestras actividades, se dirigió a la audiencia con emotivas palabras acerca de ambas actividades de esa noche.

El próximo miércoles 21 de mayo esperamos llevar a cabo nuestro quinto foro del año, sobre el tema “El Mercado Laboral de Costa Rica: ¿De Obreros y Peones a Técnicos y Científicos?”, para el cual se contaría con las participaciones del Lic. Carlos Sequeira, Presidente Ejecutivo del INA (por confirmar), de la Licda. Shirley Saborío de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones Empresariales (UCCAEP) y del Ing. Alexander Mora de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC). Oportunamente les haremos saber del detalle de esta actividad, la cual sería coordinada por nuestro Director, Dr. Juan Muñoz, quien en un foro reciente trató de este tema de tanta relevancia nacional. Como siempre, es necesario confirmar su asistencia a nuestros teléfonos 2253 4460, 2224 7350 y 8376 1947. Ojalá pueda usted invitar a algún amigo para que también nos acompañe en esta ocasión.

Afortunadamente para este boletín tenemos muchas colaboraciones, una de las cuales es “Democracia vs. Libertad” de José Joaquín Fernández, del programa de doctorado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Además, en vez de la ya usual colaboración de nuestro amigo, el Dr. Luis Loría, en esta ocasión son dos interesantes artículos de él, uno de ellos titulado “Superpoderes o Libertad Económica” y el otro, “Cómo Detener la Inflación”. Ambos revisten especial interés a la luz de los problemas cambiarios e inflacionarios que actualmente vive el país. Y, para no quedarse atrás, también de nuestro director, Ing. Andrés Pozuelo, incluimos en esta edición dos valiosos artículos suyos, uno de los cuales lleva por título “Invitar o Empujar”, en donde formula posibles soluciones a nuestro alicaído sistema educativo, y el otro, “Disponibilidad Económica Alimentaria”, en el cual enfatiza las ventajas de la libertad para producir en el marco de las llamadas crisis de seguridad alimentaria. Sobre este tema de los alimentos, incluimos una columna reciente que nuestro asociado, el Dr. Luis Mesalles J., publicó recientemente en un medio de prensa nacional y que, por su importancia y claridad analítica, hemos decidido incorporarla en este boletín.

El colaborador de ANFE en la columna semanal que tiene en el Diario La Extra, don Carlos Federico Smith, publicó en marzo sus artículos titulados “El Zigzagueo del Banco Central”, “Puertas Cerradas para el Banco Central”, “¿Podrá Mejorar el ICE?” y “No Limiten Libertades”, los cuales esperamos que hayan tenido la oportunidad de leerlos. También, como ya es usual, de don Carlos Federico incluimos en este boletín su columna libre, que en esta ocasión trata del proyecto que se ha presentado para capitalizar las pérdidas del Banco Central.

El programa “Benefactores de ANFE” gracias a Dios continúa su actividad beneficiosa y ya nos ha permitido salir de algunas apremiantes obligaciones que venían agobiando a ANFE, pero para reforzar nuestras actividades y en especial las que se avecinan en ocasión de las celebraciones de nuestro 50 Aniversario, continuamos molestándoles para solicitar el apoyo financiero que a bien tengan darnos.

Jorge Corrales Quesada Presidente de ANFE

ASOCIACION NACIONAL DE FOMENTO ECONOMICO

A la opinión pública

La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Fomento Económico considerando que:

1. La tasa de inflación interanual actualmente supera el 11%, reflejando un agravamiento de la inflación de Costa Rica en los últimos meses.

2. Si bien parte de esa inflación mayor se explica por el alza de precios internacionales, el origen fundamental del proceso inflacionario de nuestro país es de naturaleza monetaria.

3. El Banco Central de Costa Rica ha renunciado explícitamente al control monetario para forzar la flotación del colón frente al dólar, que ha llevado a insostenibles niveles negativos de las tasas de interés y a un incremento inflacionario de los medios de pago, resultado inevitable del aumento de reservas del Banco para mantener un tipo de cambio que no refleja las presiones del mercado.

4. El mercado cambiario no ha respondido a una flotación libre y transparente y más bien implícitamente genera expectativas de ganancias cambiarias, incluso en presencia de serias distorsiones e incertidumbre creadas por el mismo Banco Central en el mercado monetario.

ACUERDA:

Promover el análisis y el debate serio y científico de la viabilidad económica de una dolarización de la economía nacional.

Ofrecer sus buenos oficios y conocimientos para sentar las bases de la discusión ponderada y mesurada de tan importante opción de política.

Urgir a las autoridades económicas, principalmente del Banco Central, a que reflexionen pública y abiertamente sobre diferentes opciones a un sistema cambiario que presenta serios problemas.

“No cederé más poder al estado. Voluntariamente no cederé más poder a nadie, ni al estado, ni a la General Motors ni al Congreso de Organizaciones Industriales [Nota del traductor: el sindicato estadounidense CIO por sus siglas en inglés]. Atesoraré mi poder cual si fuera un miserable, resistiendo cualquier esfuerzo por írmelo quitando. Usaré mi poder tal como lo crea necesario. Tengo la intención de vivir mi vida como un hombre obediente, pero obediente de Dios, subordinado a la sabiduría de mis antecesores; nunca a la autoridad de las verdades políticas a las cuales se arribó ayer en el centro de votación. Este sí que es en verdad un programa, ¿no es cierto? Ciertamente es un programa lo suficiente como para mantener a los liberales [conservadores, en el uso que se le da al término en los Estados Unidos], y acorralados a los estatistas [liberales, en el uso que se le da al término en aquel país]. Y libre a la nación.” William F. Buckley & John Dos Passos, Up from Liberalism (New York: McDowell, 1959).

“La mejor defensa contra un gobierno usurpador es una ciudadanía defensiva.” William F. Buckley, Windfall: The End of the Affair (Random House, 1992).

“Con la desmitificación del estado como agente del bienestar universal también surgió una curiosidad revivida acerca de lo que es deseable de una democracia. Empiece por admitir que una democracia que nos dio a Perón y a Hitler es una catedral imperfecta en la cual orar y habrás avanzado mucho. Si la democracia puede disminuir sustancialmente la libertad humana, es tan sólo casualmente interesante que esa disminución de la libertad se haya efectuado gracias a un debido proceso político. Lo que atrajo la atención del curioso, particularmente entre libertarios, fue la idea de que es enteramente concebible que en una situación dada uno puede enfrentarse con que la libertad y la democracia son alternativas mutuamente excluyentes. No es del todo así, porque si usted renuncia a la democracia con base en que la democracia va encaminada hacia un abismo totalitario, de hecho usted ha cedido en algo. Pero ese algo que usted abandona no es necesariamente más valioso que aquello que por dejarlo de lado usted puede conservar. Burke lo expuso con más sencillez cuando reiteró que el fin de la libertad política es la libertad humana… Para que la democracia sea una servidora de la libertad en vez de un instrumento por el cual se penaliza a una minoría, entonces deberá reconocer aquellas leyes auto-limitantes que razonablemente restringen todas las otras libertades.” William F. Buckley, “Socialism and Freedom” en A Hymnal: The Controversial Arts (New York: Berkley Publishing Corp., 1981), p. p. 8-9.

“La reforma tributaria que se propone: Que el Congreso (de los Estados Unidos) elimine el carácter progresivo del impuesto a los ingresos; deberá eliminar todas las deducciones excepto aquellas relacionadas directamente con el costo de adquirir los ingresos; deberá eliminar todas las exenciones; deberá eliminar el impuesto a la renta de las empresas; deberá reembolsar a todos los contribuyentes que estén por debajo de la línea de pobreza, por cualquier impuesto federal que tenga un impacto regresivo; deberá poner un impuesto uniforme con una tasa del 15 por ciento aplicable a todos los ingresos; deberá asistir a la gente de los estados más pobres que vivan por debajo del nivel de pobreza… y deberá recolectar el impuesto a la renta a nombre de los estados individuales a cualquier tasa que sea especificada por esos estados.” William F. Buckley, Tour Reforms: A Program for Today (New York: Berkley Publishing Corp., 1973), p.p. 63-64.

“La licencia ideológica que hoy en día arde en los Estados Unidos [escrito en 1971] hace atractiva a la anarquía para el cándido. Aún para el ingeniosamente cándido. Hay jóvenes que son atraídos por el Sr. Rothbard [Murray N.] porque les atraen los extremistas o (dicho más exactamente) a extremismos fanáticos de las verdades puras. Oliver Wendell Holmes lo dijo al comentar que mientras el sentido común nos dice que un hombre posee el aire encima de su techo, el fanático le dirá que posee un tubo de aire que va desde su techo hasta los cielos, de manera que ningún transporte supersónico o el papalote de un niño, pueden sobrevolarlo, excepto con un permiso por escrito. El liberal estadounidense [conservador en la terminología de ese país] cree que el estado puede ser a menudo un instrumento de maldad más que de bien: recuerde que requirió un estado para transformar Mein Kampf en Buchenwald y a El Capital en campos de concentración. Pero no, hijos, uno por tanto no aboga en contra de la existencia del estado. El liberal abriga la presunción en contra de cualquier crecimiento en el poder del estado. La cuestión, en una situación dada, de si tal presunción es sobrepasada por la evidencia, es algo para que los hombres inteligentes discutan.” William F. Buckley, “The Right-Anarchists,” en Inveighing We Will Go (New York: Berkley Publishing Corp., 1972), p. p. 285-286.

Tal vez ustedes, amigos lectores, observaron la euforia con que muchos de nuestros diputados –de todos colores y sabores- celebraron la reciente aprobación de una nueva ley llamada algo así como de la Banca para el Desarrollo. Me expliqué tan exuberante complacencia -de al menos algunos de ellos- al hecho de que la aprobación de esa ley se logró porque se erosionó la intemperante oposición de los diputados del Partido Acción Ciudadana a aprobar ley alguna, pues erigieron una barrera política para oponerse a cualquier trámite legislativo dada su férrea oposición a que se votaran las leyes conexas al TLC. Pero también me pareció que en algunos diputados primaba una genuina satisfacción. Tal vez porque regalar plata ajena –como suelen hacerlo muchos políticos- al menos en el corto plazo parece dar dividendos electorales, a causa del presunto agradecimiento de los beneficiarios, a la vez que los contribuyentes que pagan esas cuentas no suelen relacionar -con ira- el aumento en los pagos de impuestos a la aprobación de ciertas leyes dispendiosas, como la de referencia. Pero puede ser que los diputados estaban honestamente contentos por el bien que creen haber hecho aprobando esa ley de Banca para el Desarrollo

Pero en política hay celos y a veces, para evitar sus funestas secuelas, se acude a poner en práctica aquél lema gálico “après nous, le déluge”, que en cristiano serio significa “después de nosotros, el diluvio” y que en cristiano de pata en el suelo se expresa con un “el que venga atrás, que arrase con todo”. Los vivillos del Consejo Nacional de la Producción, con el angelical aire cómplice de “yo no sé nada de eso” puesto por las autoridades superiores del Ministerio de Agricultura, dispusieron, antes de que esos fondos se fueran a fortalecer el programa potencial de préstamos estipulado por la nueva ley de Banca de Desarrollo, gastarlos en su Programa de Reconversión Productiva, caracterizado precisamente por una pobre selección de proyectos rentables y una triste recuperación de recursos. Se trata de gastar ahora, por “nosotros, antes que ellos”, la bicoquilla de casi once mil millones de colones.

Afortunadamente los diputados no se aguantaron el brinco y pusieron un grito al cielo tan duro que hasta alertó a la Casa Presidencial, la cual, en el momento en que se firmaba la nueva ley de Banca de Desarrollo, ordenó echar para atrás la dispendiosidad de los jerarcas del Consejo Nacional de la Producción.

Me gustó ver esa reacción de los diputados, aunque no porque crea que esa nueva ley no va a constituir en otro regalo de recursos –pues casi todo está para que ello sea así- sino porque guardo la esperanza de que esa misma satisfacción con que recibieron el proyecto del Poder Ejecutivo para capitalizar al Banco Central, no les irá a obnubilar su perspicacia y así puedan darse cuenta de que posee problemas muy serios. Ese es el tema que trato en esta ocasión, pues parece que pocos están en contra de capitalizar al Banco Central, si, como alegan los proponentes de esta ley, se va a traducir en un control de la inflación que tanto nos agobia.

El punto esencial, para empezar, es preguntarse si el proyecto de ley para la capitalización del Banco Central, efectivamente lo logra. Lo más sorprendente es que el proyecto no capitaliza al Banco, sino que sólo abre la posibilidad de que el Estado, entre otros, incluyendo personas físicas o jurídicas, puedan donar o aportar recursos al Banco supuestamente para capitalizarlo. El Ministerio de Hacienda así podría entregar recursos para capitalizar al Banco, pero no dice que tendrá que hacerlo, pues queda a su voluntad. Así podría en el futuro darse la posibilidad de que el Estado no vaya a querer capitalizar al Banco, con lo cual persistirían los problemas derivados de su insuficiencia.

Ante este defecto crucial, si conviniera para el país capitalizar al Banco Central para eliminar sus pérdidas que provocan problemas inflacionarios, lo que se debe hacer es efectivamente capitalizarlo. Para efectivamente lograrlo propongo que simplemente se transfieran las obligaciones llamadas cuasi-fiscales al Ministerio de Hacienda que es adonde pertenecen. Son aquellas obligaciones que se trasladaron al Banco Central como resultado de una decisión del Poder Ejecutivo, ante el mal gobierno de la Administración Carazo, que permitió dar divisas preferenciales a un sector privado a punto de quebrar. Esas obligaciones, en lugar de asumirlas el Estado como correspondía por medio del Ministerio de Hacienda, las ubicó en el Banco Central y su servicio es fuente de emisión monetaria y de presiones inflacionarias.

Pero las pérdidas en que hoy incurre el Banco Central por el servicio que debe hacer de sus obligaciones, no se originan tan sólo en aquéllas mencionadas en el párrafo inmediato anterior. También, con el paso de los años, el Banco Central se ha ido endeudando esencialmente para cumplir con su política de mantener un tipo de cambio que subvalora al colón frente al dólar. Por ejemplo, en la actualidad, el Banco, para defender el piso de la llamada banda cambiaria y no dejar que el colón se valorice a más de lo que dicho piso define (esto es, impedir que se revalúe el colón ante el dólar), adquiere una excesiva cantidad de dólares en los mercados cambiarios, que ha hecho que, a la fecha, tenga reservas de casi cinco mil millones de dólares. Para adquirir esos dólares emite colones, que causarían inflación y para frenarla coloca deuda para retirar ese exceso de colones, dando lugar a futuras pérdidas para el Banco Central y una consecuente nueva emisión monetaria.

Es muy posible, pues no hay cifras exactas al respecto y las autoridades no las han dado, que las pérdidas para el Banco originadas en sus actuaciones cambiarias excedan a las pérdidas originadas por el traslado de deudas que el Gobierno le hizo en el pasado al Banco Central. El país –y ojalá que los diputados soliciten esta información- debe conocer cuál es hoy el origen de las pérdidas que tiene el Banco.

Lo cierto es que, independientemente de ese origen, si tan sólo se trasladaran al Ministerio de Hacienda las obligaciones cuasi-fiscales arriba mencionadas, bien podría ser que el Banco continúe con fuertes pérdidas y por ende estaríamos incapacitados de evitar las presiones inflacionarias originadas por ellas. Por tanto, de ser este el caso, se requeriría de una decisión estatal que capitalice al Banco para compensar estas pérdidas adicionales. Ello, de nuevo, pone en manos del Gobierno de la República -responsable en última instancia de las pérdidas del Banco cualesquiera sean su origen- la decisión de eliminarlas y ello podría significar trasladarle recursos públicos adicionales al Banco. Pero nada de esto aparece en el proyecto que se comenta, sino tan sólo se abre la posibilidad de que el Banco reciba donaciones (y, no es para burlarme, pero las abre hasta para que el Banco reciba radiopatrullas viejas y todo tipo de chatarra como donación ciudadana).

Otro aspecto importante del proyecto de ley que comento se relaciona con la ampliación de la potestad del Banco para aumentar la llamada tasa de reserva legal o encaje legal. Este se refiere a que el Banco Central exige a los intermediarios financieros –hoy día, por ejemplo, a los bancos comerciales- a mantener como encaje (ya sea en las cajas de los bancos o depositándolo en el mismo Banco Central) un porcentaje de los depósitos o captaciones que reciben de sus clientes. A la fecha el límite máximo que el Banco Central puede imponer es de un 15% y si se excede de esa tasa, debe pagar intereses a los, digamos, bancos comerciales, por ese monto superior. Ahora pretende aumentar el encaje hasta un 25% sin que tenga que reconocer interés alguno.

Para los familiarizados con asuntos de finanzas, dicho encaje no es sino un impuesto a los depósitos en los bancos comerciales, en donde el Banco Central capta parte de esos recursos sin pagar interés alguno. Al encaje también se le considera un instrumento del que dispone el Banco para variar la cantidad de dinero en circulación, pues si, por ejemplo, por cada mil colones que recibe un banco comercial, si el encaje es de, digamos, un 10% que debe entregar al Banco Central, los restantes 900 colones los puede usar para prestarlos a clientes, que, a su vez, regresarán como depósitos a esos mismos bancos comerciales, que deberán encajados a esa tasa del 10% y así sucesivamente. Al final de cuentas el dinero en circulación en la economía crece en un múltiplo del depósito original en el banco comercial (para los técnicos y en forma simple, el depósito original de dinero por mil colones al final termina multiplicándose hasta llegar a constituir una cantidad de dinero en circulación de diez mil colones).

Si el Banco Central pone un encaje legal superior, digamos del 25%, la cantidad de dinero en circulación a que dio origen el depósito original de mil colones ya no sería de diez mil colones, sino de sólo cuatro mil colones (crean en mis números, pues no son cruciales para comprender el concepto).

Con ese aumento en el encaje legal el dinero circulando en la economía se redujo de diez mil colones a sólo cuatro mil, y es la razón por la cual se alega en los considerandos del proyecto de ley que se comenta, que el aumento propuesto en el encaje legal le permite al Banco Central aplicar una política monetaria restrictiva que faculte reducir la inflación.

Pero ese aumento tiene varios efectos que deben de considerarse. El primero es la naturaleza de impuesto que tiene y al cual acude el Banco sin expresar que se trata de un aumento en ellos, tema que debería tratarse con el cuidado que merece cualquier incremento de gravámenes. El segundo es que, de darse tal alza, se trasladará a los usuarios de créditos mediante un incremento en los intereses cobrados por los préstamos. Y tercero, si esos intereses aumentan, se eleva el costo de llevar a cabo proyectos de inversión, lo cual no parece ser muy afortunado, en especial si es cierto lo que dijo recientemente el Presidente de que al país se avecinaba “un período de vacas flacas”.

Pero, sobre todo, el alza en la tasa de reserva legal es para que los costarricenses cubramos la irresponsabilidad del Banco Central en el manejo de su política monetaria, principalmente cuando ha pretendido defender un régimen cambiario específico. Ahora busca pasar el costo de ese mal manejo a los costarricenses, sin asumir la responsabilidad financiera de sus actos.

Asimismo, el proyecto de ley busca que el encaje se aplique a “todas las entidades que realizan intermediación financiera” y se “hace manifiesta la posibilidad de aplicación (del encaje) a todas aquellas entidades que realicen intermediación financiera en el país, sin importar donde se ubique el domicilio de la plaza bancaria” pretendiendo así gravar la captación de bancos con domicilio en el exterior que realizan operaciones en el país.

Es poco factible que el Banco Central pueda lograr algo como eso. Por ejemplo, es sabido que en el país operan bancos de la región (les llaman, con cierta ironía, “bancos de maletín”) que prestan a empresas ubicadas en el país en mejores condiciones de crédito que el brindado por intermediarios financieros del país. Esta competencia es buena y si su existencia se origina en distorsiones ocasionadas por políticas internas, pues es una razón fuerte para eliminarlas, pero no para impedir que puedan operar en el país. La pregunta que aquí surge es si el Banco está en capacidad de controlar (para encajarlas) las operaciones en Costa Rica de esos bancos. Tengo grandes dudas de que vaya a poder hacerlo y más bien lo que va a lograr es elevar el costo del capital para operaciones domiciliadas en el país.

El problema no es sólo con esos bancos regionales (o de maletín), pues algo similar ocurre con los que llamo “bancos de maletón”, que son algunos grandes bancos ya ubicados en el país y que bien pueden brindar crédito desde el exterior a empresas ubicadas en Costa Rica. Si lo que se alega como razón para el proyecto de ley, es evitar mediante el encaje la expansión del crédito en el país, ¿estaría el Banco Central de Costa Rica obligando a encajar las operaciones de esos grandes bancos establecidos en el exterior por préstamos que haga a empresas y personas ubicadas en Costa Rica? ¿Acaso cree Usted que pueda tener éxito en tan titánica tarea de encajar esos bancos extranjeros?

Hay más problemas que se le pueden señalar a este proyecto de ley, pero es suficiente por el momento. Tan sólo cabe esperar que los señores diputados (quienes difícilmente van a leer este comentario) estén atentos a las pretensiones e ilusiones que contiene, para evitarnos luego un alegrón de burro.

Queda debidamente autorizado para reproducir esta columna en el medio de su predilección.

DEMOCRACIA VS. LIBERTAD

¿Son la libertad y la democracia sinónimos o antónimos? ¿O son más bien como conceptos independientes que pueden ir de la mano como amigos pero que otras veces son enemigos a muerte? La respuesta a estas interrogantes depende de la claridad de los conceptos que tengamos sobre libertad y democracia.

El primer punto es que la libertad del ser humano es un derecho natural. “Todo ser humano nace libre….” dice el primer artículo de la declaración universal de los derechos humanos. Es decir, la libertad es anterior a la creación de cualquier Estado y el ser humano es libre por naturaleza y no por decisión o voluntad del gobierno, del legislador o de las mayorías. La mejor prueba de que el ser humano es libre es que, si no lo fuera, entonces sería esclavo -de alguien. En términos materiales, ser esclavo significa que la persona no pude disponer libremente de su propiedad libremente adquirida y por tanto el respeto a la propiedad privada y al ingreso honestamente adquirido son expresión de la libertad. Libertad y propiedad privada son distintas caras de la misma moneda. Por eso es que Marx en el Manifiesto Comunista expresa como objetivo último comunista la abolición de la propiedad privada, es decir, de la libertad.

Por otra parte, democracia significa el gobierno de las mayorías, la voluntad de las mayorías. Esto nace como reacción a las monarquías absolutas en donde el gobierno, y por ende la ley, era la voluntad del soberano. Como dijo Luis XIV: “El Estado soy yo”. Sin embargo, la democracia, -el gobierno de la voluntad de las mayorías- implica por definición que ni la libertad individual, ni la propiedad privada, ni la libertad económica son valores o derechos naturales. En este sentido los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales, Adolfo Hitler, Daniel Ortega, Rafael Correa no son violadores de la democracia sino productos naturales de ella. Ninguno ha entrado por la cocina sino por la puerta grande. El socialismo en la democracia no es usurpación de la libertad individual porque el gobierno de las mayorías no presupone necesariamente la defensa de la libertad individual.

Un corolario de la libertad individual es la libertad económica. Quien es dueño de su ingreso y propiedad honestamente adquirida es libre para comerciar, comprar, vender, alquilar, empeñar, asegurar, prestar, producir, importar, exportar, intercambiar, regalar, recibir, heredar sin restricción de ningún tipo (incluyendo permisos, cuotas, licencias o patentes) con cualquier otro ser humano sin importar nacionalidad o credo religioso. Creer en la libertad individual es demandar el derecho a la libertad económica y al libre comercio por razones morales y éticas.

Por otra parte, quien no cree en la libertad individual sino en la voluntad de las mayorías o en la democracia, somete el libre comercio a referendos o la voluntad del legislador que representa a las mayorías. Quien cree en la democracia, no debe ver objeción a los obstáculos al libre comercio creados por ley bajo la institucionalidad democrática. Creer en la democracia es creer en el derecho a oprimir a otro. Por el contrario, quien defiende la idea de que todo ser humano nace libre no cree ni en fronteras ni en aduanas.

Ya en 1960 en su libro “Constitution of Liberty” escrito por Hayek, quien fuera galardonado con el premio Nobel en Economía en 1974 escribió como la democracia ha fracasado en preservar la libertad individual. Si democracia es el derecho de las mayorías contra la libertad individual, entonces libertad y democracia son valores distintos que se contraponen. Pero no solo Hayek sino autores como Ortega y Gasset en su libro “España Invertebrada” (1921) y Peter Drucker en “The End of Economic Man: The origins of totalitarism” (1939) nos hablan desde mucho tiempo atrás sobre esta contradicción entre libertad y voluntad de las mayorías (democracia).

El ser humano debe defender la libertad individual y no tanto la democracia. En este punto debe quedar claro que hablar de democracia liberal es un absurdo. Tampoco tiene sentido discutir si lo mejor es una democracia presidencialista o una parlamentaria, ni discutir sobre los pesos o contrapesos ni la división de poderes en la democracia porque como dice Murray Rothbard en “For a New Liberty” (1976), es el mismo gobierno decidiendo sobre si mismo. Lo importante es defender la libertad individual frente al gobierno, a los empresarios y los sindicalistas. La democracia no es un valor, la libertad si lo es. Como decía Lord Acton: “La libertad no es un medio para un fin político superior. Es en sí mismo el fin político máximo”.

* El autor es parte del programa doctoral en Economía de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala; posee un Master en Economía Empresarial por la misma universidad y completó el “International Program in Finance and Managerial Economics” en Boston University. Es Presidente del Instituto Libertad y autor del libro: “Causa de la inflación, cierre del Banco Central y dolarización en Costa Rica”.

La persistencia de niveles elevados de inflación introduce efectos nocivos en el sistema económico. Así se establece en el proyecto de Ley de Capitalización del Banco Central de Costa Rica (BCCR), expediente No. 16998: “Por una parte introduce incertidumbre en el uso y la eficiente asignación de los recursos, y por otra erosiona el poder adquisitivo de la población en general y, en particular, de aquellos grupos más vulnerables a los que el Estado está especialmente interesado en proteger.” Contar con una clara definición del problema es, sin duda, un gran paso. El siguiente es evaluar distintas opciones de solución. Para contribuir al debate, presento a continuación los principales elementos de dos propuestas radicalmente opuestas para detener la inflación.

La primera consiste en otorgar “Superpoderes” al BCCR, como se expone en el citado proyecto de Ley. Además de una medida inconveniente como sería aumentar el nivel del encaje máximo de su nivel actual del 15% a un nivel del 25%, sin reconocer intereses, se argumenta a favor de dotar de más poderes al BCCR para combatir la inflación. Concretamente, se propone: i) autorización al Banco para recibir aportes de capital del Gobierno Central y de otros organismos, ii) sanciones y castigos severos para quienes no cumplan con los requerimientos de encaje y iii) mayores poderes para intervención del BCCR en mercados (distorsiones) para la negociación de deuda pública y la gestión de liquidez del sistema financiero. Paralelamente, el Gobierno manifestó ya su intención de intervenir más activamente en la economía y propone, para detener la inflación: controles de precios, restricciones al crédito al sector privado y nuevos impuestos.

No es claro cómo el conjunto de medidas descrito en el párrafo anterior—todas orientadas hacía una mayor intervención del BCCR y del Estado en la economía—contribuyen a solucionar el problema que nos ocupa. Las verdaderas causas de la inflación son las pérdidas acumuladas del BCCR y la “defensa” a ultranza del sistema de bandas cambiarias. Esta ha llevado al BCCR a reducir las tasas de interés pasivas, favoreciendo la expansión del crédito y el consumo, que se traducen en más inflación.

La segunda consiste en eliminar poderes al BCCR y eliminar distorsiones en los mercados. Para atacar las verdaderas causas y darle una solución definitiva al problema de la inflación, sin introducir distorsiones adicionales con consecuencias indeseables en el sistema económico, conviene optar por una opción que nos permita avanzar como sociedad en términos de libertad económica. Me refiero a la eliminación del colón como moneda de curso legal forzoso, permitiendo a los individuos rechazar cualquier moneda que no le inspire confianza. Esto dejaría sin trabajo, en un plazo no muy lejano, a la famosa maquinita de hacer billetes del BCCR.

*El Dr. Loría es Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica

La inflación es la principal amenaza en materia de política económica. Frente a la erosión de autoridad en materia monetaria y la crisis de credibilidad que afecta al Banco Central de Costa Rica (BCCR), la libre competencia de monedas es una opción viable en el corto plazo para detener la inflación. Esta consiste en que los individuos disfrutan el derecho a decidir cuál moneda comprar y cuál moneda vender. Los precios a los que se realizan esas transacciones, los tipos de cambio, se definen libremente en el mercado, sin la intervención del BCCR. Esto implica que la decisión de dolarizar, eurorizar o colonizar la economía, la toman, momento a momento, los individuos, en un mercado sin distorsiones. Tal como lo sugirió Frederich A. Hayek (Premio Nobel de Economía, 1974) en su artículo Escogencia en Moneda: Una forma para Detener la Inflación: “Lo que es tan peligroso y debería eliminarse no es el derecho de los gobiernos para emitir moneda, sino el derecho exclusivo para hacerlo y su poder para forzar a las personas a utilizarlo y a aceptarlo a un precio en particular.” (Énfasis en el original)

La historia económica costarricense demuestra que, tarde o temprano, el control del monopolio de la oferta de dinero por parte del BCCR—el uso de la famosa “maquinita” para imprimir los colones—se traduce en elevados niveles de inflación. En otras palabras, los costarricenses hemos sido obligados injustamente a pagar, con pérdidas en el valor adquisitivo del colón, algunos errores y ciertos abusos de poder político que, lamentablemente, ha evidenciado el manejo de la política monetaria. En pocas palabras, el monopolio del BCCR para emitir la moneda de curso legal forzoso—el colón costarricense—nos ha costado muy caro y ha contribuido a empobrecernos como sociedad.

Para abandonar el círculo vicioso de política monetaria desacertada-inflación-pérdida del poder adquisitivo, habría que eliminar el monopolio del colón como moneda de curso forzoso. La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (Ley N.° 7558) trata los temas referentes a “La moneda y su emisión”. Entre lo que interesa vale la pena resaltar: i) “El medio de pago legal de la República estará constituido por los billetes y las monedas emitidos y puestos en circulación por el Banco Central de Costa Rica.” (Art. 43) y ii) “Los referidos billetes y monedas tendrán, en el territorio de la República, poder liberatorio ilimitado y servirán para liquidar toda clase de obligaciones pecuniarias...” (Art. 46). Estos artículos se pueden eliminar e incluir un cambio constitucional que garantice a los individuos su libertad para escoger, o rechazar, cualquier moneda. Para tal efecto, se podría adoptar textualmente el artículo 117 de la Constitución de la República de Panamá de 1904 que estableció: “No podrá haber en la República papel moneda de curso forzoso. En consecuencia, cualquier individuo puede rechazar todo billete ú otra cédula que no le inspire confianza, ya sea de origen oficial ó particular.”

*El Dr. Loría es Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica

Yo no sé, y por eso me pregunto, cuál es el enredo que tiene el MEP con los salarios de los educadores del país; y lo digo de una vez, el asunto de por sí no me interesa. Lo que realmente me preocupa, en cambio, es el tipo de educación - o más bien la falta de educación - que soportan nuestros jóvenes, víctimas de un sistema educativo estatizado, estandarizado y plagado de maestros sin vocación (huelguistas profesionales), carentes de la adecuada preparación que exige el entorno socioeconómico globalizado en cuya órbita nos movemos individualmente y como nación.

Cuando uno, por ejemplo, observa la cantidad de dinero utilizado en las mal llamadas becas (asistencias condicionadas) del programa Avancemos y el dudoso destino asignado a este dinero por parte de las familias beneficiadas, me pregunto de nuevo si lo que estamos haciendo en Costa Rica no es empujar a los jóvenes hacia un sistema educativo que se asemeja a un sistema de guarderías y no a un sistema de acceso al conocimiento verdadero. Y al decir verdadero, me refiero a un conocimiento que nos sirva de herramienta de vida y nos libere del círculo vicioso de la pobreza.

La filosofía liberal insiste en que resulta más provechoso invitar a la gente a salir de la pobreza por la vía de acceso a una educación de calidad - subsidiada según las necesidades individuales - y a sistemas de acceso a la propiedad tangible e intangible, sostenibles y libres de distorsiones económicas, que la opción estatista de empujar a la gente por medio de asistencias condicionadas hacia sistemas mediocres, tanto educativos como de obtención de propiedad y empleo subvaluado. Una pregunta interesante sería: ¿en qué se parecen y en qué se diferencian un joven que deja sus estudios después de sexto grado y se dedica a vender flores y otro que completa sus estudios secundarios y termina vendiendo las mismas flores por no tener el conocimiento necesario a la hora de ocupar algún puesto enriquecedor y con posibilidades de “avanzar” en el hilo educativo? La respuesta es fácil: se parecen en todo y no se diferencian en nada; y esta, sin duda, es una frustración y una injusticia.

La educación, y sobre todo la subsidiada, tiene por fuerza que ser utilitaria desde el punto de vista económico. No podemos cargar a los contribuyentes con un sistema educativo que no prepara a los jóvenes ni los integra al sistema socioeconómico de una manera activa y que tampoco les permite, como fruto de su esfuerzo, contribuir mediante el pago de sus impuestos al sistema educativo que los ayudó a salir adelante.

Por eso, al estado costarricense le urge ya invertir en excelencia educativa antes que en asistencias condicionadas y explorar diferentes avenidas como “vouchers educativos”, sistemas de autogestión administrativa, acceso a mejores colegios técnicos, y sistemas y metodologías de educación a distancia.

Solo así podemos avanzar de un modo efectivo y dejar de tropezar siempre con la misma piedra.

Siempre que se plantea una problemática global, o sea que nos interesa a todos los habitantes de este convulsionado planeta, sale a relucir un nuevo vocablo o término que pretende dar luz al debate sobre el tema. La más reciente adición a nuestro léxico nos llega ahora bajo el término de SEGURIDAD ALIMENTARIA. De entrada, nos llama la atención: ¿tendrá que ver con bioterrorismo, o buenas prácticas de manufactura, o tal vez con sistemas de almacenamiento seguros, o con bancos alimentarios, o con proteccionismo agrícola? En realidad, la respuesta correcta es: ninguna de las opciones anteriores.

Para aclarar los alcances de la cuestión, creo conveniente presentar la definición aceptada por la FAO, órgano adjunto a la ONU y máxima autoridad –autoproclamada- en el rubro que nos ocupa. Podríamos decir que hay Seguridad Alimentaria “cuando toda la gente tiene siempre acceso, físico y económico, a alimentos suficientes, seguros y nutritivos con el fin de satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias para una vida activa y saludable”. Nótese de inmediato el uso de las palabras "económico", "necesidades" y "preferencias". También podemos obviar la necesidad de preocuparnos por el sustento de las personas involucradas en la producción de los alimentos, dado que la definición va más allá de las necesidades de grupos económicos y, definitivamente, no enmarca la necesidad de optar por medidas de guerra con el objeto de lograr autosuficiencia en la producción en perjuicio del empobrecimiento de la población.

Aunque no es tan obvio, en la definición precedente queda claro que no puede existir la llamada Seguridad Alimentaria mientras haya pobreza extrema, dado que esa parte de la población no podrá acceder a las calorías y proteínas necesarias para su adecuada nutrición. Este hecho pone gran peso al factor precio en la oferta de tales alimentos y en los mecanismos para lograr que dichos alimentos lleguen a los estómagos de la forma más pronta y económica posible. Si esto es cierto, porque siguen existiendo grupos económicos irresponsables que se oponen a la apertura arancelaria de todos los alimentos, la disponibilidad económica alimentaria va depender al fin de que ciertos agentes económicos comerciales puedan acceder a la oferta de alimentos, tanto nacionales como internacionales, libres de restricciones. Bueno, aquí la realidad también es obvia: simplemente algunos grupos solo están pensando en sus propios estómagos y quieren, por medio de su influencia y presión política, privar a la población de su derecho a buscar la opción más económica para dar de comer a sus familias.

Un argumento nacionalista común es que si desaparece la industria local, por culpa de la apertura, dependeremos de otros países a la hora de garantizarle comida al pueblo (soberanía alimentaría). El argumento resulta absurdo, dado que a los consumidores les es totalmente indiferente la nacionalidad de los productores de los alimentos que compran. Las campañas “compre y use lo que el país produce” han publicitado una de esas frases especiosas, muy populares; y si bien es cierto que tal tipo de proteccionismo, basado en campañas que apelan a la voluntad y no a la fuerza, es menos detestable que los subsidios, aranceles y cuotas, también es verdad que es sustentado por el propio analfabetismo económico (Stewart, 2005).

Por otro lado, si algo nos ha demostrado Nueva Zelanda es que la apertura y eliminación de los subsidios genera un ambiente de innovación, cooperación y eficiencia que logra penetrar en todos los ámbitos económicos y sociales de un país. Esto obliga a los agentes involucrados en la producción y diseminación del conocimiento a dejar de ser meros espectadores de las nuevas tecnologías y a convertirse ellos mismos en creadores.

Los precios de los alimentos han aumentado mucho a nivel mundial, por lo que las preocupaciones por las consecuencias sociales empiezan a aflorar. La FAO advierte que, a pesar de que la producción mundial de granos aumenta año con año, no lo hace al mismo ritmo que la creciente demanda por alimentos.

Primero hay que entender que la demanda mundial de granos crece, en buena medida, por culpa de razones geopolíticas, ajenas a la agricultura. Como el precio del petróleo ha subido tanto, países como Estados Unidos y Brasil han ideado subsidios para la producción de biocombustibles (etanol y biodiesel). Por lo tanto, una parte de la producción de maíz y de soya ahora se utiliza para producir combustible, en lugar de alimentar a las personas. O sea, estamos retrocediendo a los tiempos del siglo XIX, en que el principal combustible para el transporte provenía de la tierra (pastos para caballos), en vez de debajo de la tierra (petróleo para carros). Como hay pocas tierras adicionales disponibles, que sean aptas para sembrar, al menos que la productividad aumente mucho, o que la tala de bosques se acelere, la producción agrícola no aumentará lo suficiente para compensar la mayor demanda, por lo que los precios seguirán subiendo.

Ante este panorama internacional, estamos advertidos de que nos enfrentamos a un escenario de altos precios de alimentos por un tiempo más. La solución, por lo tanto, debe estar orientada a la búsqueda de una mayor eficiencia en el uso de los recursos, en el largo plazo. Por ejemplo, pensar en forzar a que en el país se produzca todo lo que nos comemos, sería un error grave. Ahí sí que nos sale más cara la torta que los huevos.

Durante muchos años hemos estado comprando granos a precios internacionales más bajos que lo que nos costaba producir. Los costarricenses nos hemos visto beneficiados al poder comprar alimentos más baratos. Pero también nos ha permitido aumentar la producción y venta de otros productos y servicios en los que somos más productivos. Se sustituyó la producción agrícola tradicional por la exportable y el turismo. Si ahora quisiéramos echar marcha atrás, e incentivar la producción de granos en el país, ¿Qué pasaría con lo que se produce hoy? ¿Cuáles tierras se usarían? ¿Las que hoy están sembradas de café, piña, melón o caña, los pastizales, o los pocos bosques que quedan? Si los precios están tan altos, ¿por qué no se siembran más granos en el país? La respuesta a todo esto es: productividad. En el país se debe producir lo que le resulte más productivo, para así generar suficientes ingresos y poder comprar los alimentos caros. El Gobierno debe ayudar a crear las condiciones necesarias para que la productividad, en todos los campos, sea la mayor posible.