Asociación Nacional de Fomento Económico ANFE

Panel de la primera reunión del seminario "Nuestro Sistema Educativo". De izquierda a derecha Señores Carlos Murillo, Álvaro Cedeño, Victor Buján y José Abdulio Cordero

CURSOS CORTOS EN ANFE

Este mes de abril se abrirán los siguientes cuatro cursos de seis horas cada uno, una hora por semana:

Cinco lunes de 4.30 a 5.30 p.m.

OCCIDENTE EN UN MUNDO MULTICIVILIZATORIO Prof. Luis Fernando Araya

Cinco martes de 4.30 a 5.30 p.m.

QUÉ ES EL DINERO Y CUÁL EL PAPEL DE UN BANCO CENTRAL Prof. Juan Muñoz

Cinco miércoles de 4.30 a 5.30 p.m.

TRAYECTORIA DEL PENSAMIENTO LIBERAL Prof. Jorge Corrales

Cinco jueves, de 4.30 a 5.30 p.m.

CAUSAS NO ECONOMICAS DE LA POBREZA Prof. Luis Carlos Ramírez Zamora

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Lugar: Local de ANFE en Barrio Fernández Peralta, frente al costado de la Iglesia Sagrado Corazón.

Valor: 10.000 colones cada curso

Inscripción abierta a todo interesado. Tel. 376-19-47 y 253-44-60 FAX: 253-44-97

Sobre la reciente decisión de China de dar estatus legal a la propiedad privada: “Desde su reforma y apertura, la economía se ha venido desarrollando rápidamente, han mejorado los estándares de vida de la gente y con cada día que pasa ha venido creciendo la propiedad privada… y ella requiere urgentemente de una protección efectiva de su propiedad legalmente acumulada por medio de su duro trabajo.”

-Wang Zhaoguo, Vicepresidente del Comité Permanente del Consejo Nacional del Pueblo (la Asamblea Legislativa China).

“Aunque es probable que esto no se publique, desde el año 96 hemos insistido que el gobierno no necesita nuevos impuestos para financiar su déficit. Debe cobrar los actuales, eliminar la evasión, revisar su gasto.

El efecto de la contabilidad creativa lo ha logrado eliminar gracias a la creación de su CAJA UNICA. Felicitaciones, pero falta una cosa: EL BCCR NO NECESITA DINERO. Su déficit es ficticio. ¿Por qué no nos dicen a quien le deben este dinero? ¿Por qué no consideran que ya los costarricenses hemos pagado esto con la inflación? ¿Por qué quieren quitarle recursos al gobierno para, ahora sí, justificar nuevos impuestos?”

-Luis Carlos Peralta Ballester, profesor de la escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica.

Si existe tal cosa como el deber o algo como la felicidad; si hay alguna diferencia entre la conducta buena y la mala; cualquier distinción entre la virtud y el vicio o entre la sabiduría y la estupidez: En resumen, si hay tal cosa como la perfección o la imperfección que correspondan a los poderes racionales que constituyen los agentes morales; o si los disfrutes y las búsquedas admiten de una comparación; debe reconocerse necesariamente que una buena educación significa el cuidado apropiado de instruir tempranamente en la ciencia de la felicidad y del deber; o en el arte de juzgar y actuar con corrección en la vida. Cualquier otra cosa que uno pueda haber aprendido, si con tal educación uno entra al mundo y lo maneja como un simple extraño, poco familiarizado con la naturaleza, rango y condición de la humanidad y con los deberes de la vida humana (al menos en sus circunstancias más ordinarias), ha perdido el tiempo: no está educado; no está preparado para el mundo; no está calificado para formar parte de la sociedad; no está adaptado para llevar a cabo los asuntos propios del ser humano.

Por ello, el camino para juzgar si una educación es buena o no, radica en compararla con este fin; o en considerar qué hace para lograr que los jóvenes escojan y se comporten bien en las diferentes condiciones, relaciones e incidentes de la vida. Si la educación está calculada y adaptada para brindar tempranamente a las mentes jóvenes el conocimiento apropiado para su guía y dirección en los principales asuntos del mundo y en las principales vicisitudes a las cuales están sujetos los asuntos humanos, entonces, es en efecto una educación correcta o apropiada. Pero si tal enseñanza no tiene como objetivo principal, al cual se supeditan todas las demás lecciones, en lo que se llama el instituto de la juventud, entonces, o el arte de vivir y de actuar bien no es el asunto más importante del hombre, o es que se desatiende lo que debería ser el fin principal de la educación y se le sacrifica por algo que tiene una importancia muy inferior.

-George Turnbull, Observations upon Liberal Education, in All Its Branches (Indianapolis: Liberty Fund, 2003), p.p. 171-172; originalmente de London: Printed for A, Millar, 1742).

Discurso del Sr. Carlos Alberto Montaner al recibir el premio Tolerancia del gobierno regional de Madrid

La definición más urgente y precisa de tolerancia acaso sea ésta: la decisión de convivir respetuosamente con aquello que no nos gusta, aunque tengamos la capacidad potencial de suprimirlo o evitarlo. Ser tolerantes no significa que aprobemos o aplaudamos costumbres y quehaceres que nos resultan incómodos, desagradables o antiestéticos, sino que admitamos, melancólicamente, que la vida es plural, diversa, cambiante, y que a los seres humanos sólo nos es posible mantener la concordia y conseguir un cierto grado de felicidad si el comportamiento que exhibimos se adapta a nuestras convicciones más íntimas. Cuando se obliga al otro, por la fuerza, a que suscriba ciertos puntos de vista o ciertos modos de vida, cuando se le impone una cosmovisión extraña, se está cometiendo un terrible crimen contra la conciencia ajena.

Los seres humanos, para vivir en paz con nosotros mismos, necesitamos un grado de coherencia interna. Necesitamos buscar o expresar libremente nuestras creencias religiosas o nuestras dudas, nuestras particulares formas de vestir o de disfrutar las expresiones literarias y artísticas. Necesitamos satisfacer nuestras particulares curiosidades intelectuales, y manifestar, también libremente, nuestras opiniones y nuestras preferencias afectivas: en suma, necesitamos ser nosotros mismos sin impostar la voz, sin enmascararnos y sin recurrir a hipocresías para sobrevivir.

No hay Estado, partido político, u organización ideológica o religiosa que sepa mejor que nosotros mismos lo que queremos y lo que nos conviene. No hay entidad capaz de tomar decisiones de ningún tipo en nuestro beneficio mejor que las que podemos tomar nosotros mismos, incluso cuando nos equivocamos, porque la libertad también incluye riesgos que deben asumirse responsablemente. No hay ogro más dañino, en fin, que el filantrópico, como señalara Octavio Paz, aquel brillante poeta mexicano distinguido con el Nobel.

La libertad no es un lujo sino una imperiosa necesidad de la conciencia. Cuando no somos libres, cuando nos obligan a fingir, cuando nos imponen dogmas, rituales, libros sagrados, conductas e ideas contrarias a nuestras verdaderas creencias personales, experimentamos una dolorosa disonancia que, con frecuencia, se trasforma en una angustiosa sensación de falsedad: nos convertimos en farsantes, y esa postura se transforma lentamente en un hondo malestar psicológico, en neurosis, como señaló Carl Rogers, uno de los psicólogos más importantes del siglo XX.

Desgraciadamente, todavía estamos muy lejos de vivir en un mundo presidido por el respeto al otro. El siglo XX fue especialmente prolífico en actitudes intolerantes. Cuando los marxistas prohibían libros y los fascistas los quemaban, cuando los comunistas fusilaban “enemigos del pueblo” y los nazis gaseaban judíos, esa conducta criminal se alimentaba de la fatal combinación entre la certeza ideológica -la arrogancia del que cree poseer una verdad única e indiscutible- y el rechazo a la diversidad. El que era diferente debía ser extirpado violentamente del seno de la sociedad.

Cuando se ha incubado un desprecio total por el que es diferente, surge fácilmente la intolerancia, hábilmente camuflada tras un lenguaje patriótico, lo que permite maltratar sin limitaciones al enemigo elegido, o aplastarlo si fuera necesario o, simplemente, divertido. En mi país, en Cuba, para desgracia de los cubanos, los gobernantes carecen de dudas. Han interpretado el pasado y el presente de manera infalible. Han previsto el futuro de forma inequívoca. Todo lo saben, y, por lo tanto, se sienten autorizados a exterminar a quienes se atreven a disentir, como les ocurre a los demócratas que piden un gobierno abierto, designado libremente por la sociedad en elecciones plurales como las que existen en España y en los treinta países más felices del mundo.

Por estas fechas, se han cumplido cuatro años de la llamada “primavera negra”, cuando 75 pacíficos demócratas de la oposición fueron encarcelados y condenados a severas penas de hasta 25 años de cárcel por escribir crónicas sin censura en periódicos extranjeros, prestar libros prohibidos o solicitar una consulta electoral. De esas personas, sólo han sido excarcelados unos pocos prisioneros: los que estaban más enfermos y, además, gozaban de notoriedad internacional. El resto, que son casi todos, permanecen encerrados en las peores condiciones, sometidos a palizas y humillaciones constantes. Mientras tanto, las mujeres de la familia, las dignas Damas de Blanco -representadas en España por Blanca Reyes, quien fue una de ellas-, madres, hijas y esposas de los presos, cuando la ocasión parece oportuna, recorren las calles silenciosamente pidiendo la libertad de sus seres queridos mientras, a veces, son acosadas por las turbas organizadas y enviadas por el gobierno.

Desgraciadamente, no son estos 75 los únicos presos de conciencia que hay en el país. Las organizaciones de derechos humanos más solventes hablan de unos 300, y algunos ya han cumplido hasta 15 años de privación de libertad, dato que no debe sorprendernos tratándose de la dictadura cubana: hace pocas semanas Mario Chanes, un ex dirigente sindical, murió en Miami. Había cumplido en Cuba 30 años de cárcel en las condiciones más terribles. Junto a Fidel Castro, había sido atacante del cuartel Moncada y expedicionario del Granma, los dos hechos clave del movimiento revolucionario creado por Castro. Pero Mario Chanes no era comunista y aborrecía la dictadura, así que Castro fue especialmente cruel y vengativo con él, como suele serlo con los amigos o subordinados que se atreven a contradecirlo.

No obstante, no todas las noticias que vienen de la Isla son malas. Pese a que el rigor de la tiranía no cede, existe en la sociedad -incluidas en ella la oposición y las zonas más lúcidas gobierno- la convicción generalizada de que estamos en la última etapa de una larga pesadilla que se ha extendido por casi medio siglo. Casi nadie cree que el comunismo podrá sobrevivir mucho tiempo a la muerte del caudillo que lo impuso. Casi todos piensan que un fracasado sistema, montado sobre las falacias del marxismo y organizado de acuerdo con el ineficiente y ya extinguido modelo soviético, no podrá prevalecer mucho tiempo en un mundo en el que han triunfado las ideas de la libertad.

Por eso España es una referencia muy importante para los cubanos. Por eso miramos ansiosamente hacia la Madre Patria: nosotros soñamos con una transición pacífica hacia la democracia y la libertad, parecida a la que supieron construir los españoles en el último cuarto del siglo pasado. Y soñamos también, por qué no, con tener un día la oportunidad, en una Habana libre, de devolver con un abrazo lleno de gratitud la solidaridad que nos han brindado los buenos españoles, como estos que hoy, para ayudarnos en nuestra lucha, han tenido la generosidad de otorgarme el prestigioso Premio a la Tolerancia.

He visto con interés y, ¿por qué no decirlo?, con sumo agrado, que los días del monopolio del INS parecen estar contados. Como todo monopolio resulta ser injusto, pues restringe la libertad elemental de que dispone todo ser humano: la de poder elegir; de poder escoger libremente lo que desea hacer con su dinero. Ese monopolio, que durante años ha limitado nuestra libertad, así quedará sujeto a que el costarricense le beneficie con su patrocinio o que escoja a otro proveedor de seguros. Resulta paradójico que, a estas alturas de la historia de la humanidad, Costa Rica sea de los pocos países del mundo que aún tiene un monopolio estatal de los seguros, en donde se ha convertido a muchos ciudadanos en simples delincuentes, pues han cometido el delito (como si no hubiera ya suficiente criminalidad) de comprar algún seguro a empresas ubicadas más allá de las fronteras nacionales.

Hubiera preferido un INS privatizado (y, antes de que alguien piense mal, no pido que se haga mediante actos corruptos), pero la alternativa presentada hace poco, de que un INS reformado sea objeto de competencia, se supone que beneficiará a los consumidores nacionales. Esta apertura al menos permitirá evaluar, con el paso de los años y bajo competencia efectiva, si los recursos escasos de que dispone el Estado se destinen a mantener una actividad aseguradora –supuestamente ahora bien provista por empresas privadas- en vez de dirigirlos a labores propias de un estado moderno, como podrían ser la seguridad, la educación y la salud de la gente.

En primer lugar, en una sección de su artículo 119 se lee así: “El Instituto (Nacional de Seguros) contará con la garantía y las más completa cooperación del Estado y de todas sus dependencias e instituciones”. Con ello viene a la mente si el Estado garantizará todas las pólizas (como sucede con los depósitos a la vista en el campo bancario), la totalidad de la actividad del INS o sus resultados económicos. Como está redactado el proyecto, simplemente se da un sesgo en contra de la competencia, pues esa garantía es sólo para el INS (no debería serlo para nadie) y excluye al resto de empresas privadas que prestarían el servicio. Si el proyecto era para que hubiera un INS compitiendo en igualdad de condiciones con otras empresas aseguradoras, pues desde el inicio se nos está mintiendo.

En segundo lugar, una forma de evitar que haya competidores es creando costos de entrada al mercado. Los requerimientos de capital tan elevados que se proponen en el proyecto de Ley de marras son fuertes indicadores de que, en realidad, no se desea que surja una verdadera competencia y, si acaso, que sean pocos los que den el servicio, lo cual incitará a la colusión en contra de los consumidores. Según su artículo 16, el capital requerido va de, más o menos, 8 millones de dólares a 40 millones, según sea la actividad aseguradora a que se dedique la empresa. A estos montos se le suma una suma indefinida llamada capital regulatorio requerido, que, según el artículo 17 del proyecto, “deberá reflejar el monto de capital necesario para cubrir todas las obligaciones de la entidad dentro de un horizonte de tiempo determinado…” en donde el “Consejo Nacional de Supervisión definirá reglamentariamente el requerimiento de capital regulatorio para las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Definirá también los activos admisibles para su cobertura.”

En tercer término, para permitir que una empresa opere, si a lo anterior se le adicionan otros requisitos como, por ejemplo, de personal (tener un defensor del asegurado, un contralor normativo, entre otros) o bien que cumpla con obligaciones onerosas, como obtener y mantener una calificación de riesgo de una calificadora reconocida por la SUGEVAL, su instalación no se va a dar y, si se diera, probablemente con una cantidad muy limitada de firmas, dando así lugar a una falta de verdadera de competencia.

En cuarto lugar, según el Transitorio X del proyecto de Ley, al INS se le autoriza “para capitalizar las utilidades líquidas que por ley deba girar al Estado correspondientes a los cinco períodos anuales siguientes a la aprobación de esta Ley. Lo anterior a efectos de capitalizar el requerimiento de capital mínimo, de capital regulatorio, el contenido financiero de los activos del Cuerpo de Bomberos y en general para prepararse financieramente a cumplir con los requerimientos de esta Ley y afrontar las nuevas condiciones de mercado.” Esto es, al INS se le da un plazo de cinco años para cumplir con los requisitos de capital, mientras que a las empresas privadas que ingresen al mercado se les exige su inmediatez, pues de no disponer de ello no se le daría el permiso para operar. Obviamente se trata de una discriminación clara en contra de la competencia potencial, que enfrenta así mayores costos para entrar a operar.

En síntesis, nos lo diría Shakespeare: Ser o no ser. La propuesta no posee las condiciones para decir que es una apertura con competencia. No se cumple con el principio enunciado en la presentación del proyecto de Ley: “Hoy en día, la realidad es muy distinta a la de 1924, la globalización y la política en materia comercial del país generan necesidades de aseguramiento compatibles más bien con un mercado en competencia, mercado en el que el INS con su poderío económico y técnico cumpliría sin duda un rol predominante.” Más bien, se intenta mantener un INS con poca y debilitada competencia. Una vez más no se tiene presente, en su verdadera dimensión, el valor y el interés del consumidor, sino tan sólo con cumplir con las apariencias. Este proyecto debe reformarse en la Asamblea Legislativa, de manera que en realidad surja la competencia y no sea un simple atavismo o una acción que sencillamente se toma para cumplir con algún requisito contractual internacional. Los consumidores merecemos lo mejor y no una falsa solución de libertad frente al monopolio.

Queda usted debidamente autorizado para reproducir esta columna en el medio de su predilección.

Por: Adrián Brenes

En Costa Rica, país predominantemente cristiano, el valor de la solidaridad tradicionalmente ha estado muy presente en el corazón de sus habitantes. Ello implica que el amor al prójimo, enseñanza que Jesucristo subrayó con especial énfasis, nos ha motivado a ayudar a los menos favorecidos.

Cuando un cristiano se encuentra con un prójimo en necesidad, sus convicciones lo llevan a hacer algo según sus capacidades; incluso invita a otros y muchas veces forman una verdadera cadena de apoyo solidario. Esta invitación la fundamenta en otro valor cristiano, el libre albedrío, por lo que respetando ese principio se limita a intentar convencer sin coaccionar.

Así es como en Costa Rica se solía amparar al menesteroso, auxiliar al enfermo y proteger al huérfano. Asimismo, como la colaboración dependía del juicio de los demás, la gente se cuidaba mucho de no abusar de la buena fe de sus vecinos. De esto se trata la solidaridad.

Empero, con el tiempo, las ideas socialistas fueron minando la solidaridad cristiana. Los promotores de esta ideología se consideraban capaces de diseñar un gobierno omnipotente, capaz de resolver todos los problemas del hombre. De ahora en adelante, el Gobierno nos daría a todos trabajo, educación, salud y riqueza. Los funcionarios estatales elegirían a quién ayudar y de qué forma brindar esa ayuda. Sin embargo, para que el Gobierno intentara resolver estos problemas necesitaba recursos: se comenzó a cargar a los ciudadanos con impuestos. Los efectos de este proceso se pueden apreciar de manera diferenciada en tres grupos más o menos delimitados.

Los funcionarios gubernamentales encargados de quitar los recursos a unos ciudadanos para dárselos a otros escogían los beneficiarios en función de aspectos muchas veces arbitrarios. Esto fomentó el compadrazgo entre funcionarios y beneficiarios. Muchos beneficiarios comenzaron a ser escogidos en función de que ayudaran, al menos con sus votos, a perpetuarse en el poder a los partidos políticos de los funcionarios. Además, muchos de los recursos originalmente destinados a los beneficiarios comenzaron a quedar en manos de los funcionarios en la forma de privilegios laborales, consultorías innecesarias, etc.

En los beneficiarios, además, se generaron incentivos para no salir de la pobreza, no ahorrar para la educación o la salud, etc. En suma, se fueron generando incentivos para no salir de la condición de beneficiario.

Los contribuyentes, coaccionados por el gobierno, comenzaron a perder incentivos para generar una riqueza que, de por sí, les iba a ser arrebatada y que les iba a servir, entre otras cosas, para ayudar al prójimo de la forma que mejor les pareciera. (Recuérdese que la gente más rica usualmente destina grandes recursos a ayudar a sus semejantes: es fácil asociar la lista de los más ricos con las fundaciones más colaboradoras.) El crecimiento de los recursos para salir de la pobreza se fue frenando. Y lo que es peor: ahora cuando alguien veía a un prójimo en necesidad, ya no tenía por qué sentirse obligado moralmente: para qué ayudar si ahora era asunto del gobierno.

Resumiendo, en Costa Rica como en el resto del mundo, la re-distribución gubernamental no ha sido mas que una pálida imitación de la auténtica solidaridad. La historia es clara: más gobierno atacando la pobreza paradójicamente significa más pobres.